Ayuda. Reencauzar el Río Grande será difícil. Sin embargo, se harán diques de contención para proteger a más de 5.000 comunitarios que viven en esa zona

Hilton Heredia García

El Gobierno agilizará la ayuda económica y el envío de alimentos, vituallas y medicina a los damnificados por el desborde del Río Grande.
El presidente Carlos Mesa emitió ayer el Decreto Supremo 28017, que declara zona de emergencia a las regiones (norte y este) afectadas por la crecida del Río Grande en Santa Cruz; sin embargo, para paliar los efectos del desastre se requiere de $us 12 millones.
Para ello, la primera autoridad política del departamento y el Ministerio de Hacienda buscarán el financiamiento de organismos internacionales y de la contraparte nacional.
Si bien para reencauzar el Río Grande se requiere de $us 50 millones, la cifra es muy alta para las arcas del Estado por la crisis económica que vive el país. En ese sentido, la evaluación final determinó que los recursos que se obtengan deben ascender a los $us 12 millones.
Estos recursos podrían ser financiados por la cooperación holandesa, según el prefecto Jaime Paz, que anunció la construcción de diques de contención y la compra de dos dragas por un valor de $us 4 millones, entre otros.
Con la declaratoria de emergencia se busca también donaciones de instituciones externas y nacionales que permitan proteger las márgenes del Río Grande.
Además, se contempla el envío de semillas para los productores agropecuarios que fueron afectados y la posibilidad de que puedan acceder a créditos en condiciones flexibles en el sistema financiero.
Precisamente en la parte resolutiva del decreto aprobado por el presidente Mesa, el artículo segundo declara en emergencia a las regiones afectadas como consecuencia de los fenómenos hidrometereológicos y climáticos.
El presidente Mesa destacó que el decreto permitirá buscar principalmente ayuda de organismos financieros internacionales e instó al ministro de Hacienda y al Prefecto a coordinar acciones en busca de aliviar la situación de miles de pobladores afectados por la riada.
El decreto autoriza a Hacienda gestionar recursos financieros de cooperación internacional y de contraparte para las acciones que correspondan implementarse en cumplimiento de la declaratoria de emergencia.
Para los procesos de ejecución, la máxima autoridad ejecutiva de la Prefectura y todos aquellos relacionados con su ejecución, se constituyen en responsables de los procedimientos y resultados.
El prefecto, Jaime Paz, se comprometió a velar por la transparencia y el uso apropiado de los recursos destinados a la atención de la emergencia declarada, emitiendo informes periódicos sobre la ejecución física y financiera de las actividades y tareas, para su posterior remisión a las instancias correspondientes.
Los productores soyeros esperan que la declaratoria de emergencia sea ágil y oportuna para que los más de 5.000 damnificados puedan paliar los efectos del desastre.
Los afectados necesitan letrinas, medicinas para niños y ancianos quienes son los más propensos a contraer enfermedades respiratorias.