Fiscalía pide interrogar a Goni en Estados Unidos
Trámites. El presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez (centro), se reunió ayer en La Paz con las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo
Leopoldo Vegas R.
El Ministerio Público notificó ayer a varios ex ministros del
anterior Gobierno para que respondan a partir de la próxima semana por la muerte
de más de 60 personas durante la crisis de octubre de 2003. También la Fiscalía
General solicitó a la Cancillería que tramite un exhorto suplicatorio para
comenzar a investigar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de
genocidio, y que se encuentra refugiado en Estados Unidos.
El asesor jurídico de la Fiscalía, Jaime Tapia, declaró ayer a la agencia de
noticias AFP que se está cumpliendo un trámite por la vía diplomática para
conocer el domicilio del ex mandatario que reside en Washington desde el 17 de
octubre de 2003, después que renunció a su cargo.
El funcionario explicó que luego del trámite diplomático se canalizará un
exhorto suplicatorio ante el Departamento de Estado, vía Cancillería, para
solicitar que una comisión judicial boliviana interrogue a Sánchez de Lozada, en
Washington.
La Fiscalía intenta, asimismo, investigar al ex ministro de Defensa, Carlos
Sánchez Berzaín, que, junto a otros 15 ex ministros, también enfrenta una
acusación en la justicia por el delito de genocidio por la muerte de entre 60 y
80 personas ocurridas durante la crisis de octubre.
Por su parte, el ex ministro de la Presidencia y actual senador por el MNR, José
Guillermo Justiniano, confirmó que ayer recibió la notificación de la Fiscalía
para que se presente a declarar la próxima semana por el caso del denominado
‘octubre negro’.
En comunicación telefónica con EL DEBER, Justiniano anunció que se presentará a
la citación para responder al juicio de responsabilidades, al que calificó de
político.
“Acudiré a declarar las veces que la justicia lo considere necesario, pero creo
que en este juicio también debería haber otras personas, incluyendo a Evo
Morales y otras personalidades”, señaló.
La versión del ex ministro de la Presidencia es similar a la emitida por la
senadora y ex titular de la cartera de Participación Popular, Mirtha Quevedo.
Según ella, el presidente Carlos Mesa también debería ser incluido en el juicio
de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros.
En conferencia de prensa, la ex ministra denunció que en el indicado proceso no
están imputadas varias personas y “que falta mucha gente”.
Por su parte, el diputado por el MIR y ex ministro de Asuntos Campesinos, Guido
Áñez, aseguró que todavía no ha recibido la citación para declarar por los
hechos de octubre, pero advirtió que atenderá los pedidos de la justicia porque
para él es importante demostrar que no tiene responsabilidad por las muertes
ocurridas durante los disturbios en El Alto y La Paz.
“Yo estaba a la cabeza del equipo de diálogo del Gobierno. Incluso, el día del
ataque en Sorata, mantenía conversaciones con Felipe Quispe en las instalaciones
de la radio San Gabriel, de El Alto”, expresó.
Otro ex ministro que recibió la citación fue Yerko Kukoc, de Gobierno. Ocurrió
el miércoles en Santa Cruz.
Suprema admite error al pedir
desafuero de los ex ministros
El presidente de la comisión mixta de Constitución del
Congreso, Carlos Sandy, afirmó ayer que la Corte Suprema de Justicia subsanará
un error en el auto de desafuero a los parlamentarios que fueron ministros en el
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Según Sandy, la Suprema emitió dos autos para la autorización del procesamiento
de senadores y diputados que colaboraron a Sánchez de Lozada, pero se equivocó
al señalar que se trata de un proceso de desafuero.
A su vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez,
informó de que cualquier error procedimental puede ser subsanado en el
transcurso del proceso que comenzó con la imputación formal por genocidio contra
Sánchez de Lozada. (ANF)
Cuestionan la ‘inquietud’ de
Washington
La ‘inquietud’ de Estados Unidos por el juicio contra Gonzalo
Sánchez de Lozada fue cuestionada por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Eduardo Rodríguez, que reivindicó la independencia del Poder Judicial
ante cualquier imposición política, gubernamental o de grupos sociales.
A su vez, el senador Hugo Carvajal, incluido en el proceso, denunció que existen
presiones del Ejecutivo, partidos y organizaciones sociales por este caso.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Boucher, declaró
que el juicio es político.
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