El alza del precio de los carburantes y la protesta generalizada de los sectores sociales y económicos del país, son la expresión más evidente de la falta de consenso y legitimidad del presidente Carlos Mesa y la carencia del Estado -desde la emergencia de la democracia representativa- de políticas públicas para luchar contra la pobreza, afirmaron por separados dos analistas sociales.
“Con la medida (paquetazo) el gobierno de Carlos Mesa ha demostrado que ya no va más. Ha mostrado sus límites para elaborar una política nacional y eso significa que va a perder consenso y legitimidad, situación que será aprovechada por diferentes sectores sociales y políticos para exigir la renuncia de un gobierno débil”, afirmó el autor de la Guerra del Gas, el comunicador Mirko Orgaz.
Entre tanto, el sociólogo y director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó que los diversos gobiernos, desde 1982, han señalado insistentemente que con el crecimiento económico se iba aliviar la pobreza. “No se cumplió, no era cierto porque en Bolivia aunque exista crecimiento económico los sistemas de distribución son tan injustos que irán generando las desigualdades sociales”, resaltó.
“Estas diferencias tremendas en el país ya no tienen que ver sólo con el tema de pobreza sino con un problema de justicia social, hablamos que hay sistemas y políticas públicas que son generadores de pobreza y eso tenemos que cambiar”, mencionó Núñez.
Según Orgaz, el alza de los carburantes va a intensificar las luchas por el excedente económico de los hidrocarburos. “La gente está cada vez más convencida de que una política de precios bajos en los carburantes tiene como condición la nacionalización de los hidrocarburos”, afirmó.
“Y esto es lógico, pues sin la nacionalización de las reservas, producción y comercialización, más aún, sin la refundación de YPFB, no es posible precios bajos para los carburantes que es una base fundamental para el desarrollo económico de un país dependiente como el nuestro”, dijo.
Explicó que los precios bajos para los carburantes, “es un principio en las economías de los países productores de hidrocarburos. Bolivia lo es, sólo que hoy por hoy, sus hidrocarburos están en manos de las transnacionales”.
Es importante hacer notar que la nacionalización del mercado interno es una derivación de la nacionalización de los hidrocarburos. La nacionalización del mercado interno de carburantes fue la primera consecuencia de los procesos de nacionalización en el mundo.
Para el sociólogo Núñez, los precios de los hidrocarburos subieron por la dependencia que hay en el ámbito internacional y la poca capacidad que se tiene por sostener la economía. “Creo que han soportado la subvención frente a una presión muy extrema. Lastimosamente esta medida no viene acompañada con acciones que podrían darse en el caso de un incremento salarial que permita amortiguar el impacto”, explicó.
Indicó que la nueva Ley de Hidrocarburos se debe manejar con madurez y no ignorar que estamos frente a un mundo globalizado que puso las condiciones a estos temas.

Cambio de matriz depende de privados

El Gobierno no tiene un presupuesto asignado para el plan de reconversión de la matriz energética de los vehículos de gasolina o diésel a Gas Natural Vehicular (GNV) y espera que sea el sector privado quien asuma el costo de este proyecto.
El ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, reconoció que no existen los recursos para implementar este cambio para el uso del gas natural, energético que las autoridades esperan se convierta en uno de consumo masivo tomando en cuenta que Bolivia tiene inmensas reservas gasíferas. “Todavía no (se tiene el presupuesto), hay que ver las formas en que ese tipo de transformación se va a financiar. Esa conversión es básicamente un costo que tiene que asumir el sector privado, pero eso es lo que hay que ver”.
Para el Gobierno, que el pasado 30 de diciembre decretó un alza en el precio de la mayoría de los combustibles, excepto del Gas Licuado de Petroleo (GLP) y que provocó una serie de aumentos en los precios de productos de primera necesidad y de los pasajes que todavía no fueron fijados, el uso masivo de gas natural es la solución para que no exista este tipo de impactos sobre la población. Con este incremento el Gobierno ahorrará entre $us 20 y 23 millones por subvencionar la importación del diesel.

Hay sobreoferta de diésel en Santa Cruz

El padecimiento de Santa Cruz por el diésel llegó a su fin. La Superintendencia de Hidrocarburos confirmó la sobreoferta del combustible en el departamento con un 67% por encima de la demanda interna.
El desabastecimiento de diésel comenzó hace tres semanas cuando el Gobierno argentino restringió la exportación de carburantes para evitar la escasez en su mercado. Luego de solucionado este problema a través de un recurso de excepción continuó faltando producto.
El Poder Ejecutivo había restituido el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) en Bs 0,24 por cada litro para los importadores de diésel. Esta medida provocó la suspensión de las operaciones, pero el Gobierno dio marcha atrás anulando el tributo por 30 días y la provisión volvió a la normalidad.
La demanda del viernes en Santa Cruz llegó a 1,25 millones de litros, mientras que la oferta sumó 2,08 millones, por lo que hay un exceso de 835.000 litros.
El intendente de Hidrocarburos, Eduardo Baldiviezo, y personal de la Oficina del Consumidor (Odeco) se trasladaron a la capital oriental para garantizar el despacho de combustible desde las plantas de almacenaje Discar y Copenac
Del total de la oferta, 981.900 litros es producción nacional, en tanto que el mayor volumen corresponde al diésel importado, 1,04 millones de litros.