Trabajadores. Muchos menores son utilizados como mano de obra barata. También son llevados a otros países

AFP. Ginebra

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas estima que el tráfico de niños en Bolivia es grave, según el relator de dicho Comité para ese país sudamericano y uno de sus 18 expertos, Norberto Liwski.
Este Comité dependiente de la ONU está encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya adoptada por 192 Estados.
“Existe tráfico con fines de adopción, pues en Bolivia hay 18 agencias internacionales de adopción sin una ley que las controle, y también se constata tráfico con fines de explotación económica, de menores que son sacados del país y enviados por ejemplo a la Argentina para trabajar en la industria textil”, explicó Liwski.
Para Rosa María Ortiz, otra experta de este Comité, ese tráfico de menores con fines económicos se da incluso dentro de Bolivia en el trabajo doméstico.
En cuanto a la adopción, añade la misma experta, Bolivia debería adaptar su legislación no sólo a las exigencias de la Convención de la ONU, sino también la Convención de La Haya que reglamenta la adopción internacional.
Al mismo tiempo, Liwski expresó su preocupación por la gran cantidad de menores, unos 850.000, que trabajan en Bolivia considerando insuficientes los esfuerzos del gobierno por erradicar las peores formas de trabajo infantil, dando sólo prioridad a la minería y la zafra.
Por otra parte, Liwski subraya que Bolivia padece un problema estructural de discriminación sobre la población indígena de menores, cuyos índices de deserción escolar, mortalidad infantil y familias que no acceden a los servicios básicos son mayores del resto de la población, lamentando que el Gobierno no destine más recursos para resolver esa situación.
Liwski espera a su vez que el Gobierno se dote pronto de una completa legislación de justicia juvenil que fije en 18 años la edad para juzgar a un joven con los códigos de adultos, estableciendo un régimen especial para menores como estipula la Convención, aguardando que los menores condenados no sean enviados a cárceles de mayores.
El documento de la ONU distribuido ayer en Ginebra señala que en Bolivia persisten adopciones ilegales, explotación económica y sexual de menores, discriminación de facto hacia la población infantil de las poblaciones indígenas, discapacitados y en las zonas rurales, perdurando la violencia policial contra menores.