Se agrava la situación jurídica de los detenidos

La dirigencia del transporte tiene un negocio con sus afiliados

Sectores critican excesos en pelea con los micreros

La Policía investiga a seis micros con chasis remarcados

Cuatro motocicletas policiales destrozadas, daños a vehículos particulares y de medios de comunicación, estanterías comerciales rotas y un número aún no especificado de heridos dejó como saldo preliminar ayer el segundo día de violencia ejecutado por los micreros urbanos, que declararon un paro indefinido desde el miércoles en protesta por el incumplimiento del alza de los pasajes.
El enfrentamiento se veía venir, puesto que la liberación de más de 60 choferes conseguida la noche del miércoles a fuerza de presión, envalentonó a los transportistas. Sus dirigentes en la mañana de ayer reagruparon a su ‘ejército’ en la sede del barrio 4 de Noviembre, desde donde partieron a pie por el tercer anillo rumbo a las instalaciones de Tránsito con el objetivo de recuperar los motorizados retenidos en la víspera.
La Policía, en el afán de evitar una irrupción en Tránsito, ordenó el despliegue de las unidades operativas del GES y el PAC para dispersar a la turba armada con palos, piedras, ladrillos y otros objetos contundentes. El choque tuvo lugar en el tercer anillo, entre la rotonda del mercado Abasto y la intersección de la avenida Grigotá, sitio en el que durante más de tres horas los uniformados resistieron a punta de gases lacrimógenos y balines a los enardecidos transportistas que sembraron el pánico en calles adyacentes.
Oficinas, llanterías, talleres mecánicos, surtidores y vecinos del tercer anillo se vieron obligados a cerrar sus puertas y abandonar la zona, porque representaba un peligro quedar a merced de los vándalos. La escasa visibilidad y el aire casi irrespirable por los gases ejecutados por los efectivos policiales, enrarecían aún más el ambiente.
En cierto momento, la fuerza del orden fue sobrepasada por los transportistas, que aprovechando su abrumadora mayoría hicieron huir a pie a varios patrulleros y destruyeron cuatro motocicletas (dos quemadas).
“Lamentablemento no hay con qué defenderse porque nuestros equipos son reducidos. Pese a la desventaja continuaremos con nuestra misión de evitar más bloqueos”, manifestó Humberto Gutiérrez, director de la unidad de Tránsito.
Pero no sólo los policías fueron blanco de la bronca del autotransporte, también los periodistas que cubrieron el hecho. El más afectado fue Benito Espíndola del canal 18, al que le causaron una herida en la frente (debieron hacerle 12 puntos de sutura) producto de un impacto con un objeto contundente. Asimismo, varios móviles de los medios de comunicación resultaron dañados alevosamente.
La horda quería rebasar a toda costa al pelotón que alrededor del mediodía fue reforzado con un contingente del Distrito Policial Nº 1. Con ese espaldarazo, los uniformados recargaron los ánimos y lograron repeler e incluso arrestar a 44 sindicados de pertenecer a los transgresores.
El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, aseguró que esta vez los aprehendidos irán a la cárcel y que establecerá si es cierto que los transportistas contrataron matones a sueldo para perforar la resistencia de la Policía.
Previo a la situación, la superintendente de Transportes a.i. Jenny Reyes, se reunió con representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Universidad Gabriel René Moreno y la Central Obrera Departamental (COD), a quienes les confirmó que la resolución emitida por esa repartición y que da pie al incremento de los pasajes de micros no se modificará.
La versión molestó a los presentes, aunque la funcionaria fundamentó su posición: “Jurídicamente ya no se la puede revertir pues en su oportunidad, nadie presentó el respectivo recurso de revocatoria”.
Aún así, el vicerector Alfredo Jaldín al igual que el presidente de la Fejuve, Rodolfo Landívar y el secretario ejecutivo de la COD, Gabriel Helbing, coincidieron en señalar que para evitar más conflictos entre usuarios y transportistas, la Super debería ver la forma de anular dicha autorización.
Reyes resaltó el hecho de que de ahora en más resta que ambos sectores se pongan de acuerdo en la nueva tabla de tarifas, habida cuenta de que su despacho sólo pone como referencia los precios que se deben cobrar hasta cierto límite, es decir, Bs 1,90 para mayores, 1,25 para universitarios y 0,75 para menores.
“He venido para ver cómo puedo colaborar para que exista un consenso, pues los usuarios a través de sus representantes dicen que no debe haber modificación en los precios”, apuntó.
En horas de la tarde se reunió con los dirigentes del transporte público, a quienes les comunicó la posición de los sectores sociales, pero éstos le indicaron, al igual que lo hicieron en los últimos meses, que no cambiarán de decisión y que insistirán en que se respete el alza.
Elvio Callejas, uno de los representantes del sector, apuntó que hace cinco meses que buscan un consenso para definir un ‘equilibrio tarifario’, pero que no lo pueden hacer por la intransigencia de los representantes de sectores sociales.
Walter Gómez, de la Federación 16 de Noviembre, se manifestó de forma similar y predijo más problemas en caso de que no den curso a su pedido. “No vamos a seguir trabajando a pérdida y por eso continuaremos con el paro”, agregó.
Los transportistas se mantienen en estado de emergencia y movilización permanente. Su sede del tercer anillo en el barrio 4 de Noviembre, es el punto de reunión y donde definen los pasos a seguir. Desde el pasado miércoles han optado por limitar su contacto con los medios de comunicación.
Por otro lado, en la Alcaldía indicaron que hasta la fecha no recibieron comunicación alguna sobre la posibilidad de emitir un decreto que permita a la Comuna volver a tener competencia para fiscalizar, regular y/o controlar el transporte público urbano. Pese a ello, insistirán en concretar dicha posibilidad.