 La Corte Suprema desecha la imputación; caso Goni retrocede
Presentación. El ex ministro Guillermo Justiniano estuvo ayer en la Fiscalía General en la capital de la República
Correo del Sur. Sucre
El caso de ‘octubre negro’ retrocede a la fase de la
investigación preliminar. En este momento, no hay imputados en el juicio de
responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. Ayer, la
Sala Penal I desechó la imputación formal planteada el pasado 21 de febrero por
el Ministerio Público y dispuso que, luego de concluida la ronda de
declaraciones informativas que comenzó el miércoles en Sucre, reformule su
incriminación sin atentar los derechos de las partes.
Con esta determinación, los hasta ayer imputados pasaron a ser simples
denunciados y prestarán sus declaraciones informativas como tales.
Un auto supremo pronunciado por la Sala Penal I, que en este juicio de
responsabilidades oficia como órgano de control jurisdiccional y se encargará de
la fase del sumario, advirtió a la Fiscalía General que la imputación formal fue
presentada sin haberse recibido previamente las declaraciones informativas de
los encausados dentro de la investigación preliminar, “situación que atenta el
derecho de defensa de las partes”.
El documento agrega que con el objeto de evitar futuras nulidades y en resguardo
de los derechos de las partes procesales, se dispone que el fiscal general
‘reformule la imputación formal’.
Los ministros Jaime Ampuero y Beatriz Sandóval, componentes de la Sala Penal I,
le piden al Ministerio Público que subsane los ‘defectos que adolece’ el
requerimiento presentado el 21 del mes pasado, sin perjuicio de que la Fiscalía
continúe con la toma de declaraciones informativas iniciada hace tres días en
Sucre.
Además, le solicitan que, luego de las audiencias de declaración y de informar a
las víctimas sobre sus derechos, recién el fiscal general debe presentar la
imputación formal, cumpliendo con todos los requisitos que señala el artículo
302 del Código Penal.
Esa norma indica que “si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre
la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la
imputación mediante resolución fundamentada”.
La nueva acusación deberá contener: los datos de identificación del acusado y de
la víctima o su individualización más precisa; el nombre y domicilio del
defensor; la descripción del hecho o hechos que se le acusan y su calificación
provisional; y, la solicitud de medidas cautelares, si procede.
El presidente de la Sala Penal I de la Suprema, Jaime Ampuero, explicó que, una
vez analizada la acusación del Ministerio Público, la Corte encontró errores y,
aunque no los detalló, citó ejemplos como el hecho de haber imputado a los ex
dignatarios de Estado por la presunta comisión del delito de genocidio
mencionando el ilícito número 308, que en realidad corresponde al de violación.
Otro de los errores de la Fiscalía General -que desde hace dos semanas opera sin
su máximo titular, Pedro Gareca, que se encuentra en España en un viaje oficial-
fue que no se incluyó el nombre y el domicilio procesal de los abogados
defensores de los imputados.
El 24 de febrero, la Fiscalía señaló que la mención del delito de genocidio y la
acusación por el de violación se debió a un ‘error de transcripción’. Ese mismo
día presentó un requerimiento correctivo, luego de considerar que se trataba de
algo subsanable.
Sin embargo, con el auto supremo de la Sala Penal I emitido ayer, aparentemente,
esa acción legal no fue suficiente.
Justiniano: no firmé el
decreto
El ex ministro de la Presidencia José Guillermo Justiniano
presentó ayer su declaración ante la Fiscalía General, dentro del juicio de
responsabilidades contra el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, en el cual enfrenta cargos de complicidad en el delito de genocidio.
Justiniano, que ofreció una improvisada conferencia de prensa luego de su
declaración, manifestó haber rechazado ante el fiscal las imputaciones en su
contra, y dijo que cuando se firmó el polémico decreto que autorizó el uso de la
fuerza para repeler las protestas de octubre del año 2003 se encontraba en
París, negociando, junto a su colega de Finanzas, Javier Comboni, detalles de un
acuerdo económico para el país.
“La imputación de una supuesta complicidad que se me hace es por un decreto que
yo nunca firmé”, dijo Justiniano, que, además, reveló que el documento había
sido firmado por Alberto Vargas, que se encontraba entonces ocupando esas
funciones de forma interina.
Por otra parte, Justiniano afirmó que el entonces vicepresidente Carlos Mesa “no
tenía competencias” para ejecutar algún tipo de acciones durante los hechos de
octubre, aunque señaló que “sería muy interesante” que el ahora mandatario
“pueda aclarar algunas cosas como testigo”.
También presentó su declaración el ex ministro de Desarrollo Sostenible Erick
Reyes Villa, que manifestó que su partido, NFR, “no formó parte del círculo
íntimo del ex presidente Sánchez de Lozada”, y que, por lo tanto, no tuvo
participación directa en las decisiones que provocaron la crisis social de
octubre de 2003.
Reyes Villa dijo que brindará su colaboración para el esclarecimiento de
aquellos hechos, pues señaló que la Ley le otorga el derecho de presunción de
inocencia.
En
la jornada
Resolución
Lo que podría pasar
Con la nueva resolución de la Suprema y su orden de que necesariamente se debe
reformular otra acusación cumpliendo los pasos correspondientes, entendidos en
la materia dijeron que seguramente, la Fiscalía General excluirá del caso a los
ministros que no firmaron el Decreto Supremo 27209, base de su asociación con el
presunto delito de genocidio. Ayer se supo extraoficialmente que varios de los
ahora 16 encausados serán liberados de los cargos, con lo cual la Fiscalía dará
a conocer una nueva lista
Guillermo Torres
Dice que cumplió su labor
El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, señaló que cumplió con su
obligación y responsabilidad de mantener el abastecimiento de combustibles en
las jornadas de octubre de 2003, cuando ejercía las funciones de superintendente
de Hidrocarburos. Explicó que las estaciones de servicios de la Paz y El Alto,
tenían miedo de abastecer de combustibles. Recordó que una estación de servicio
en El Alto fue incendiada y por esa razón se pidió al Gobierno brindar seguridad
a esas instalaciones.
Soborno
Denuncia desata polémica
El diputado del MIR, Aurelio Valenzuela, se sintió aludido por las denuncias de
‘soborno’ del senador de su partido Hugo Carvajal, y ahora le conmina a
presentar las pruebas de sus aseveraciones. Carvajal reveló en la Cámara Alta
que dos diputados del MIR fueron sobornados con $us 15 mil para ‘no asistir’ a
la sesión congresal del 13 de octubre y así favorecer a los intereses y planes
de la defensa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la
‘masacre de octubre’.
Periodistas
Protesta por restricciones
Tres organizaciones de trabajadores de los medios de comunicación de Chuquisaca
repudiaron ayer la serie de restricciones a las que se limitó su labor en la
cobertura de las declaraciones informativas del juicio de responsabilidades por
los hechos de ‘octubre negro’ que se efectúan desde el miércoles en la ciudad de
Sucre. Decidieron declararse en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones
de protesta desde la próxima semana.
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