Mario Rueda Peña

Parece que se halla ya a la vuelta de la esquina la sanción legislativa de la modalidad de elección de los prefectos de departamento por voto directo del pueblo.
En las aceras político-partidarias no se delata nadie que quiera bloquear tal cambio. Ni de parte de los que caminan por la izquierda, la derecha o el centro de la calle. La controversia sobre el tema alude únicamente al tiempo. Algunos consideran que el plazo previsto –hasta el 12 de junio- es demasiado breve para organizar el evento electoral. Otros creen que el asunto debe ser encarado en una fecha posterior a la Asamblea Constituyente, definidos que hayan sido los términos de las autonomías regionales.
Pero, además, se perciben otras sombras premonitorias de un eventual y conflictivo epílogo de la mudanza que aviva el paso a la ansiada autonomía. Tras del 12 de junio, colocada la banda prefectural en el pecho de las autoridades electas, el conflicto podría darse entre legitimidad y legalidad, provocando tensión extrema en las relaciones entre las flamantes autoridades regionales y el poder central, independientemente de que rija o no para las mismas un marco normativo transitorio sobre transferencia de competencias.
Actualmente, como todos saben, la legitimidad es algo que no reverbera con luces propias en la banda prefectural. Lo hace con fulgores prestados al rojo, amarillo y verde de la banda presidencial. Autorizan este suministro cromático los artículos 4º (“El pueblo no gobierna sino por medio de las autoridades creadas por ley”) y 109 de la Carta Magna (“En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto designado por el Presidente de la República”). Es de esta forma que respecto a los prefectos, hasta ahora, legitimidad (la que tiene el Presidente elegido democráticamente en las urnas) y legalidad (elegir al Prefecto en la forma que dispone la Ley Fundamental) se dan la mano, pero con estruendoso chasquido centralista.
Ojo que después de la elección de los prefectos por voto directo del pueblo, la legitimidad del gobierno departamental resbalará de la banda presidencial a las urnas. Es decir, a los pies de la masa ciudadana titular de la soberanía regional. En consecuencia, la autoridad electa tenderá a cuadrarse más ante la región que ante la figura presidencial. Le hará más caso a la primera que a la segunda. No obedecerá en nada a quien desde el Palacio Quemado de La Paz, no tuvo arte ni parte en su ascensión al máximo puesto de mando de la región “pre-autononómica”. No le asignará importancia alguna, porque se trata solo de una mera formalidad, el decretillo supremo por el cual el Jefe del Estado le preserva el cargo contra eventuales demandas de inconstitucionalidad.
Un Presidente de la República más solo que nunca entre las cumbres nevadas de la hoyada paceña y prefectos que le dan las espaldas en los 9 departamentos, porque le temerán más a los votantes que a él. Este desaguisado podría traer graves consecuencias si se demora demasiado la transición al nuevo modelo de organización territorial, política y económica del país. Ocurrirá así si la tortuga reemplaza al galgo en el camino al cambio, tal como ocurrió con el referéndum sobre los hidrocarburos.... Mucho más ahora todavía, cuando el referéndum de las autonomías, la Ley de Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente se convierten en las piezas críticas de un rompecabezas tan monumental que más conducen a la confrontación que al consenso.