Un vertedero improvisado. En eso se convirtió la entrada a las cabañas del río Piraí, ubicada a pocas cuadras del cuarto anillo y avenida Roca y Coronado. Ésa es precisamente la zona de ‘preservación ecológica’ aprobada por el Concejo Municipal a través de la ordenanza 25/91, del 27 de junio de 1991, para preservar a la ciudad de posibles inundaciones ante el eventual desbordamiento de las aguas.
Con una extensión de aproximadamente 353.615 metros cuadrados, esta zona se enmarca en el cordón ecológico del Piraí y en la parte posterior de los defensivos construidos por Searpi. Según la ordenanza firmada por el entonces presidente del Concejo, Mario Arano Saldaña, a partir de la fecha de la publicación de la norma, la Alcaldía tenía 30 días de plazo para desalojar los asentamientos humanos, expropiar el terreno e iniciar la construcción del Parque de Preservación Ecológica del Piraí.
Sin embargo, después de más de 13 años, basta atravesar la reja donde dice ‘prohibido pasar’, que la mayoría del tiempo está abierta de par en par, para divisar que no se avanzó en el proyecto y que a pocos metros del ingreso están esparcidos los desechos a los lados del sendero de tierra.
Material de construcción, cartones, plásticos y hasta colchones se ven apilados, así como se pueden divisar restos de basura carbonizada en medio de la maleza que crece en los alrededores.
De día el movimiento es esporádico, a excepción de los carretoneros y algunos motorizados que pasan por el lugar a descargar la basura recogida o se dirigen a las cabañas. Por las noches, se observan camiones, volquetas y autos que se dirigen a esa zona para arrojar desechos. La situación también es aprovechada por las personas asentadas ilegalmente en el lugar, que reciclan algunos desperdicios para comercializarlos.
Según los vecinos, la Alcaldía sólo limpia los terrenos en escasas ocasiones y la reja de entrada está abierta la mayor parte del tiempo. Los propietarios de las cabañas insisten en que el municipio autorice la circulación de vehículos por la zona destinada al parque ecológico para que se falicilite el ingreso a los negocios.
Consultado sobre el problema, Ramón Aguilera, director de Impacto Ambiental del Municipio, informó de que hace tres meses se realizó una jornada de limpieza en el lugar, en conjunto con efectivos de la Octava División del Ejército. No obstante, reconoció que las personas asentadas ilegalmente en la zona siguen utilizando el lugar como vertedero. "Aquí se conjugan tres factores: la falta de educación de la gente, que bota basura en cualquier parte; la escasez de recursos del municipio, y que estos terrenos son baldíos," dijo el funcionario.
Asimismo, lamentó que el Concejo Municipal hubiera 'anulado'el proyecto de la Oficialía de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, que establecía la creación de Estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos planteada en el POA 2004 . Éste habría permitido establecer centros de acopio de desechos en cada distrito, para que luego fueran trasladados al vertedero municipal de Normandía.
Al respecto, la concejala Elfrida Égüez, del MNR, aseguró que el organismo deliberante no recibió ninguna propuesta del ejecutivo para recuperar la zona de preservación ecológica del río Piraí.
La versión de la movimientista fue refozada por el falangista Otto Ritter, que señaló no tener conocimiento del proyecto y desconoce si fue enviado al Concejo porque nunca fue tratado en el plenario.
Por su parte, la concejala Gabriela Ichaso recordó que el proyecto de deposición de residuos nunca fue debatido en el Concejo y que el único lugar autorizado como vertedero es Normandía. "El tema no se tocó en el Concejo porque el alcalde en ese entonces, Roberto Fernández, firmó los contratos sin consultar a los concejales", dijo Ichaso.
Por su parte, en Searpi informaron de que el municipio tiene la responsabilidad de preservar el área protegida.

El asiático que deforestó no pagó la multa

Los daños al área del cordón ecológico no son un caso aislado. El año pasado, un ciudadano chino desforestó una hectárea de esta zona protegida, por lo que fue denunciado y sancionado.
Searpi elaboró un informe de los daños a la vegetación del lugar, sobre la cual por ley no se puede intervenir, pues actúa como defensivo en caso de que se desborde el río Piraí. El caso fue analizado en el Concejo Municipal y se estableció una multa de Bs 228.000, que hasta la fecha no ha sido pagada.
El caso se encuentra en el departamento de Asuntos Legales del Municipio, para iniciar un proceso en la justicia en contra del ciudadano que intentó construir un restaurante y su vivienda en el lugar.
Según el director de Medio Ambiente del Municipio, Mario Alberto Justiniano, el asiático adquirió los terrenos, pero no puede construir porque es una zona protegida.