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EDITORIAL

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Martes 15, Marzo de 2005  

>>    Tercer y garrafal error

Por cierto que son inexplicables los errores en la imputación de la Fiscalía General de la República contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros para el respectivo juicio de responsabilidades. Desconcierta que un magistrado, que se supone es altamente calificado en derecho, tipificara como ‘genocidio’ la masacre de ‘Octubre Negro’. No faltan quienes asocian los equívocos a un bien premeditado plan para favorecer al depuesto primer mandatario y sus colaboradores.
No es nuestra intención sumarnos a los que en forma implícita o explícita defienden el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada respecto a la responsabilidad que le cabe en los sucesos de ‘Octubre Negro’. Lo único que queremos, como lo quiere la opinión pública sensata del país, es que el caso se tramite y resuelva en forma justa, lo cual implica no sólo sujeción estricta a la Carta Magna y a la ley penal en las definiciones durante las diferentes instancias procesales, sino también visión integral y no parcial a cuanto ocurrió aquella vez en El Alto. Por eso aplaudimos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacer que los procedimientos vuelvan a la fase inicial. Como si las fallas no hubieran sido pocas, el Ministerio Público, de principio, había cometido otra: hizo la imputación sin cumplir con las formalidades previas, violando los derechos de defensa de los dignatarios a enjuiciar.
Es con dicho espíritu que consideramos necesario alertar al fiscal general de la República y a la propia Corte Suprema de Justicia sobre los riesgos que implica para imagen, credibilidad y prestigio, un tercero e igualmente colosal equívoco en lo que respecta a acervo probatorio. El fiscal general de la República basa su sindicación de ‘genocidio’ contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus 14 ministros en el Decreto Supremo No. 27209 firmado el 12 de octubre de 2003, el cual autoriza el uso de la fuerza militar sólo para proteger y garantizar el transporte de combustible entre la planta de Senkata de El Alto y la ciudad de La Paz. Se quería así evitar un desabastecimiento de energéticos que habría puesto en aprietos a centenares de miles de habitantes de la urbe del Illimani. Recordemos cómo decenas de grupos de alteños, digitados por grupos corporativos y políticos, bloqueaban las calles y avenidas para causar dicha carencia, asaltando e incendiando gasolineras, además. En casos así, el art. 96 de la Carta Magna obliga al jefe del Estado a “conservar y defender el orden interno” (inciso 18 del art. 96), así como los derechos fundamentales de las personas -libre tránsito, trabajo, comercio e industria- (art. 7), disponiendo el empleo de la fuerza militar (art. 210) mediante decreto o instrucción específica, porque su obligación es “ejecutar y hacer cumplir las leyes” (art. 96) contra cuantos “vulneren derechos y garantías constitucionales” (art. 34) o cometan delitos tipificados por el Código Penal, como son los de sedición abierta con bloqueo de caminos y vías públicas, entre otras acciones de violencia.
Mayúsculo, en consecuencia, el error de arrimar al expediente, en calidad de prueba de ‘cargo’, un Decreto Supremo dictado en apego estricto al orden constitucional y legal que rige en el país. La medida no implicó de modo alguno ‘legalización’ del uso de la fuerza militar, como atolondradamente arguye en su requerimiento el fiscal general de la República. Otra cosa son los muertos y heridos en la confrontación que sucedió a la acción de los bloqueadores contra las patrullas militares que protegían a los carros cisternas. Aquí se cometieron excesos de jaez delictiva en ambos bandos, cuyas autorías de orden intelectual y directa deben ser establecidas en un juicio de responsabilidades totalmente imparcial e idóneo, atributos que actualmente brillan por su ausencia en los procedimientos preliminares que tienen lugar en la capital de la República.


Las “Obras completas” de Manfredo Kempff y otros libros

Marcelo Rivero

Cometeré la imprudencia de salir de mis límites y osaré referirme a algunos libros que tengo a mano, escritos por autores notables y a los que de rato en rato pego una ojeada para usarlos de bálsamo, por ahí para aprender algo si acaso me da la mollera.
Por ejemplo suelo hojear “A contrapelo” de Juan Carlos Urenda -pionero de las luchas por la autonomía-, que es una recopilación de artículos que escribiera. “Cooperativas en la Cainco: ¡Qué insensatez!” y “Las 500 firmas de Cotas: un atropello a la democracia”, son dos de las tantas notas puntuales que hoy, tras las elecciones en el organismo empresarial y las que se anuncian de parte de los logieros de la telefónica, bien podemos releer y podrían reproducirse en la prensa para refrescar la memoria sobre dos sonados “affaires”. Otro rato le pego una mirada a los cuentos de Carlos Hugo Molina -el prefecto de lujo que tuvimos y al que obligamos a renunciar-, que publicara bajo el nombre de “... para sentir la caricia impenitente”, con sus ‘Estampas citadinas’ y sus ‘Cuentos ciudadanos’ relatos amenos de este hombre que todavía joven ya ha sido de todo: catedrático, alto funcionario -incluso en relaciones exteriores-, autoridad, campeón de la descentralización y de la defensoría del pueblo, poeta, abogado, investigador...
En fin, cuando leo páginas que tengo a mano de Herman Fernández, de Agustín Saavedra, de Ismael Muñoz, de Renato Díaz, de Pedro Rivero, de Bismarck Kreidler, de Lucho Roca, de Fernando Prado, de Gabriela Ichaso, de Ruber Carvalho (¡grande Ruber!), de Isaac Sandoval, me consuelo pensando que hay un puñado de autores de valía, que en este pueblo de nuestros amores no todo es frivolidad, corrupción, bloqueos y afán de hacer plata a cualquier precio.
¡Qué decir cuando abro la joya que tengo en estos momentos al frente y que se llama “Obras completas” de Manfredo Kempff Mercado! Los entendidos podrán entrar en cavilaciones filosóficas, tomar más conocimientos sobre la historia de la filosofía (disciplina que fue donde más brilló el Dr. Manfredo), apreciar mejor la vida y obra de Mamerto Oyola (otro estudioso de su talla), pero los del llano podemos solazarnos con cosas más sencillas que, asimismo, incluyen las “Cbras completas”. Sencillez pero con cuánta calidad, por ejemplo los homenajes póstumos a Alberto Ostria, a Carlos Aponte Tineo y a Roque Aguilera, porque salen del discurso común, porque en su brevedad contienen reflexiones profundas y sabias escritas con galanura.
A mi modesto entender creo que las “Obras completas” de este ilustre pensador cruceño que fue Manfredo Kempff Mercado, tendría que ser un libro de lectura obligada en el colegio, en la universidad y, por supuesto, en el hogar. Para que los expertos profundicen sus conocimientos de filosofía, para que los legos aprendamos algo de esta materia y para que todos disfrutemos del idioma cervantino.

 

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