Francisco Justiniano Suárez

Este incremento ha causado un malestar general que era previsible. Sin entrar a cuestionar la medida gubernamental en un análisis de fondo, resulta criticable la actitud del Gobierno de elevar los precios de los carburantes sin dar una explicación sólida y coherente a la ciudadanía; más aún, si negó hasta lo último tal posibilidad. Entendemos, sin embargo, que lanzó la medida, principalmente para poner freno a nuestro abultado déficit fiscal y porque las arcas del Tesoro General de la Nación ya no daban más para subvencionar, como hasta ahora, los precios de los hidrocarburos en el mercado nacional.
Al respecto, hemos escuchado y leído muchas opiniones de presuntos analistas políticos y comunicadores expertos, y todos, a una, rechazan la medida, pero ninguno se anima a proponer algo para corregir el desequilibrio económico causado por el bajo precio de los combustibles en el mercado local. Y como una reacción inmediata, los empresarios locales del transporte público han decretado, por supuesto sin la aprobación estatal correspondiente, un incremento de los pasajes en un porcentaje del 33 por ciento, siendo que el alza de la gasolina y del diésel sólo fue del 10 y 23 por ciento, respectivamente.
Acá es necesario puntualizar que muchos micros y colectivos usan gas natural como combustible y éste no ha experimentado ninguna subida. Además, no olvidemos que en el precio del pasaje no influye o incide sólo el combustible, sino también muchos otros factores como salarios, costo de equipos y repuestos, mantenimiento, llantas, y todos estos accesorios complementarios no han sufrido ninguna modificación en sus precios, pero los transportistas no se cansan de repetir que son ‘solidarios’ con la economía de la población.
Asimismo, resulta necesario remarcar que el Gobierno además de su dificultad comunicacional (el actual Gobierno tiene en el presidente Mesa un reconocido comunicador), ha demostrado también una incapacidad de gestión, ya que lo que menos podía dejar de hacer al decretar el alza de combustible, era también establecer las nuevas tarifas del transporte público en toda la república y no dejar que este asunto tan espinoso y delicado quede a merced del libre albedrío de los transportistas, pasando el tema a la instancia de una dolorosa negociación en medio de marchas y bloqueos que afectan más aún a la población. ¿Está usted de acuerdo? Hasta la próxima.