Mediante un requerimiento dirigido a la Sala Penal I de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República solicitó ayer subsanar varios aspectos en la tramitación del juicio de responsabilidades por los hechos de ‘octubre negro’, además que se ordene a las Fuerzas Armadas de la Nación levantar el secreto militar para proporcionar información. Jefes militares serán convocados a declarar en los próximos días.
Con ese escrito, el fiscal general Pedro Gareca también solicitó permiso para notificar a los involucrados, además de que se proceda a la ‘hipoteca legal’ de los bienes de los acusados.
El memorial fue entregado cerca del mediodía de ayer en la Secretaría de la Sala Penal I de la Suprema, donde se tramita el caso en el que están involucrados el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su equipo de ministros.
Por la tarde, Gareca explicó el sustento de su amplio requerimiento, que consta de siete puntos.
Dijo que la Sala Penal I, como tribunal sumariante de este juicio de responsabilidades, debe pronunciarse sobre los incidentes o cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la nulidad de los obrados solicitada por los encausados.
Gareca pidió también autorización para que la Fiscalía General cite a los 16 sindicados de haber cometido el delito de genocidio, con relación a la propuesta acusatoria autorizada por el Congreso. “Esto es elemental, por principio de igualdad y de garantía”, señaló.
Por otra parte, el fiscal solicitó a los ministros de la Sala Penal I que, aplicando el artículo 90 del Código Penal, procedan a la hipoteca legal de todos los bienes inmuebles de los implicados, “porque está permitido por la ley”.
Según Gareca, las acciones precautorias tomadas por la Fiscalía deben ser complementadas con una medida de la Sala Penal de la Suprema, para realizar el embargo y la hipoteca de los bienes. Con esa medida se garantiza que el día de mañana los sindicados no puedan alzar en venta o en enajenación sus bienes a terceras personas, acotó la autoridad.
Asimismo, la Fiscalía pidió a la Sala Penal I de la Suprema que se pronuncie respecto al levantamiento del secreto militar de las Fuerzas Armadas, a fin de conocer los documentos existentes en esa instancia sobre los hechos de ‘octubre negro’. Inclusive solicitó autorización para recibir las declaraciones de los militares implicados en el caso.
“Todos conocen que en los hechos de octubre hubo una autorización del comandante de las FFAA, en este caso el Presidente, y eso se realizó a través de un decreto y seguramente mediante notas y comunicaciones escritas a las FF.AA. para que salgan (a las calles) ellas”, fundamentó Gareca.
Para la Fiscalía, es muy importante recibir las declaraciones de los militares y contar con las pruebas actualmente signadas en la categoría de ‘secreto’ dentro de las FF.AA.
Dentro del mismo requerimiento, la Fiscalía informó a la Suprema que, dentro de la investigación preliminar y antes de la imputación formal, se tiene planificado tomar declaraciones a varios miembros de la alta cúpula de las Fuerzas Armadas.

Tribunal da luz verde a juicio por octubre

El Tribunal Constitucional hizo viable ayer la continuación del juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, al declarar ‘infundado’ un recurso de nulidad presentado por el ex ministro de Salud, Javier Torres Goitia, contra las resoluciones congresales que autorizaron el inicio del proceso.
El Tribunal estableció que la resolución cuestionada por el ex dignatario de Estado no vulneró su derecho a la defensa y garantía del debido proceso, pues -según se explicó- el Congreso sólo aprobó una autorización que determinó el desafuero de los inculpados para que estos sean juzgados ante la Corte Suprema.
“En cuanto al derecho a la defensa, no se evidencia vulneración toda vez que el juicio en sí aún no ha sido iniciado en su contra y será dentro de aquél que el recurrente haga valer ese derecho, asumiendo defensa irrestricta, personalmente o por medio de un defensor”, señala la sentencia.
El ex ministro de Sánchez de Lozada, había recurrido las decisiones de la sesión congresal que autorizó el juzgamiento de las ex autoridades por el delito de “masacre sangrienta y violación de derechos y garantías” durante los levantamientos populares del año 2003.

En la jornada

Gobierno
Se protegerá bienes de los acusados y agilizará juicio
Ante el anuncio de los afiliados al Movimiento sin Tierra de tomar las propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno tomó la decisión de proteger los bienes privados, pero a la vez impulsar el juicio contra el ex mandatario. El ministro de Gobierno, Saúl Lara, dijo que cualquier ocupación de tierras en poder de privados, constituye una situación ilegal, delictiva y, por supuesto, la fuerza pública “tomó las previsiones, es más, ya está trabajando, al margen de quien sea el propietario”.

Ex ministros
Se alienta la violación del estado de derecho en el país
Los parlamentarios y ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Carvajal (MIR) y Erick Reyes Villa (NFR), sobre la instrucción a los movimientos campesinos a tomar las propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus ex colaboradores, consideraron que la misma “no es constructiva”, alienta la violación del estado de derecho e insta a la violenia. Ambos parlamentarios están incluidos en el juicio de responsabilidades que se tramita en la Corte Suprema.

Evo Morales
Ex fiscal Óscar Crespo Soliz fue el mejor asesor de Goni
El dirigente y diputado por el MAS, Evo Morales, calificó ayer al ex fiscal general, Óscar Crespo Soliz, como “el mejor asesor” del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al referirse a la demora en la anotación preventiva de los bienes del ex gobernante. Además, el dirigente del MAS recordó que su partido presentó una propuesta parlamentaria para iniciar un juicio de responsabilidades contra Crespo, el que podría ser reactivado en vista de las circunstancias actuales.