Prioridad. Los niños abandonados y huérfanos tienen derecho a estar en los albergues. Los con padres serán retirados

Berthy Vaca Justiniano

Cortar de raíz los abusos contra los niños y adolescentes de la ciudad capital es el propósito de una comisión institucional creada el pasado lunes, y que deberá trabajar primeramente en cuatro objetivos: realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de más de 100 albergues, evitar la venta de alcohol y droga, controlar las agencias de empleos y fiscalizar la emisión de imágenes no aptas para menores en los medios de comunicación.
La iniciativa corre por cuenta del Ministerio Público, que en su tarea de redistribuir funciones, ha visto por conveniente asignar dos fiscales a las organizaciones que trabajan en favor de los menores: a Rosse Mary Barrientos y Carmen Delia Moreno.
Ambas, en una reunión celebrada el lunes pasado en presencia del fiscal de Distrito Jaime Soliz, conformaron la mencionada comisión que está integrada, además, por Rossy Valencia (directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia), Malena Cruz (directora del Servicio Departamental de Gestión Social de la Prefectura, Sedeges) y Ernestina Vidal, asesora de Defensa del Niño Internacional (DNI).
Rossy Valencia indicó que la semana próxima el Sedeges deberá entregar un informe de los 62 hogares para menores a los que la Prefectura asigna un presupuesto en becas alimenticias. “Pretendemos conocer exactamente cuántos hogares existen en Santa Cruz, la población de niños y adolescentes internados, cuántos tienen padres y qué cantidad de dinero aporta el Gobierno, entre otros datos”, indicó la directora de la Defensoría.
“La intención es promover la cultura de la protección a los menores en su exacta dimensión, porque los hogares no deben ser depósitos de niños con padres. Son para los que están en situación de riesgo, abandonados y huérfanos”, agregó.
Mediante contacto telefónico, la directora del Sedeges, Malena Cruz, dijo que su repartición tiene registrados 62 hogares, pero que hay otros acreditados en manos de instituciones privadas. Se sabe que en Santa Cruz funcionan 103 centros que albergan a más de 7.000 menores, de los cuales muchos no son fiscalizados.
La mencionada comisión, en coordinación con la Alcaldía, se dará a la tarea de allanar y comprobar si los comercios nocturnos expenden bebidas alcohólicas y drogas a los adolescentes. De ser así, dichos locales serán clausurados definitivamente.
Asimismo, controlarán a los menores de la calle para establecer si están en situación de abandono o si sus padres son los que los explotan enviándoles a ganarse unos pesos pidiendo limosnas o limpiando vidrios a los vehículos en las rotondas. De comprobarse ese extremo, las fiscales Rosse Mary Barrientos y Carmen Delia Moreno tienen la misión de procesar en la justicia ordinaria a los progenitores abusivos.
Por otra parte, Valencia anunció para hoy un operativo en las agencias de empleos, muchas de las cuales están sindicadas de esclavizar y de prostituir a adolescentes principalmente llegadas del interior del país. También reciben postulantes de dudosa conducta.
Por último, la comisión pretende sostener una reunión con los dueños de medios de comunicación para recordarles que tienen la obligación de no emitir programas que atenten contra la formación y salud mental de los niños y adolescentes.