En poco más de una semana, la que discurrió desde la renuncia que presentara a su cargo el Presidente Carlos Mesa y que luego fuera rechazada por unanimidad por el Parlamento Nacional, el país en su conjunto ha vuelto a quedar inmerso en un ambiente de intranquilidad e incertidumbre. Es que en las últimas horas, tras un mensaje que contuvo al igual que el de aquella anterior ocasión una similar carga de dramatismo y al que agregó el sentimiento de ‘frustración’ personal que dijo le embargaba profundamente, el Primer Mandatario anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República para adelantar al 28 de agosto próximo la realización de elecciones generales y, en forma paralela, de la Asamblea Constituyente para que un mes después, el 28 de septiembre, tenga lugar la posesión de los nuevos mandos.
Lo hizo a tiempo de anunciar con el mayor azoro, la determinación de la Fiscalía General de la República y de sus representantes departamentales, de no actuar en ningún sentido, de no mover un solo dedo, para desbloquear a la nación y aplicar nada más que lo que manda la ley contra los hasta ahora impunes subvertores del orden público y que, muy a sus anchas, mantienen sembrada de obstáculos la mayor parte de las principales carreteras, desabastecidas de productos esenciales a vastas comunidades, condenando a una suerte de calvario infame a las víctimas de sus repudiables medidas y, en fin, al país, a la muerte por asfixia lenta.
A estar con las argumentaciones contenidas en su mensaje, no parecía quedarle al Presidente Mesa ninguna otra alternativa razonable que la antes señalada, tras haber agotado todas las instancias para encontrar, por la vía del diálogo, de la concertación y, en suma, del más elemental principio de la racionalidad, una salida a lo que parece ser el más terrible e interminable laberinto desde que en 1982 la vapuleada patria nuestra comenzara a transitar, insuflada de la mayor esperanza e ilusión, los senderos de la democracia.
Y basta un repaso puntual de los acontecimientos producidos desde el pasado 6 de marzo a la fecha cuando la expectante ciudadanía boliviana
y la comunidad internacional, se adhirieron al rechazo parlamentario de la renuncia de Mesa a la primera magistratura y que luego contó con un masivo apoyo popular expresado en las calles, a la espera de que el país pudiera lograr un lento pero gradual retorno a la normalidad.
Es hondamente penoso admitirlo sin vueltas que nada de eso ocurrió. Porque al mismo tiempo, el partido del diputado Evo Morales instrumentó el bloqueo nacional de caminos tras concertar una ‘férrea alianza’ con algunos de sus otrora adversarios para mantener en jaque al Gobierno y conseguir, contra viento y marea, así sea que la república se fuera al bombo, la aprobación de la hasta ahora cacareada Ley de Hidrocarburos y de una convocatoria a la Asamblea Constituyente hecha a medida del controvertido líder cocalero. Y para concluir el repaso, habrá que remitirse a la nulidad de los resultados de la denominada ‘cumbre social’ convocada últimamente por la Iglesia, el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos.
De las palabras a los hechos hay un buen trecho, reza el dicho. Todo quedó apenas en la verborrea falsa y oportunista de cuantos actores hicieron solamente cálculo mezquino de cuánto podían obtener de rèdito ante la situación planteada, con la absoluta ausencia de un verdadero compromiso con el presente y el futuro de la atormentada Bolivia.
Planteadas así las cosas, el cuadro de situación resulta de grandes e indescifrables incógnitas. Hace falta, una vez más, un vehemente llamado a la cordura, a la sensatez y a la racionalidad para que los bolivianos no perdamos del todo la fe y la convicción en la apremiante necesidad de construir un mejor país, algo factible de lograr, en vez de empujarlo hacia el abismo.
Que en estos cruciales pasajes, Dios ilumine a todo un pueblo digno de un destino más venturoso.

El precio de viajar como animales

Juan Carlos Rivero

Los usuarios del servicio de micros de Santa Cruz de la Sierra están pagando el pato por las desatinadas políticas de regulación (o ausencia de ellas) del transporte público en los últimos años. Trepados en camionetas como animales, los pasajeros arriesgan el pellejo día a día, mientras autoridades y transportistas arreglan sus diferencias. Veamos cuán alto es ese precio:
Qué penoso resulta ver a las señoras tratando de trepar las compuertas de las improvisadas camionetas del transporte público: intentan levantar una pierna como para montar a caballo, pero la estrechez del vestido no se lo permite. Por suerte, los caballeros que ya están arriba se apiadan de ella y terminan subiéndola de los brazos.
¡Ay de las inclemencias del tiempo! El domingo pasado, la violenta tormenta dejó empapados hasta los huesos a los pasajeros de los ‘descapotables’; y ahora que el sol del mediodía está que pela, algunos se cubren con parasoles, sin darse cuenta de que las varillas del artefacto amenazan con clavarse en los ojos de los demás.
Los pasajeros que van en la parte central de la carrocería no tienen de dónde agarrarse y se mantienen de pie gracias a sus dotes de equilibristas, a menos que la camioneta esté atiborrada de gente y el cuerpo se mantenga quieto por estar prensado contra los demás. En este caso, la estabilidad de la masa monolítica de gente depende de los fortachones que van asidos a las barras perimetrales del vehículo.
La improvisación aumenta las probabilidades de que ocurra un accidente. El chofer de la camioneta, por ejemplo, está debutando en un nuevo oficio, con nueva carga y nuevas rutas: No es lo mismo transportar sacos de harina que personas; no es lo mismo conducir desde la puerta de una fábrica hasta la de otra, que circular por las calles aledañas al mercado Los Pozos.
Tampoco los usuarios tienen la costumbre de ser transportados en la carrocería, pese a que tienen el mal recuerdo de los arranques y frenadas bruscas de los micreros. Ahora, sin embargo, ya no cuentan con pasamanos ni con asientos que sirvan de apoyo.
Ya tuvimos que lamentar un accidente en el que varios pasajeros resultaron heridos. Pudo haber sido peor, pues las carrocerías no están diseñadas para el transporte de gente. Al no contar con una cubierta, nada puede impedir que los cuerpos salgan despedidos tras un choque frontal. Sólo un motociclista sin casco corre similar riesgo.
No por nada las pólizas de seguro ya no ofrecen coberturas para aquellas personas que viajan al descubierto en los vehículos. Estos valientes pasajeros, que silenciosamente viven su calvario, sólo cuentan con la protección del SOAT, cuya magra cobertura de 3.000 dólares difícilmente puede compensar por la muerte o impedimento físico de quien sustenta un hogar.
Definitivamente, el precio que paga el usuario del transporte libre es demasiado alto. Ojalá que las autoridades y transportistas se den cuenta de esto y retribuyan el sacrificio con la dotación de un servicio de transporte colectivo eficiente, cómodo y seguro.