 ‘Febrero Negro’ dejó 31 muertes en la impunidad
Injusticia. Pasaron dos años de la masacre que asoló al centro de la sede de Gobierno. Hubo dos informes de los hechos, en ninguno se determinó responsabilidades de las tres decenas de muertos y de los 143 heridos
Erick Ortega
David Vargas / Ex mayor de Policía «Las muertes
son responsabilidad política” Hace dos años que los familiares de las víctimas de Febrero
Negro esperan a que se haga justicia por la revuelta que duró dos días y que
causó 31 personas fallecidas y 143 heridas.
Todo empezó a las 13:30 del 12 de febrero de 2003. Ese día la historia del país
comenzó a cambiar. Jornadas atrás, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
había anunciado que implantaría un ‘impuestazo’, pero pronto encontró una férrea
oposición entre los grupos sindicales. Un segmento de la Policía se amotinó, ese
miércoles 12 de cielo despejado, los militares decidieron tomar el control de la
ciudad de La Paz a punta de armas.
Durante 48 horas, las malas noticias se esparcieron como perdigones por la sede
de Gobierno. Entre el 12 y el 13 de febrero murieron 31 personas, la mayoría
como consecuencia de los proyectiles de armas de fuego usadas por los
uniformados, según los informes del fiscal Santiago Duarte, el médico forense
Freddy Torrejón y el investigador de la División de Homicidios Freddy Medina.
No fueron los únicos afectados. El Defensor del Pueblo también tiene registradas
a 143 personas heridas.
A pesar de que el Gobierno canceló las indemnizaciones de los familiares de las
víctimas, el dinero no alcanzó para reparar el daño. Desde entonces, los
afectados de Febrero Negro reclaman un juicio justo.
“El ex viceministro José Luis Harb nos decía: ya les hemos pagado, qué mas
quieren”, se lamenta la señora María Calcina, cuyo hijo de 16 años falleció
cuando pasaba por el lugar.
Ella no levantó el dinero de la indemnización y lo dejó en la Fiscalía para
adelantar el proceso. En determinado momento se les dijo a los familiares que el
juicio se estancaría debido a la falta de plata.
Aparte de los familiares, el Gobierno de Sánchez de Lozada solicitó la
intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para elaborar un
informe sobre los acontecimientos.
El referente inmediato era la participación de la institución en la masacre de
Navidad, ocurrida en el anterior gobierno de Goni. En ese entonces la OEA no
determinó responsabilidades.
En mayo de 2003, entre sus conclusiones, la entidad estableció que: “Las Fuerzas
Militares actuaron en defensa de la democracia y del Estado de derecho ante el
ataque policial, y actuaron de forma contenida y proporcional, así se haya dado
tan alto número de víctimas”. Respecto a la labor de la Policía se estableció
que ésta había realizado una “insubordinación contra la Constitución y las leyes
bolivianas”.
El informe fue elaborado por criminólogos colombianos, brasileños y personal del
FBI. Nunca contó con el respaldo de los familiares de las víctimas ni de
Derechos Humanos, y tampoco con el del Defensor del Pueblo.
Esta última entidad presentó un video al Ministerio Público en el que se
demuestra cómo cuatro militares disparan hacia la población civil. Entre las
pruebas para empezar un proceso judicial ordinario también se mostraron los
videos y las fotografías realizados por los medios de comunicación que cubrieron
las manifestaciones populares.
Un año después de las muertes, el juicio de los militares avanzó, pero impulsado
por ellos mismos.
El tribunal castrense, dirigido por Óscar Azcárraga, procesó a los cuatro
implicados en el video de la Asamblea de Derechos Humanos (Gróver Monroy Aliaga,
Rafael Enrique Mendieta, Yamil Édgar Rocabado y José Enrique Costas). Todos
quedaron libres.
El almirante Azcárraga afirmó que las víctimas que murieron en las inmediaciones
de la plaza San Francisco no habían recibido disparos de los militares. Además
señaló que el ángulo de tiro de los uniformados era diferente al que mató a la
enfermera Ana Colque y al obrero Wilmer Collanque, y dejó secuelas a la doctora
Carla Espinoza.
Este juicio se constituyó en uno de los principales obstáculos para llevar a los
uniformados a un proceso por la vía ordinaria. Según las leyes bolivianas no se
puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
En primera instancia, el caso había sido propuesto a la sala tercera del
Tribunal de la Corte Superior de Distrito de La Paz, pero desde ahí derivó al
tribunal militar.
“Se trató de un juicio inventado y por eso no es válido”, argumenta Waldo
Albarracín, Defensor del Pueblo, a dos años de los acontecimientos.
El proceso fue retomado por el Ministerio Público, pero hasta ahora no hay
avances. Lo único que se escucha del caso son las quejas de las chicanas
presentadas al fiscal adscrito al caso, William Alave.
Esta semana, los únicos cuatro acusados por la masacre estaban a punto de ser
declarados rebeldes por no someterse a la justicia ordinaria. Esto sólo quedó en
intención.
“Se está creando una cultura de la impunidad para los militares y eso no puede
ser”, afirma Albarracín. Pese a todo él no se resigna.
Los familiares de las 31 personas que fallecieron en esas jornadas tampoco
olvidan. Las heridas del 12 y 13 de febrero de 2003 continúan abiertas.
En esos dos días murieron 11 policías que lucharon contra el alza de los
impuestos. Cuatro militares perdieron la vida por defender a un Gobierno que
cayó ocho meses después; la mayoría de ellos eran soldados de 18 años. El resto
de las víctimas fueron civiles y sus familiares no tienen la memoria frágil.
“Hay que tener fe nomás; algún día la justicia llegará”, comenta María Calcina,
que no olvida la última sonrisa que su hijo le dejó el 12 de diciembre.
La médica Espinoza fue
operada 12 veces, le faltan 5 cirugías más
El último recuerdo que tiene la médica Carla Espinoza del 13
de febrero de 2003 es el del cuerpo inerte del albañil Wilmer Collanque. “Me
subí a una escalera en forma de ‘A’, rompí la calamina plástica, saqué mi
bandera de la Cruz Roja, jalé el cuerpo de la víctima, quería bajarlo de ahí y
de pronto quedé inconsciente”.
Eran aproximadamente las 14:00 cuando la doctora acudió a prestar auxilio a la
víctima caída en el techo del edificio con el número 202 de la calle Jenaro
Sanjinés; en ese instante recibió el disparo y tuvo que ser trasladada al
Hospital General de Miraflores.
Luego de que la bala le perforó el rostro la doctora quedó inconsciente. Cinco
meses después despertó en una cama de un nosocomio chileno.
Junto a ella estaba su madre. La misma mujer que el 13 de febrero le aconsejó
que no salga a la calle y que evite ir a las zonas de mayor riesgo.
Al abrir los ojos la mujer de 29 años tenía muchas cosas que preguntar. No pudo
hacerlo porque la bala que recibió le partió la lengua.
Desde entonces hasta ahora su cuerpo recibió doce operaciones; le faltan cinco.
Ella sabe que su vida no será la de antes porque sufrió daños irreversibles.
Dos años después la doctora no encuentra explicación alguna a la actuación de la
persona que apretó el gatillo teniéndola en la mira. “Siento impotencia,
tristeza y rabia”. Toma un respiro y vuelve a elaborar sus palabras: “Rabia
porque mi trabajo era salvar vidas y no respetaron ni la bandera de la Cruz
Roja”.
Ya identificó a los responsables de su desgracia. Tiene como prueba un video de
Derechos Humanos en el que cuatro militares disparan hacia el sitio en el que
ella estaba.
Pese a que le faltan palabras, Espinoza no abandona los deseos de justicia. Por
eso fue a declarar al Ministerio Público el pasado 17 de enero. “Esto no debe
quedar en el olvido”, dice.
Julián: el hijo que no volvió
a casa
“Julián era un muchacho con muchas ganas de vivir. Era
cariñoso, hogareño…”, las palabras de María Calcina brotan con dificultad, pero
continúa: “Tenía gran sensibilidad y era muy bueno conmigo…”. No puede más y el
recuerdo convierte en llanto a su voz.
Una vez que se calma, deja deslizar los últimos recuerdos de su hijo, que murió
a los siete días de cumplir 16 años. Lo imagina alistándose para ir a su colegio
Italo Boliviano, ese fatídico 12 de febrero.
Calcina recuerda que a la una de la tarde se encontraba en el atrio de la
Alcaldía encabezando una protesta porque el Concejo había anunciado el cobro de
un impuesto al sector.
Luego de una reunión con el alcalde, los comerciantes obtuvieron una respuesta
favorable, el reloj marcaba las 14:00, según la mujer. En ese momento su hijo
almorzaba cerca a la plaza Pérez Velasco. Luego fue en busca de su madre, caminó
hacia la Alcaldía, a un par de cuadras de la Plaza Murillo. Todo indica que allí
encontró la muerte.
A las seis de la tarde Calcina estaba segura de que Julián se encontraba con su
padre, y éste pensaba que su hijo se hallaba al lado de su madre.
A esa hora los periódicos lanzaron ediciones extras a las calles y se especulaba
que más de 10 personas habían muerto cerca de la Plaza Murillo. Fue entonces que
la preocupación hizo presa de Calcina. Se comunicó con su esposo y él le dijo
que no tenía noticias de Julián.
Emprendieron una peregrinación por los hospitales de la ciudad. El último lugar
al que decidieron acudir fue a la morgue. Ella no entró porque estaba segura de
que su hijo no estaba allí.
Minutos después escuchó el alarido de su esposo. “Mi hijo estaba allí, con toda
la barriga abierta”, habla con un nudo eterno en la garganta.
“Pensar que quería ser militar...” comenta entre suspiros. Luego añade: “Sé que
ellos lo mataron y no descansaré hasta que se haga justicia”.
El
proceso
Febrero de 2003. El Gobierno de Sánchez de Lozada pidió
a la OEA que realizara un informe sobre los trágicos sucesos.
Mayo de 2003. Entre las conclusiones del informe, los investigadores
aprobaron el desempeño de los militares y criticaron la tarea de
“insubordinación” de la Policía.
Febrero de 2004. Los militares empezaron un proceso interno para
determinar las responsabilidades de cuatro de sus miembros. Éstos fueron
descubiertos mientras disparaban a objetivos civiles, cerca de la plaza San
Francisco. Los uniformados quedaron libres.
Enero de 2005. El caso es retomado por el Ministerio Público y la doctora
Espinoza presta su declaración. Lleva consigo la bandera ensangrentada de la
Cruz Roja que no respetaron los uniformados.
Febrero de 2005. Los militares procesados estaban a punto de ser
declarados en rebeldía por no someterse a la justicia ordinaria.
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