Liquidación. Cuando la entidad termine de pagar al Banco Central de Bolivia venderá el edificio. Se trasladará a la Prefectura

Carla Paz Vargas

Un grupo de parlamentarios cruceños está gestionando la ‘ampliación’ de un proyecto de ley que les permita pagar menos de lo que adeudan a la Financiera de Desarrollo (Findesa SAM), que se tratará luego de la Ley de Hidrocarburos. La entidad trata de recuperar $us 10 millones de los créditos concedidos durante sus 13 años de gestión (1986-1999).
El Gobierno dispuso la liquidación voluntaria de Findesa el 13 de agosto de 1999, mediante el Decreto Supremo 25490. A partir de esa fecha se constituyó una comisión liquidadora con el objetivo de recuperar el dinero prestado y así lograr el cierre definitivo de la institución.
En los últimos seis años, fueron recuperados cerca de $us 10 millones de los 34 millones que llegó a administrar Findesa (los $us 14 millones restantes se consideran irrecuperables). La comisión liquidadora, presidida por Oscar Ichaso, presentó un proyecto de ley para que los prestatarios con deudas hasta $us 20.000 sólo paguen el 50%, argumentando que se trata de personas de escasos recursos. Además, los clientes que deban más de $us 20.000 tienen un año para pagar, pero sin intereses.
Sin embargo, un grupo de parlamentarios que tiene deudas con Findesa quiere ‘ampliar’ los alcances del proyecto legal y presentó una propuesta para beneficiar a quienes deben más de $us 20.000, de manera que paguen sólo porcentajes del monto adeudado. Así, los que deben entre $us 20.000 y 50.000 pagarían sólo el 30%, de $us 50.001 a 75.000 el 20%, de $us 75.000 a 100.000 el 10% y de $us 100.001 en adelante un 5%.
Entre los políticos que gestionan los porcentajes de pago está el diputado Julio Leigue (MNR). “En vivienda Findesa no está recuperando ni el 50% y no deja de ser un trauma social quitarle la casa a una familia, por lo que se han presentado tres propuestas”, explicó.
Por la experiencia de los bancos Sur, de Cochabamba y Agrícola, que entraron en liquidación y hasta el momento no se cierran, la idea es liberar de intereses a todos los prestatarios, sostuvo Leigue. “Las deudas van escalonadas sobre la base de los montos, ésta es una de las sugerencias que más apoyo ha tenido”.
Sobre la procedencia de los planteamientos, señaló que surgieron de los diputados cruceños, pero benefician a todos. “La discusión era el principio de equidad porque Findesa no se hizo para construir casas”, dijo, y reconoció que debe a la institución crediticia.
También se menciona al senador Mario Justiniano (MNR) entre los prestatarios, pero éste negó que tuviera alguna relación crediticia con Findesa y señaló que desconoce la escala de condonaciones porque el proyecto no ha pasado a Senadores.
A su vez, el ex consejero departamental de Santa Cruz, Hernán Cabrera, manifestó que ante la entrega de dinero de manera supuestamente irregular se debe levantar el denominado secreto bancario, para conocer quiénes recibieron los recursos y el destino de los mismos. “El dinero no es irrecuperable. Existen responsables y ellos deben responder”, resaltó.
Por su parte, José Fernández (MIR), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, afirmó que vieron por conveniente hacer un informe sobre el proyecto de Ley de Findesa ante la voluntad que demostraron los prestatarios de ampliar la vigencia del pago por 180 días. “Se pasó al plenario para que puedan agendar el proyecto después de que se trate la Ley de Hidrocarburos”, anunció.
Sobre la ampliación de los porcentajes, expresó que la propuesta fue rechazada porque no conviene volver a analizar una ley que ya fue estructurada.
El presidente de la comisión liquidadora de Findesa, Óscar Ichaso, no quiso referirse al tema de la escala de pagos, pero reconoció que esperan la aprobación del marco legal que les permita recuperar la cartera. “No damos más plazo porque la vamos a liquidar en serio. No será como el Banco Ganadero o Agrícola”, prometió. También agregó que quieren brindar facilidades a los pequeños prestatarios porque compraron casas en zonas marginales que se devaluaron por la crisis.
El proyecto es parte del paquete de leyes que se presentó el 24 de septiembre pasado y debía ser sancionada, pero fue observada por el MAS.
Ichaso adelantó que cuando terminen de pagar al Banco Central de Bolivia ($us 650.000) se disolverá la sociedad con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco). La cobranza pasará a la Prefectura.
Para Hugo Arriague, administrador de Findesa, el trabajo que realiza actualmente la comisión liquidadora responde a un fin social, debido a que la mayoría de los préstamos fue para viviendas y para pequeños agricultores. “Podíamos vender la cartera a un banco porque en los procesos judiciales se gasta más, pero queremos apoyar a estos clientes”, advirtió.
Los saldos deudores de la financiera van desde los $us 150 a $us 800.000 repartidos en 900 créditos otorgados a empresas como a personas naturales.
Pese a los dolores de cabeza que ha provocado la entidad, los empresarios aún insisten en la creación de una institución financiera. Jaime Ortiz, representante del sector privado en Findesa, planteó la apertura de un banco agrícola. “No se puede castigar a los verdaderos productores por unos cuantos pillos. Ahora conocemos las mañas y las podemos evitar”.
Desde la primera comisión liquidadora (1999) se anuncia la ejecución de una auditoría técnico-jurídica, pero hasta el momento no se ha llevado adelante. Ichaso prometió que la realizará en los próximos meses.