Mario Rueda Peña

Hace ya más de 7 años que Bolivia, respecto a los precios de la gasolina y el diésel, le dio las espaldas al libre juego de la oferta y la demanda. A ése que en el mercado internacional fija el valor de cualquier producto. Ascendían o bajaban los precios de los hidrocarburos en el territorio nacional, conforme a las variaciones registradas en el mercado externo. En la fijación del precio final, este sistema de ‘sube y baja’ tomaba también en cuenta los cambios en la cotización del dólar, contabilizaba una parte de los costos de refinación y distribución doméstica del producto, así como el impuesto IEHD.
Salvo un periodo de baja en 1998, factores específicos del acontecer internacional determinaron una tendencia alcista en el precio mundial del petróleo, tendencia que aún se mantiene. El poder político optó por inmovilizar el ‘sube y baja’. Eliminó el subsidio estatal y congeló el precio de los carburantes en el mercado interno. El Estado cayó en la antonimia del ‘negocio del turco’: ‘comprar caro para vender barato’. Y todo para ahorrarse protestas sociales que pusieran en riesgo su estabilidad. Desde entonces, la deuda estatal a las empresas productoras, emergente de la diferencia entre el precio real y el subsidiado de la gasolina y el diesel, asciende ya a más de un centenar de millones de dólares, suma que debe hacer efectiva el TGN. Es decir, nosotros, los contribuyentes. Pero lo peor fue que solución tan imprudente como simplona les cayó como anillo al dedo a los que amasan fortuna con el contrabando. Gran parte del diésel boliviano terminó en los países vecinos, donde se lo vendía a un precio sensiblemente superior.
La deuda interna se acrecentaba y los ingresos nacionales se comprimían, mientras se encendían nuevas luces de alarma en el tablero de la cuestión fiscal. Ante semejante cuadro, la cooperación multilateral fue bastante categórica en su ultimátum al gobierno de Carlos Mesa, tan débil y vacilante como los que le precedieron. “Eliminar el subsidio a los carburantes, señores! Si quieren ayuda financiera, tomen medidas que garanticen la generación de fondos de contrapartida” Y no es bicoca alguna lo que se pide a los de afuera: 2 mil millones de dólares para evitar la bancarrota técnica que nos depara el futuro inmediato si seguimos como estamos, sobre todo en el frente presupuestario.
Si el conflicto sobre el tema concluye o se mantiene cuando estas líneas sean publicadas, es cosa muy difícil de predecir. Sin embargo, algo que ya queda muy en claro. Y es que en este país de más de ocho millones de bolivianos, solamente algunos miles salieron a las calles a hacer cuestión del tema La mayoría silenciosa se mantuvo al margen del asunto. Obviamente que ella derrama bilis por el negativo impacto de la medida en la canasta familiar, pero sin dejarse arrastrar por la irracionalidad de que hacen gala sectores corporativos que solo velan por su propia billetera, a la que quieren ver gorda, aunque sea con sobornos. Está igualmente claro que Gobierno y transportistas harán las paces tras suscribir un acuerdo para un alza nacional en las tarifas de transporte.