Cayetano Llobet ®® Entre paréntesis

Primero, debo afirmar con rotundidad, mi convicción de que el Gobierno hizo bien en hacer lo que era necesario hacer: suspender, por lo menos parcialmente, la subvención a los carburantes. Lo extraño, lo paradójico, lo irónico, es que una medida absolutamente lógica no la hubiera tomado ninguno de los gobiernos anteriores y lo haga el más populista de la era democrática. Resulta que en lo único que Mesa no ha sido demagógico, ha sido en el alza de los carburantes. Y no es un detalle menor, en la medida en que el Mesa de octubre, se convierte, a partir del gasolinazo, en el Mesa de enero.
Segundo: Santa Cruz acaba de demostrar que no es inmune al proceso de desagregación social y que su orgullosa unidad y homogeneidad, no habían sido tales. El primer pedido de renuncia presidencial no resultó tan unánime como se lo presentó y, aparentemente, surgieron voces de prudencia -¡voces de intereses!- que mostraron que allí también, la sociedad estaba en proceso de desagregación. Y no hay por qué descalificar la prudencia de los intereses, porque es la prudencia del progreso. Pero harían bien en Santa Cruz si asumen que en su seno también están presentes las contradicciones del resto del país.
Tercero: ¡qué mal hace el Gobierno desafiando continuamente a los cruceños! Unas veces es el menosprecio presidencial, con complejo señorial de salón, que lo lleva a calificarlos, con intención peyorativa, de ‘provincianos’; y ahora, aparece un ministro de Gobierno que ya tiene lista de futuros detenidos.
Cuarto: No es nada sencilla la situación en El Alto. Con ideólogos, con financiamiento, con asesoramiento inteligente, se está gestando un cuadro que tiene componentes maravillosos para el trotskismo minoritario, pero activo. La salida de Aguas del Illimani supone, primero, desafiar a un grupo económico -el grupo Suez- con presencia mundial. Supone, en segundo lugar, repetir ‘la guerra victoriosa’ de Cochabamba, conociendo todo el mundo que si esa empresa sale de El Alto, también se va de La Paz, con las consecuencias jurídicas internacionales: millones de dólares que tendrá que pagar el Estado boliviano. Pero supone, antes que nada –y aquí está el detalle- el control de la provisión de agua a dos terceras partes de la ciudad de La Paz. ¡Quien controle el agua de El Alto estará controlando La Paz! ¿No es un buen plan táctico-estratégico?
Quinto: No hay Ley de Hidrocarburos y mientras no la haya, todo está en suspenso. Y si la hay, habrá que esperar a la dichosa Constituyente. No hay ley de inmunidad: y por mucho que se alarguen los plazos para aprobarla, en algún momento tendrán que hacerlo con el consiguiente rayado de cancha de los partidos y las ideologías… ¿existirán todavía esas señoras?
Sexto: no hay salida visible. Porque no hay proyecto de Nación, no hay proyecto de país y cada quien tira por su lado -ahí está la desagregación- sin que nadie tenga la más mínima posibilidad de construir hegemonía y, no sé si lo sabrán en el Gobierno, no hay Estado sin hegemonía.
No es la gran conspiración que ve el Gobierno: es la desintegración del país. Lo estamos perdiendo y para recuperarlo hacemos lo que aquel inteligente que decidió llevar agua… ¡en canasta!