En cualquier ciudad del mundo hay reglamentos sobre faltas y contravenciones menores. Y no sólo que lo hay, sino que además se lo aplica de manera permanente y puntual.
A decir verdad, no sabemos si en Bolivia, y concretamente en esta nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el aludido reglamento de faltas y contravenciones existe. Pero de lo que sí estamos seguros es de que no se lo aplica y de que si lo tenemos y se lo impone, se lo hace tarde y mal, siempre mirando la cara de los que pueden resultar afectados.
En sí, las faltas menores y las contravenciones son aquellas que no revisten gravedad extrema, que no causan daños materiales ni físicos que sean irreparables ni por la cuantía de las pérdidas que ocasionan ni por los desenlaces penosos que generan. Corresponden, casi por lo general, a pequeñas e involuntarias omisiones, a actitudes negligentes en el desempeño de una función o en la conducta habitual, o también son el efecto de una inadecuada formación humana, de erróneos conceptos que se tiene sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo lícito y lo ilícito.
Sin embargo, cuando esas faltas y omisiones se dejan pasar por alto, cuando no mueven a una acción reparadora y sobre todo cautelar de las autoridades competentes, cuando se constituyen en una perniciosa y sistemática repetición, ya dejan de ser simples fallas u omisiones para caer directamente en la categoría de delito de orden público. Nos encontramos entonces ante una figura punible mayor que tiene que dilucidarse ante los tribunales ordinarios de la justicia.
Partes de las fallas y de las contravenciones, entre muchas otras, vienen a ser los daños que se causan a los servicios públicos, al ornato en las plazas, parques y paseos en general, a los bienes que son de propiedad del Estado o de los gobiernos departamentales o municipales. En general todo lo que es del uso público o que es propiedad del Estado o de los gobiernos regionales, es blanco permanente de faltas y contravenciones que, de manera inexplicable, se mantienen impunes, no mueven a reacciones de ninguna cuenta.
Los bienes al ornato, a los bienes públicos en general, no son cometidos por individuos cuya identificación es imposible o en el mejor de los casos, muy difícil. No es así, pues los autores de tales daños, con un descaro y una desvergüenza increíbles, junto al daño causado suelen dejar sus firmas y sellos o las firmas y los sellos de las organizaciones, de las pandillas a las que pertenecen.
Más que suficiente esos rastros, a nuestro modo de ver, para identificar a los autores, para dar con ellos con la finalidad de aplicarles las sanciones correspondientes que, en tratándose de casos de reincidencia, tendrían que ser verdaderamente ejemplarizadoras.
Todos somos testigos, y muchas veces al hilo, de la destrucción de un parque, de una plaza, del pintarrajeado grosero de un monumento, del robo de un motivo ornamental, de una plaqueta de metal recordatoria. Y hasta tenemos la evidencia de que los vándalos han dejado, si no su firma y sello, los del grupo, los de la pandilla a que pertenecen. Por allí podría fácilmente desenredarse el ovillo y tener de cuerpo entero y al alcance a los destructores, a los salvajes o a los amigos de lo ajeno.
Pero volvemos al comienzo. Si existe el reglamento de faltas y contravenciones, no hay el mecanismo, la persona que lo haga cumplir, que lo aplique. O sea que no tenemos nada y que siempre llevaremos las de perder en la lucha por nuestros buenos hábitos.

La región incorporada al circuito de los bloqueos

Raspapinchete ®®

Después de cuatro días tocó a su fin el bloqueo de la principal carretera que vincula a la región con el resto del país. Para que aquello ocurriera fue menester la presencia de dos ministros, dos viceministros y del recientemente posesionado Prefecto del Departamento para que, mediante acuerdo suscrito con el principal artífice de la medida, la ruta volviera a estar expedita para el tránsito de cientos de vehículos que habían quedado atrapados entre Yapacaní y Santa Cruz desde la noche del pasado domingo.
A ver quién o quiénes se hacen cargo de pagar los platos rotos que resultaron del enorme perjuicio ocasionado a transportistas que vieron demorada la entrega de sus cargas o a productores que, mascullando su impotencia, tuvieron que vender a precio de regalo sus verduras, frutas y otros, o arrojarlos a la vera del camino porque terminaron pudriéndose sin remedio.
Nì qué decir de los padecimientos sufridos por los ciudadanos imposibilitados de llegar a destino y que, inclusive, fueron objeto de insultos y malos tratos por los inefables bloqueadores, amos y señores de la situación, en pleno ejercicio de la mayor impunidad con que salvajemente fue coartado una vez más el derecho al libre tránsito consagrado en la Constitución Política del Estado.
Palos y clavos en mano, los agresivos perturbadores del orden público no trepidaron en pinchar hasta las llantas de las bicicletas de cuantos, a falta de otros, recurrieron a este medio de transporte para cubrir largas distancias y llegar a sus fuentes de trabajo, otro derecho inalienable, o para darle un aventón a los sufridos ‘bloqueados’ y ganarse unos pesos por el servicio.
En definitiva, esta parte del país ya está incorporada al circuito de los bloqueos que por todo o por nada se producen para arrancarle al Gobierno una serie de compromisos de cumplimiento perentorio que, en el caso que nos ocupa, supera la decena. Todo ello bajo la amenaza de volver a asumir las consabidas medidas de presión que, además de bloqueos, incluyen en su repertorio la toma de campos petroleros y hasta la interrupción de servicios públicos como el del suministro de energía eléctrica.
El bloqueo realizado en Yapacaní que, insistimos, ha dejado una costosísima factura que seguramente nadie abonará a los directamente perjudicados, deja otra “lectura”: La exasperante lentitud de las reacciones gubernamentales para allanar los conflictos antes de que éstos se produzcan o se agraven y la soberbia de los bloqueadores que, muy a sus anchas en dominio pleno de la situación, terminaron aceptando el mismo acuerdo que rechazaron de plano cuando habían transcurrido los primeros días de su repudiable acción. Si éste no es un despropósito, ¿entonces qué es?