En marcha cumbre para evitar nuevas protestas

Un cuarto intermedio declarado por organizaciones sindicales y la Federación de Colonizadores de Yapacaní puso fin a once días de bloqueo de la ruta Santa Cruz-Cochabamba, en la tercera sección municipal de la provincia Ichilo.
“Hemos suspendido la interrupción de la vía a Cochabamba obedeciendo al mandato de las bases que pedían descanso para fortificar energías y delinear nuevas estrategias de lucha. El lunes a partir de las 13:00 nuevamente se bloqueará la carretera”, informó el presidente del Comité de Bloqueo de Yapacaní, Raúl Castro.
El dirigente añadió que paralelo al bloqueo se radicalizará la protesta con la toma de los campos petroleros Víbora, Yapacaní, Sirari y Cascabel que se encuentran en la jurisdicción municipal de la localidad de Yapacaní.
“Nos han informado de que el lunes en el Congreso Nacional se discutirá nuevamente el proyecto de Ley de Hidrocarburos. Si los resultados son adversos y no se aprueba el porcentaje de regalías de 50% para el país y un 10% para los municipios productores de recursos energéticos, los conflictos sociales en el país se agudizarán”, advirtió Castro.
Juan Pablo Balcázar, presidente del Comité Cívico Popular de Yapacaní, señaló que se desbloqueó la vía porque los colonos mostraban agotamiento físico.
“El movimiento no está debilitado, por el contrario está fortalecido luego del apoyo popular mostrado en la marcha pacífica realizada el pasado jueves luego de los enfrentamientos con grupos contrarios que pedían el desbloqueo de la ruta”, señaló Balcázar.
Se dio libre a los compañeros para que se abastezcan de alimentos y la ciudadanía haga lo mismo. El lunes se retoma el bloqueo y no se suspenderá hasta que el Gobierno apruebe una ley que establezca la entrega de un 10% de regalías a los municipios productores de hidrocarburos, acotó Balcázar.
Luego de la suspensión del bloqueo se evidenció que las actividades comerciales en los mercados 1º de Abril y 2 de Febrero fueron normales.
Hay escasez de cebolla, papa, hortalizas y frutas. “El corte de la vía sólo encareció los precios de los productos de la canasta familiar y perjudicó el flujo económico en las ventas”, apuntó Lucy Churata, comerciante del mercado 1º de Abril.
Casiano Claros, vecino del barrio Santa Isabel, censuró el bloqueo y criticó la actitud autoritaria que muestran los seguidores de Címar Victoria. “Lo único que hacen es confrontar a la población y frenar la producción del país”, dijo.
Después de los duros enfrentamientos entre el grupo de campesinos bloqueadores y los cívicos de Yapacaní, el presidente del ente cívico, Orlando Borja, solicitó al pueblo declarar persona no grata y enemiga de las instituciones a Címar Victoria y al asesor de la Alcaldía Nixon Villagómez.
El cívico apuntó que se ha creado el Comité de Defensa de la dignidad de Yapacaní, a la cabeza de José Luis Espinosa, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes 10 de Noviembre, para lograr de una vez por todas la pacificación de la población.
Címar Victoria indicó que los cívicos marchistas son los que han contratado matones de Santa Cruz para herir a dos de nuestros compañeros. ¿”Acaso eso es buscar paz? Reclamamos regalías petroleras para Yapacaní; ellos están en contra del progreso”, puntualizó. /FV

Presentan querella contra Evo

El empresario bananero Miguel Zambrana presentó este viernes ante la Corte Superior de Justicia de Cochabamba una querella contra el dirigente cocalero y jefe nacional del MAS, Evo Morales, por los perjuicios al sector productivo de Chapare a raíz del bloqueo.
Molesto por la actitud de los sindicalistas, el empresario recalcó que este tipo de perjuicios al transporte y las dificultades de poder trabajar en medio de los bloqueos, genera mayor desempleo y pone en riesgo al sector productivo.
“La Constitución dice que cada ciudadano boliviano tiene libre transitabilidad en el país y mínimamente voy a pedir eso y el derecho a trabajar”, indicó.
Zambrana protestó también porque la molestia de los empresarios no es sólo con los sindicalistas, sino también con las autoridades de Gobierno y de la Prefectura, al asegurar que “no hacen nada para solucionar este problema”.