El 27% de los habitantes del municipio cruceño tiene acceso a la dotación de agua a menor costo. El resto accede al servicio, pero paga más. A los que les cuesta menos reciben un servicio de calidad inferior que el de aquellos que pagan más.
Las facturas ‘más baratas’ llegan a 319.000 usuarios. Las altas llegan a 786.000 consumidores. La tarifa básica mensual en algunos barrios periurbanos de la capital, donde las cooperativas pequeñas distribuyen el líquido, oscila entre Bs 20 y Bs 32 por 12 mil y 15 mil litros respectivamente. El 63% de los vecinos de la ciudad, que depende de Saguapac, paga una tarifa de Bs 42,12 por el consumo mínimo equivalente a 15 mil litros. Por ejemplo, una familia de seis miembros que usa un promedio de 24 metros cúbicos (24.000 litros) al mes debe pagar alrededor de Bs 59 a Saguapac; pero si el servicio proviene de las cooperativas pequeñas, erogará Bs 34 por la misma cantidad.
Sin embargo, los usuarios que se benefician con las tarifas más bajas se quejan por la deficiencia del servicio. El caso más patético es el de la Cooperativa de Agua San Juan Bautista (Sajuba) del Plan Tres Mil. “Hace dos meses que estamos con escasez de agua. En la madrugada hay que aprovisionarse en turriles para usar al día siguiente”, afirmó Máxima Cruz. Este malestar se repite en varios habitantes del área de influencia de Sajuba.
Similar situación ocurre con algunos socios de la Cooperativa del Plan Tres Mil y de la Villa Primero de Mayo. “El servicio es malo; la presión del agua es baja; hasta el mediodía no encuentra ni una gota en el grifo”, comentó Benedicto Delgadillo a tiempo de indicar que paga Bs 32 mensual por dicho servicio. A este reclamo se sumó Albina Rocabado, indicando que piensa trasladarse de barrio, porque está cansada del mal servicio y de los malos olores por falta de alcantarillado.
El ejecutivo regional de la Superintendencia de Saneamiento Básico (Sisab), Franz Monroy, admitió que la tarifa varía según el tamaño de cada Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Epsa) también conocidas como cooperativas, argumentando que ésta se establece en función al plan estratégico de desarrollo del servicio que presenta cada Epsa a la Sisab. “No se puede hablar de alto y bajo costo, somos conscientes de que los gastos de operación, mantenimiento e inversión de una empresa grande y una chica son diferentes. Las tarifas deben garantizar el cumplimiento de las acciones que deben ejecutar las Epsa, precisó Monroy.
No obstante, aclaró que todas tienen que ofrecer un servicio con calidad, lo que implica cumplir las cinco letras C: cobertura adecuada en su área de concesión y de acuerdo a sus ingresos; cantidad, es decir, dotar un buen caudal de agua a los usuarios; continuidad, ofrecer el líquido elemento las 24 horas del día y con una presión adecuada, y calidad, respetar las normas que existen en el país según el tamaño de cada prestadora de servicio.
Respecto a Sajuba, dijo que no está concesionada y advirtió que si hasta el próximo mes no soluciona sus problemas internos puede perder su solicitud de concesión.
Tito Calvimontes, jefe de aguas residuales de Saguapac, entidad que abastece a 800.000 habitantes, justificó la tarifa que cobra la cooperativa, señalando que los costos de producción e inversión en infraestructura de la entidad son más elevados que los de las cooperativas pequeñas. Además, Saguapac garantiza la continuidad del servicio, y el consumo básico es mayor al que ofrecen el resto de las Epsas.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado, Roberto Cruz, reconoció que sus costos de operación son menores en relación a los de Saguapac, aunque en algunos casos no cubre el 100% de los gastos operativos. Además admitió que existen deficiencias en el servicio que brindan algunas de sus afiliadas.
Sin embargo, remarcó que el agua que brindan es potable y está garantizada, pues realizan análisis de laboratorio cuatro veces al mes y están regulados por la Sisab. Un informe oficial señala que el agua que beben los cruceños es la segunda más cara de todo el país, después de la de Trinidad.

Falta norma para controlar pozos ilegales

Una de las debilidades de la Ley 2066 es la falta de reglamentación para controlar la existencia de pozos y perforaciones clandestinas. Así lo afirmó el ejecutivo regional de la Superintendencia de Saneamiento Básico (Sisab), Franz Monroy. “Tenemos tuición, pero no tenemos reglamentación para poder fiscalizar”, remarcó.
Los vecinos del barrio Los Chinos también conocido como Juancho, ubicado en la zona del Plan Tres Mil, se proveen del elemento vital a través de un pozo privado hecho por el dueño de dicha urbanización. “No sabemos si se hace o no control de calidad y ante la necesidad tenemos que consumir”, comentó Marcial Cuéllar. La tarifa fija mensual es de Bs 25.
En la misma zona existe un grifo comunitario, del cual se proveen cinco familias, ya que no cuentan con $us 100 que exige el propietario para tener cañería individual. Este motivo precisamente ha hecho que don Ángel Paz, haya recurrido a construirse una noria para poder regar sus plantas.
Otro de los barrios que cuenta con un tanque de agua es Villa Paraíso, aunque en este caso, algunos moradores afirmaron que el servicio es gratuito y lo brinda el ex candidato a alcalde Diego Roca, dueño de dicho terreno.
También existen urbanizaciones que poseen este sistema y que está administrado por los propios usuarios, ese es el caso de la urbanización El Recreo. “Este pozo lo hizo Fonvis y los vecinos pagan Bs 20 mensual y el agua que se distribuye es potable”, indicó Norma Fulguera, secretaria de la entidad.
Pueblo Nuevo es otra de las zonas, cuyos habitantes se proveen de agua a través de un pozo de la propia comunidad. “Antes tomábamos agua de noria, ahora tenemos cañería, hace tres años que tapamos la bomba doméstica que teníamos en la casa”, comentó Juan García. Sin embargo, existen aún familias en la capital cruceña que consumen agua de norias y pozos precarios debido a la falta de dicho servicio en sus zonas y a los asentamientos clandestinos.
Según Monroy, la misma situación ocurre con la perforación de pozos, pues tampoco está normado y no se sabe cómo reglamentar ante la falta de un respaldo legal.
Sin embargo, en el caso de las cooperativas concesionadas que brindan el servicio de agua potable la Superintendencia de Saneamiento Básico se encuentra en pleno proceso de control.

Montero es un ‘modelo’ de prestación de agua potable

El agua potable que distribuye en la ciudad la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (Cosmol), está sometida a dos pruebas anuales de seguimiento al control de calidad que efectúa la Superintendencia de Aguas, esto como parte de los compromisos que asumió la entidad al firmar la concesión en 1999 por 30 años del servicio.
Al margen de estas evaluaciones externas, Cosmol autofinancia otros dos análisis con las mismas características físico-químicas en distintas épocas del año a las anteriores, con la finalidad de asegurar la calidad del servicio que brinda (agua segura).
Los ejecutivos de la cooperativa también afirman que un promedio de 16 veces al mes se realizan exámenes bacteriológicos al agua en su laboratorio, con la característica de tomar las muestras en diferentes zonas de la red. La cobertura actual con la que cuenta Cosmol abarca el 95% de los asentamientos humanos de Montero, incluyendo algunas comunidades cercanas que son atendidas con cierta particularidad, como la de poseer un tanque propio.
El restante 5% no es atendido porque son domicilios que se encuentran en zonas altamente riesgosas para el asentamiento de personas o por lo alejado y disperso de las viviendas. (el norte)