El ex ministro de Educación, Hugo Carvajal Donoso, reveló ayer que fue el actual presidente de la República, Carlos Mesa, que le pidió que firmara el decreto que autorizó la custodia militar al convoy encargado de transportar combustible entre la planta de Senkata y la ciudad de La Paz durante los enfrentamientos de octubre de 2003.
Después de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía General de la Nación, el ahora senador del MIR dijo a los periodistas que Carlos Mesa, entonces vicepresidente de la República, le transmitió un facsímil del decreto en la ciudad de Cobija, en el cual supuestamente le exponía la necesidad de proceder con la firma del documento, el cual ya había sido suscrito por todo el Gabinete.
“Lo que yo he ratificado ante el señor fiscal es que el vicepresidente (Carlos Mesa) en la ciudad de Cobija, el día 11 de octubre, en horas de la noche, me comunicó el contenido del decreto supremo que fue enviado a él mediante un fax, y me transmitió un criterio del presidente Sánchez de Lozada para que yo firmara ese decreto al arribar a la sede de Gobierno, y eso fue lo que hice al día siguiente al arribar a La Paz”, relató Carvajal.
Consultado sobre si el presidente Carlos Mesa, debería ser incluido en el juicio de responsabilidades, el parlamentario del MIR se mostró a favor de no ampliar el proceso a otras personas, aunque dijo que deberá ser la justicia la encargada de establecer esos términos.
El ex ministro del Gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada declaró ayer en la tarde por más de tres horas ante el Ministerio Público en relación a su participación en la contención de la convulsión social que dejó más de cincuenta muertos y varias decenas de heridos.
Carvajal reiteró ante los medios de prensa, después de cumplir con su declaración, que sus actos en el Ministerio de Educación se limitaron a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), al recordar que el Decreto 27809 tenía como objetivo resguardar la seguridad de quienes participaron en el operativo de provisión de combustible a la sede de Gobierno, “pero en ningún momento fue utilizado para matar a alguien”.
Tal como lo hiciera en la mañana el ex ministro de Servicios Financieros, Dante Pino, el senador Carvajal rechazó las imputaciones de complicidad en los sucesos conocidos como “octubre negro”, y expresó su disposición de demostrar su inocencia durante el juicio.
Pino, acusado de complicidad en el delito de genocidio por los hechos de octubre del año 2003, declaró entre las 9:00 y las 13:05 de ayer, en medio de fuertes medidas de seguridad.
“He aclarado y demostrado que el Decreto Supremo 27809, causa y origen de la imputación a mi persona, como cómplice en un hecho tipificado como masacre sangrienta, en ninguno de sus considerandos y en ninguna de sus partes resolutivas invita, invoca o pide la legalización de la violencia”, declaró tras dejar la Fiscalía y confesarse inocente.
La Fiscalía General de la Nación continuará este jueves con la recepción de declaraciones informativas de los imputados, y tiene prevista la presencia de los ex ministros de la Presidencia, Guillermo Justiniano, y de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa.
Un dispositivo de seguridad pocas veces visto en Sucre, con más de 70 policías desplegados en el centro de la ciudad para controlar el normal desarrollo de las declaraciones, fue un verdadero cerco para los medios de comunicación.

Suprema garantiza el debido proceso

La Sala Penal Primera de la Corte Suprema fiscaliza la recepción de las pruebas que prestarán los 17 coprocesados en el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros.
Esta afirmación corresponde al presidente de la mencionada sala, Jaime Ampuero García, según se informó ayer en fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal, según el ministro Ampuero García, garantiza el debido proceso en el juicio de responsabilidad, evitando dilaciones innecesarias, para lo cual procurará (en la audiencia pública prevista) resolver los incidentes previos como la solicitud para que se levante el secreto militar, o la petición hecha para que se anulen obrados.
La instancia judicial, a la que se atribuye en los juicios de privilegio a ex dignatarios de Estado la fase sumarial del proceso, aplicará el nuevo sistema procesal penal y la Ley de Responsabilidades. No habrá lugar a confusión respecto al procedimiento a emplearse, aseguró el magistrado.
Como se sabe, las declaraciones de los acusados por la Fiscalía General como autores y cómplices del delito de genocidio por los sucesos de octubre de 2003, comenzaron ayer.