Óscar Ortiz Antelo

En una sociedad en la que el principio de autoridad se basa en el Estado de derecho, la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes es el fundamento de la gobernabilidad. Lamentablemente, el presidente Mesa está sacrificando la credibilidad por la popularidad, dañando no sólo la dignidad e investidura presidencial sino también la institucionalidad del Estado.
La riqueza del castellano nos ofrece una clara diferenciación de estos dos conceptos. Mientras la popularidad guarda relación con el aplauso y la aceptación que tiene uno entre el pueblo, la credibilidad está vinculada a la capacidad de ganar la confianza de los otros, de que crean en lo que uno dice y hace.
La autoridad presidencial ha perdido la credibilidad de importantes sectores de la sociedad boliviana y, peor aún, de la comunidad internacional, que sostiene el presupuesto del Estado, con donaciones y financiamiento en condiciones muy favorables para sufragar la mayor parte de la inversión pública y evitar que el déficit fiscal destruya la estabilidad económica y social.
Esta pérdida de confianza es alarmante y peligrosa. Cuando un ministro o una autoridad de menor rango se equivoca y/o miente, perdiendo por lo tanto, la confianza de la población o del mismo presidente, hay una solución: poner en su lugar a otra persona más creíble. Cuando el que pierde la confianza de la ciudadanía es el Presidente de la República, el país se coloca frente a un callejón sin salida.
La pérdida de valor de la palabra presidencial no es gratuita ni fruto de la antipatía enfermiza hacia el primer mandatario. Está basada en hechos concretos, en declaraciones registradas por los medios de comunicación.
Un ejemplo de ello han sido las recientes declaraciones del presidente Mesa, en Santa Cruz de la Sierra, sobre los tiempos de realización del referéndum por las autonomías departamentales y de la Asamblea Constituyente. En menos de doce horas, los medios de prensa, audiovisuales y escritos, registraron sus palabras en un acto social, en el que indicaba que la Constituyente sería un paso posterior al referéndum, y a su vez, al día siguiente, su afirmación de que la elección de prefectos, el referéndum y la Constituyente deben efectuarse el mismo día.
A la comunidad internacional no le ha ido mejor en su relación con el primer mandatario. Les prometió que en su proyecto de ley no se incluiría la migración obligatoria de contratos, y lo hizo. Les prometió que no estatalizaría Aguas del Illimani, y lo hizo. Les ha prometido que vetará una Ley de Hidrocarburos que atente contra la seguridad jurídica de las inversiones y….veremos que hace. Una cosa es clara, ya no le creen y el grupo consultivo de París, por primera vez en dos décadas, ha suspendido su reunión hasta que el Gobierno le lleve pruebas concretas del cumplimiento de los compromisos asumidos.
El problema de fondo es que no se puede servir a Dios y al Diablo al mismo tiempo. El Presidente debe tomar posiciones y comunicarlas claramente. No puede pretender ser un árbitro de un partido que juegan otros mientras él procura conservar su posición. Si va ser un presidente de transición, que lo asuma y lo diga. Si quiere ser el presidente fundador de una nueva República, que también lo diga, actúe en consecuencia y enfrente los costos de esta pretensión.