Falta citar a Goni, Sánchez Berzaín y Berindoague, y luego imputarlos

El 11 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros firmaron el Decreto Supremo 27209, mediante el cual se daba orden a las Fuerzas Armadas para que escolten los cisternas con combustible desde Senkata hasta la ciudad de La Paz. Ese operativo causó la muerte de más de 30 personas.
El DS ordenaba a las FFAA hacerse cargo del transporte en camiones cisternas, resguardando las instalaciones de almacenaje, poliductos, estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura destinada a garantizar la normal distribución y el suministro de combustibles líquidos a la población paceña.
Además, el documento señalaba que cualquier daño sobre los bienes y las personas que se pudiesen producir, como efecto del cumplimiento del presente decreto supremo, su resarcimiento estaba garantizado por el Estado boliviano.
Los ex ministros que estamparon sus firmas han coincidido ante la Fiscalía General de la República que sólo pretendían garantizar el abastecimiento de combustible a la ciudad de La Paz. “Todo se hizo conforme a la ley”, argumentaron.
Pero el Ministerio Público insistía en preguntar: “Si dice que el decreto no ayudó a desatar el conflicto ¿cómo entonces se explican las muertes?
Fue Mirtha Quevedo, la ex ministra de Participación Popular, quien dijo que “hubo excesos en el operativo, pero que no sabía quién era el responsable”. El resto de las ex autoridades que se sentaron frente a los fiscales señalaron que ellos no podían responder a esa pregunta porque debe ser la justicia la que investigue las muertes de octubre de 2003.
Jorge Torres, ex ministro de Desarrollo Económico, añadió que si el polémico decreto hubiera tenido la finalidad de causar la muerte a varios bolivianos, nunca lo hubiera firmado. Hubieron otras ex autoridades que afirmaron no tener nada que ver con el DS 29209 porque el 11 de octubre estaban fuera del país.
Respecto a la comisión investigadora encargada de esclarecer los sangrientos hechos de septiembre y octubre de 2003, en la Fiscalía informaron de que la misma está conformada por siete personas: cuatro fiscales y tres investigadores de la Policía Técnica Judicial.
Según los miembros de esta comisión, mientras se espera la presencia de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, los fiscales realizarán un análisis de las declaraciones con el fin de profundizar las investigaciones. “Se va a citar a los testigos y a verificar determinados hechos que conocemos para luego realizar la imputación de las ex autoridades que consideremos se encuentran implicadas en los delitos de genocidio”, adelantó Uribe.
El Fiscal dijo que existe otra comisión en la ciudad de La Paz, la que está profundizando las investigaciones. También indicó que si es necesario enviarán más fiscales a la sede de Gobierno para ayudar a que se tomen las declaraciones a los nuevos testigos que van apareciendo respecto a las muertes que sucedieron en Sorata, Warisata, El Alto y en la ciudad de La Paz.

Las FFAA sólo obedecían al jefe de Estado

“No hay movimiento de las Fuerzas Armadas si no es por instrucción mía. La Policía funciona por intermedio del Ministerio de Gobierno, donde también mando yo”, dijo Gonzalo Sánchez de Lozada el 21 de septiembre de 2003, un día después del enfrentamiento entre militares y campesinos de Sorata y Warisata, cuyo choque causó la muerte de media docena de personas.
Con este antecedente, un ex ministro que acudió al llamado de la Fiscalía para que declare sobre los hechos sangrientos, entregó a los medios de prensa un documento que fue publicado el 22 de septiembre de 2003 en un medio impreso, en el que Goni pone en claro que sólo él era quien ordenaba actuar a las Fuerzas Armadas.
Las declaraciones ante la Fiscalía revelaron que el 20 de septiembre, horas después de los sucesos en Warisata y Sorata, el ex Presidente, en una reunión de gabinete, asumió lo sucedido.

Los ex ministros declararon ante la fiscalía

Dante Pino
Servicios Financieros
Es uno de los acusados de complicidad en el delito de genocidio por los hechos de octubre de 2003. En su declaración ante la Fiscalía dijo que el DS 27209, causa y origen de la acusación, en ninguno de sus considerandos invoca o pide la legalización de la violencia. Se confesó inocente.

Adalberto Kuajara
Trabajo
El ex ministro de Trabajo se declaró inocente contra los delitos de complicidad de genocidio. La Fiscalía General de la República informó de que Kuajara expuso justificativos de sus intervenciones cuando formó parte del poder Ejecutivo, principalmente, sobre la firma del Decreto Supremo 27209.

Hugo Carvajal
Educación
Reveló que fue el actual presidente Carlos Mesa, quien le pidió que firmara el decreto que autorizó la custodia militar al convoy encargado de transportar combustible entre la planta de Senkata y la ciudad de La Paz durante los enfrentamientos de octubre de 2003.

Jorge Torres
Desarrollo Económico
Frente a los fiscales miembros de la comisión ‘octubre negro’, dijo que el ex presidente de la República, Sánchez de Lozada ordenó la intervención militar en Warisata y Sorata el 20 de septiembre de 2003.
También indicó que el ex mandatario de Estado informó sobre lo sucedido en una reunión de gabinete.

Carlos Morales
Obras Públicas
Afirmó que Sánchez de Lozada se responsabilizó, en
reunión de gabinete, por lo sucedido en Warisata y
Sorata. También señaló que el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín participó del operativo de dichas poblaciones cercanas a la ciudad de La Paz, donde murieron seis personas.

Javier Comboni
Hacienda
El ex ministro de Hacienda, Javier Comboni, negó haber participado en los hechos violentos de septiembre y octubre de 2003, puesto que dijo que estuvo fuera del país los días que sucedieron las muertes. La ex autoridad informó de que se ausentó a París junto a otras funcionarios públicos.

Guido Añez
Agricultura
“Es la primera vez que se me presenta esta experiencia ante la Fiscalía y espero que sea la última”, dijo Chelelo Añez a los fiscales que durante dos horas lo interrogaron el pasado miércoles en Sucre. Afirmó que Goni era la única persona que daba órdenes a las Fuerzas Armadas y a la Policía, situación que le facultaba la ley.

Carlos Saavedra Bruno
Relaciones Exteriores
Dijo que no conocía los detalles sobre una supuesta injerencia extranjera en los movimientos sociales que terminaron con el derrocamiento de Sánchez de Lozada. Señaló que durante la crisis cumplió una serie de misiones en el extranjero, donde observó la inquietud que despertaba el país ante la diplomacia internacional.

Mirtha Quevedo
Participación Popular
La ex autoridad considera que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín deben venir a Bolivia para aclarar las muertes que enlutaron Bolivia. “Lo ideal sería que ellos estén acá para aclararle al país lo que ha sucedido, creo que es importante que se hagan presente para dar su versión”, dijo Quevedo.

Yerko Kukoc
Gobierno
“Carlos Mesa estuvo dialogando en la perspectiva de encontrar soluciones en Huanuni, porque había bloqueos y se encontraban movilizadas las fuerzas del orden; entonces, es parte de los operativos y de los conflictos”, dijo Kukoc, en declaraciones ante la Fiscalía General de la República.

Erick Reyes Villa
Desarrollo Sostenible
Manifestó que su partido, NFR, no formó parte del círculo íntimo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y que por tanto, no tuvo participación directa en las decisiones que provocaron la crisis social de octubre de 2003. Insistió en que la ley le otorga el derecho de presunción de inocencia.

José Guillermo Justiniano
Presidencia
Afirmó que Carlos Mesa no tenía competencia para ejecutar algún tipo de acción durante los hechos de octubre, aunque señaló que sería muy interesante que el ahora mandatario de Estado pueda declarar algunas cosas como testigo. Dijo que cuando se firmó el polémico DS 27209 él se encontraba en París.