La Fiscalía decide acusar a Scilingo y pide 9.138 años de prisión

Madrid, 7 mar (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional
abandonó hoy la postura mantenida hasta ahora en los procesos por
los crímenes contra la Humanidad supuestamente cometidos durante la
dictadura argentina (1976-1983) y pidió 9.138 años de prisión para
el ex militar argentino Adolfo Francisco Scilingo.
La fiscal Dolores Delgado acusó a Scilingo de un delito de
genocidio en concurso con 30 delitos de asesinato (por los arrojados
al mar en los dos "vuelos de la muerte" en los que presuntamente
participó el ex militar), 93 de lesiones (por las torturas a los
supervivientes de la ESMA) y 255 de terrorismo (por los
desaparecidos en este centro clandestino de detención).
Delgado expuso hoy ante el tribunal su informe final, en el que
consideró probada la participación de Scilingo en un plan organizado
por la dictadura argentina para "destruir y perseguir a los
adversarios".
Recordó que incluso el procesado reconoció haber tirado a 30
personas al mar, aunque luego se retractó, y añadió que se trata de
crímenes "que no tienen perdón ni olvido".
Hasta hoy, la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantenía que este
tribunal no era competente para juzgar a Scilingo y que no procedía
imponerle pena alguna, situación que cambió con la llegada a la
Fiscalía General del Estado, en junio pasado, de Cándido
Conde-Pumpido, quien ordenó defender la competencia española en los
crímenes contra la Humanidad.
Delgado introduce en su informe como alternativa, para el caso de
que la sala no aprecie la existencia del genocidio, que Scilingo sea
condenado por un delito de lesa humanidad.
La diferencia entre ambos es que el genocidio lo constituyen los
actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente
a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; mientras
que el delito de lesa humanidad se refiere a los ataques
generalizados o sistemáticos contra un grupo determinado, aunque su
finalidad última no sea el exterminio.
Durante su intervención ante el tribunal, la fiscal sostuvo que
la Audiencia Nacional "es competente" para juzgar los hechos de los
que se acusa a Scilingo, y dijo que son sus primeras declaraciones
"las que se deben tener en cuenta", ya que "acudió (al juez Baltasar
Garzón) a declarar voluntariamente y por arrepentimiento".
Esa circunstancia, dijo, ha sido corroborada por los periodistas
que le entrevistaron entonces, ante los que hizo relatos de sus
actividades en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en los que
incluyó detalles luego confirmados por las declaraciones prestadas
en el juicio por quienes estuvieron allí prisioneros.
Delgado consideró que Scilingo es responsable de crímenes contra
la humanidad por haber tomado parte "consciente y voluntariamente"
en la ejecución de un plan que, según dijo, tenía como fin el
"exterminio físico de una parte de la población".
Ante esto "no cabe el silencio", añadió la fiscal, quien aseguró
que, tras escuchar las voces de las víctimas,"ahora se tiene que oír
la voz de la razón y del derecho, porque estos crímenes atentan
contra la esencia de la civilización" y no deben ser olvidados para
que "no vuelvan a suceder".
La fiscal estima probado en su escrito de conclusiones que en
1975 el Ejército argentino decidió tomar el poder y "diseñar,
desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición
y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que
consideraba incompatible con su proyecto político y social".
Scilingo participó en varias reuniones antes y después del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976 en las que se le puso al corriente
de los planes del Ejército, incluida la participación de la Armada
en el denominado "combate anti-subversivo" mediante los llamados
"Grupos de Tareas".
El acusado se incorporó a la ESMA a finales de 1976 y quiso
formar parte del Grupo de Tareas que operaba allí, aunque "tuvo que
conformarse" con ser jefe de electricidad y de automoción, lo que
"le permitió realizar tareas complementarias sabiendo que formaban
parte necesaria de la ejecución del plan".
"Precisamente por su ocupación y por su condición de oficial
(...) tenía pleno conocimiento de cuanto allí acontecía", agrega la
fiscal, que detalla que cuando Scilingo supo de la existencia de
detenidas embarazadas esto "le provocó un importante impacto
emocional".
Una de esas embarazadas, Marta Alvarez, ha sido la única testigo
que le ha identificado en el juicio.