 ‘Piratas’ mandan en la reserva Choré
Incontrolable. Funcionarios de Marabol y los policías echados de Punta Rieles testimoniaron del peligro en Choré
Hilton Heredia G. Enviado
La reserva forestal Choré con más de 1.080.000 hectáreas es ‘tierra de
nadie’. Los ‘piratas’ y comunitarios asentados ilegalmente en la reserva Choré
tomaron el control de las concesiones forestales establecidas por ley y avanzan
amenazando a todo el que se le interponga en el camino.
Para muestra basta un botón. Los 50.000 metros cúbicos de madera mara decomisada
el sábado nuevamente están en poder de los ‘piratas’ que armas en mano hicieron
abandonar el área a los que resguardaban el producto en el puerto Punta Rieles.
Un nuevo sobrevuelo efectuado por la Superintendencia Forestal, al que acompañó
EL DEBER durante tres horas y media, por las tres concesiones principales de
Choré, además de Punta Rieles, Puerto Mosquito, Río Grande Guapay y río
Mamorecillo, evidenció que los ‘piratas’ recuperaron la madera mara decomisada
por la institución y la tienen escondida en Puerto Mosquito, en medio del espeso
bosque.
Ante tal situación, la superintendencia del área, a través del jefe
departamental, Mauricio Moreno, envió una carta ayer al prefecto solicitándole
más refuerzos policiales y de ser posible se militarice la zona para reinstaurar
el orden.
Hasta ayer a las 19:00 horas, los 28 policías desplazados a Punta Rieles
permanecían a unos 50 kilómetros de esa localidad, producto de la reacción de
las 160 familias asentadas en ella.
En tanto, que los otros 50 uniformados enviados por la Prefectura el miércoles
pasado, retornaron a Santa Cruz; la empresa maderera Marabol, también ordenó el
retorno de sus trabajadores.
Sin embargo, el gerente propietario de Marabol, José Roig, no se resigna a
perder la preciada madera y está dispuesto a hacer un último esfuerzo conjunto
con la superintendencia y la Policía.
“Aquí corresponde que el Gobierno se decida de una vez a militarizar la zona,
porque de lo contrario la reserva desaparece”, sostuvo.
Tanto la superintendencia como las empresas forestales, la concesionaria ASL de
Bolivia y la Cámara Forestal de Bolivia, pidieron al INRA tomar cartas en el
asunto y que instruya el uso de la fuerza en la zona, ya que los asentamientos
de las comunidades son ilegales.
Juan Abuawad, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, pidió un castigo
ejemplarizador e indicó que todas las invasiones derivan en chaqueos, labores
agrícolas y robo de maderas; la Prefectura analizará hoy el caso.
Las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), a través de su presidente, Pavel
Salvatierra, denunciaron que los avasalladores son financiados por algunas ONG,
por lo que exigen al Gobierno investigar si cumplen con los fines para los
cuales fueron creadas.
INRA califica de ilegal los asentamientos
El Instituto de Reforma Agraria aseguró ayer que toda el área de la reserva
Choré está saneada y cualquier asentamiento que hubiese es ilegal y corresponde
el uso de la fuerza pública.
“No corresponde al INRA ir a sacar a los avasalladores, sino que es una tarea de
la Superintendencia Forestal y de la Prefectura que tiene que buscar el orden
público”, afirmó el director nacional de la institución, Alcides Vadillo.
Según se pudo conocer, en toda reserva forestal o área protegida no deben haber
asentamientos de campesinos, colonizadores o de cualquier sindicato.
El saneamiento que se hace en Choré es con recursos propios. Actualmente se
trabaja sobre 500.000 hectáreas.
El 3 de agosto de 1966, mediante el decreto 7779, se creó la reserva de
producción forestal Choré, en las provincias Sara e Ichilo de Santa Cruz, con
una superficie total de 900.000 hectáreas. Mediante decreto 09015, de fecha 27
de noviembre de 1969, se modificó el límite sur de la reserva, quedando como
definitivo el paralelo 17.
Finalmente, a través del decreto 22899, se vuelven a modificar sus límites e
incrementar su superficie en 180.000 hectáreas, de ahí que la reserva de
producción forestal Choré tiene asignada 1.080.000 hectáreas.
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