Presente. El ex ministro Javier Torres Goitia declaró ayer en la Fiscalía General de Sucre por el caso ‘octubre negro’

Correo del Sur. Sucre

El Ministerio Público ya conoce los actuales domicilios de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, los únicos tres inculpados que no declararon en la Fiscalía General de la República por los hechos de ‘octubre negro’. Ahora, la vía para notificarlos con la demanda y citarlos a su comparencia es el “exhorto suplicatorio”, un trámite que debe iniciar el Ministerio Público ante la Corte Suprema que, a su vez, tendría que requerirlo a la justicia estadounidense, vía Cancillería.
Tanto el ex presidente Sánchez de Lozada como sus ex ministros Sánchez Berzaín y Berindoague radican actualmente en EEUU, es decir que la única vía legal para notificarlos con el pliego acusatorio, el requerimiento acusatorio y la autorización del juicio de responsabilidades es apelando al exhorto suplicatorio.
Sin embargo, el tiempo para ejecutar esta acción legal es incierto, según el representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), de Chuquisaca, Christian Sanabria.
Hace algunas semanas, la Apdhb solicitó a la Fiscalía la notificación de los inculpados por esta vía, pero sus domicilios eran desconocidos.
“Cuando la Fiscalía anunció que se hizo las gestiones para que, vía Cancillería, se vaya a solicitar los domicilios de los sindicados, se desconocía los paraderos y la Cancillería no pudo tener, hasta el día de ayer (jueves), una información concreta sobre ese tema”, apuntó el abogado.
Según Sanabria, la vía del exhorto está reconocida legalmente y su utilización ayudaría al “saneamiento” del juicio de responsabilidades. “Es una figura, un proceso totalmente legal, es indiscutible, no hay otra figura legal con la cual se pueda llevar adelante (la notificación)”, remarcó al advertir que si la citación se hiciera a quienes figuran como representantes legales de los encausados “puede ser tachada de nulidad”.
Señaló también que la Apdhb aguardará que la Fiscalía inicie el trámite lo “más antes posible”.
Se va exigir que la Cancillería tome cartas en el asunto y también se acudirá “al Gobierno de Carlos Mesa que, en su oportunidad, señaló que iba a apoyar este tema del juicio de responsabilidades”, agregó.
El ex ministro de Salud del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Javier Torres Goitia, rechazó ayer, durante su declaración informativa presentada ante una comisión especial de la Fiscalía, la denuncia por complicidad en el delito de genocidio que se le hizo dentro del juicio de responsabilidades seguido a esa administración.
Manifestó, en su descargo, que durante la crisis de septiembre y octubre una de sus principales tareas fue la de “garantizar el funcionamiento de los servicios de emergencia”, y señaló que “si (el genocidio) hubiese sido la línea, no hubiésemos hecho los esfuerzos por salvar las vidas de los heridos en los enfrentamientos”.