Proceso. Vocero indica que no corresponde levantar el ‘secreto militar’, por cuanto las acusaciones de la Fiscalía van para los ex ministros y contra el Alto Mando. Comité impulsor dice que es una mala excusa

La Prensa. La Paz

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Las autoridades de las Fuerzas Armadas no levantarán el ‘secreto militar’, mientras no se inicie el juicio de responsabilidades, propiamente dicho, a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores en el gabinete.
Junto con la imputación por genocidio a las ex autoridades del Poder Ejecutivo, el Fiscal General, Pedro Gareca Perales, solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ‘se emita un auto motivado, autorizando que se levante el carácter secreto e inviolable’ de los archivos militares producidos en octubre de 2003.
Para esta petición, el fiscal Gareca se apoyó en el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que establece que la inviolabilidad puede ser levantada únicamente: a) Por petición motivada del Poder Legislativo; y, b) Por orden judicial del juez competente, mediante auto motivado en proceso formal’.
La Fiscalía quiere obtener, mediante este método, información sobre las ‘órdenes de movilización al personal militar’ que se emitieron entre septiembre y octubre de 2003.
A pesar de la fundamentación legal, el vocero de las Fuerzas Armadas, capitán de fragata Guillermo Viorel, explicó ayer que ‘no corresponde’ levantar el secreto militar en este caso porque la imputación es contra los ex ministros de Sánchez de Lozada, no a los militares.
Para las FFAA, el que exista la imputación no significa que el juicio político esté en marcha. En todo caso, los documentos se desarchivarán ‘en cuanto empiece el juicio de responsabilidades’, es decir después del desarrollo de la investigación, la identificación de los sospechosos y la acusación a los posibles culpables.
Según la Ley del Juicio de Responsabilidades, aprobada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada después de la ‘guerra al impuestazo’ en febrero de 2003, no existen plazos para ninguna de esas fases.
El abogado del comité impulsor del juicio, Rogelio Mayta, explicó que la norma de organización de las FFAA no da lugar a dudas.
“La Ley Orgánica no dice que se tenga que iniciar un juicio contra los militares, como requisito para que se levante el secreto castrense, dice que basta con que un juez competente lo ordene”, explicó Mayta.
Para el comité impulsor, el argumento de los militares para no colaborar con la justicia ‘es sólo una mala excusa’.
Sin embargo, lo más importante dentro de la investigación es comprender que se pone a prueba el estado de derecho y la institucionalidad. Y es que Mayta se pregunta “si los militares no le hacen caso a la Suprema, ¿entonces a quién?”.
En las averiguaciones de la ‘masacre de octubre’ que se siguen en la sede de gobierno, la comisión investigadora convocó hace un mes a diez jefes y ex jefes militares a prestar sus declaraciones informativas.
Ninguno de los oficiales acudió a la convocatoria, las autoridades castrenses se negaron a canalizar la entrega de citaciones a los uniformados y se negaron a proporcionar información escrita.
El constitucionalista José Luis Gutiérrez Sardán dijo que “cuando se trata de la comisión de delitos, no puede haber secreto, menos aún en la función pública militar ni civil, en este caso vamos a hablar de gastos reservados o secreto militar”.
Lo que sí existe legalmente, según Gutiérrez, es información reservada, no secreta.
“Eso significa que bajo determinadas circunstancias, en algún momento, puede ser levantada la reserva para el conocimiento público general, eso transcurriendo un tiempo que pueda haber justificado la reserva y cuando su conocimiento ya no cause ningún efecto perjudicial al motivo que determinó la reserva”, comentó.
La autoridad competente, en este caso la Corte Suprema, determinará si el levantamiento del ‘secreto’ no afecta a la seguridad interna de Bolivia.
“(Seguro que) deben haber documentos que son clasificados, la documentación a veces se clasifica, las autoridades militares que han clasificado esa documentación como secreto militar, han tenido algún criterio para hacerlo”, dijo Viorel.
Al ser consultado sobre el pedido de la Fiscalía de que se levante el secreto militar, el presidente de la Sala Penal 1 de la Corte Suprema, Jaime Ampuero, ratificó que este tema será considerado junto con los demás incidentes y excepciones luego de que se convoque una audiencia para informar a las partes sobre la imputación presentada al tribunal supremo.
Ampuero aclaró que el sumario se tramitará absolutamente sin ningún problema, con la comparecencia o no de todos los acusados.
Recién a la conclusión del sumario, en caso de dictarse un auto de acusación, se apartará del proceso a quienes sean declarados rebeldes ante la ley, a pedido del Ministerio Público.
“Respecto de los acusados que no se presentaren, seguramente el Ministerio Público pedirá que se declare la rebeldía, pero en ningún caso se suspende la prosecución del juicio. Si se declara rebelde a uno de los acusados, éste queda apartado del juicio y se le seguirá una vez que se haya presentado para asumir su defensa; pero el juicio no se paraliza, continúa respecto de los demás”, comentó Ampuero.
Los declarados rebeldes no podrán invocar en el futuro la extinción del proceso penal en su contra, agregó al finalizar la autoridad judicial.