Las huelgas y movilizaciones anunciadas por diversos sectores y regiones en Bolivia desde el lunes anticipan una semana de gran tensión social, mientras el Gobierno anunció ayer que insistirá en el diálogo para satisfacer las demandas sociales.
Al paro cívico convocado por las organizaciones de Santa Cruz para el martes y el miércoles próximos para pedir la anulación del decreto que sube el coste de los carburantes, se agregan el recrudecimiento de los conflictos en Cochabamba y La Paz.
El Comité Ejecutivo de las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba decidió ayer respaldar las medidas de presión contra el Gobierno anunciadas por diferentes sectores sociales del país para este lunes por el ‘gasolinazo’, la elevación de las tarifas del transporte, el dictado decreto a favor de las petroleras y en el caso de El Alto, por el contrato con Aguas del Illimani.
Los cocaleros decidieron apoyar las medidas de protesta a nivel de dirigentes y dar siete días de plazo al Gobierno para que adopte las acciones exigidas; de lo contrario, el 15 de enero, en un ampliado a realizarse en Lauca Ñ, determinarían las medidas que como sector adoptarán, informó su máximo dirigente, el diputado del MAS, Evo Morales.
Por su parte, la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, también ratificó la realización desde el lunes de una huelga indefinida para exigir la expulsión de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, que opera la empresa Aguas del Illimani, por considerar que incumplió el contrato que tiene desde 1997.
El Gobierno dispuso el viernes la revisión del contrato y la baja de las tarifas de la empresa, pero el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Abel Mamani, ratificó ayer a medios locales que el objetivo es la salida de la multinacional.
Además, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a una huelga para pedir la salida del poder de Mesa y nuevas elecciones, además de la nacionalización sin indemnización de las inversiones petroleras en el país, según dijo el dirigente máximo, Jaime Solares.
El clima de tensión puede agravarse por el bloqueo de rutas anunciado por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros desde mañana y las acciones del Movimiento Sin Tierra (MST) que instruyó a sus afiliados sobre el inicio de la ocupación de tierras.
La semana se anuncia agitada en diversos frentes.

El Gobierno apela al diálogo

El ministro de Gobierno, Saúl Lara, afirmó que el gobierno insistirá por el camino del diálogo y la concertación a pesar de los conflictos de que sectores sociales y empresariales de Santa Cruz y la Fejuve de El Alto enarbolan la bandera de la violencia y la confrontación entre bolivianos, mediante la ejecución de medidas de presión y paros que van contra el estado de derecho.
"Las actitud del Gobierno es privilegiar el diálogo, el consenso y la concertación en el marco del estado de derecho, de ninguna manera represiva, masacradora y de ninguna forma buscar cargar en las espaldas del pueblo medidas contrarias", remarcó Lara.
Las medidas de presión y anuncios de conflictos, empezaron a partir del martes con el paro nacional del transporte público, después de que el Gobierno determinara el 30 de diciembre de 2004, el alza en el precio de la gasolina especial en 34 centavos y en el diésel en 75 centavos, decisión presidencial que causó el malestar del empresariado cruceño.