Ronald Jiménez Franco

Vivimos en una sociedad en la que la violencia es una constante y cuyo incremento nos afecta a todos de un modo u otro. El impacto de la violencia es tan grande que desborda el ámbito legal y policial. La Organización Mundial de la Salud (OMS), tomando conciencia de este fenómeno, ha declarado que la violencia se ha convertido en un "importante problema de salud pública en el mundo", con un enorme costo de vidas perdidas, heridas o traumatismos que dejan secuelas o invalidez física o mental, y deterioran la calidad de vida y el bienestar de las personas.
La violencia se define como el uso deliberado de la fuerza abierta u oculta, con la finalidad de obtener de un individuo o de un grupo algo que no quiere consentir libremente. La violencia es una acción injusta con la que se ofende, se coacciona, se humilla o se perjudica a alguien.
Si partimos de estos conceptos y reflexionamos sobre la situación actual en nuestro país, nos damos cuenta de que nuestra sociedad está atravesada por la violencia y la intolerancia.
Son los médicos quienes en última instancia reciben y tratan los daños causados a las víctimas de todo tipo de violencias, en las unidades de urgencias, en clínicas y hospitales. Ellos deben ser los primeros en reconocer la violencia en sus pacientes. Más allá de las tragedias humanas personales que trae consigo todo acto de violencia, sus consecuencias tienen para la sociedad un costo extremadamente elevado.
Los medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas la estimulan y la alimentan a diario; se informa sobre sucesos escabrosos y sangrientos que crean un clima de temor e inseguridad entre las personas al mostrar escenas grotescas y traumáticas de manera reiterativa. Estamos cultivando una ‘cultura de violencia’ que afecta a nuestra salud mental, convivencia social y desarrollo.
La violencia se ha hecho algo cotidiano; por ejemplo, cuando un gran número de personas se ven obstaculizadas para desarrollar sus actividades normales, por la toma de calles, el bloqueo de caminos y carreteras, la toma de edificios públicos o privados, marchas y manifestaciones que no respetan el derecho ni los bienes de los ciudadanos a los que no conciernen esos problemas. Los paros y las huelgas, justificados o no, se multiplican y todos ellos proclaman a los cuatro vientos que de ocurrir hechos mayores, serán responsabilidad única de los órganos encargados de mantener la paz y hacer respetar el estado de derecho. ¿Y dónde queda la responsabilidad de los organizadores y promotores?
Lo detestable y violento es que estas medidas siempre plantean propuestas que deben ser impuestas a la fuerza para beneficio de pequeños grupos y sectores, sin pensar en el interés general, el bien común y la solidaridad social. Es cada vez más frecuente escuchar esta amenaza: huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias; nos preguntamos, ¿morirse de inanición o qué…? Como le estamos perdiendo el respeto a la autoridad, ¿también le estaremos perdiendo el respeto a la vida?
(Primera parte)