Gustavo Pinto Mosqueira

El diagnóstico dice que el Estado boliviano está separado de la sociedad. Aunque sería más acertado afirmar que está por encima (es un castigo) de las sociedades regionales, culturas y etnias que lo conforman. Esta sobreposición se explica por el autoritarismo político-cultural incrustado en los collas que lo han dirigido desde los gobiernos. Más de 35 dictadores es mucha dosis autoritaria. Autoritarismo que en estos últimos 40 años se ha expandido por regiones no andinas vía, por ejemplo, administración pública y escuela única burocratizadas, ineficientes y obstaculizadoras de la iniciativa individual. A esta práctica dictatorial se le sumó, a partir de 1952, un nacionalismo estatal cívico-militar chauvinista, negador de las diversas identidades etnoculturales y de las demandas regionales.
Hoy ese Estado, desde el Ejecutivo y otras instancias de poder, no ha logrado representar las voluntades e intereses de las diversas regiones, pueblos y etnias que existen en el territorio boliviano. Porque un referéndum tramposo sobre el gas no es gran cosa para convencernos de que nuestros intereses sociales y personales serán respetados. Sobre todo porque ha retornado al poder el nacionalismo estatal, expresado en el ‘mesismo’ y secundado por el ‘masismo-sindicalista’, desconocedores de la diversidad cultural e intolerantes ante las ideas políticas de pueblos y gentes no andinos.
Con estas dieciochescas concepciones del Estado -que lo confunden o identifican con una ‘nación’ y hablan de la ‘nación boliviana’, siendo que ésta no existe, que defienden el ‘Estado Papá Noel (repartidor de dinero y pegas –para eso quieren refundar YPFB–), que desconocen las nuevas concepciones que plantean reformas estatales para construir un Estado de comunidades autónomas o un Estado inteligente y negociador ante el mundo globalizado, que siguen fomentando la vigencia de un Estado convertido en Leviatán (monstruo) para el ciudadano de cualquier cultura o región sobre el que recae su administración burocratizada-, será casi imposible modernizar el Estado boliviano.
Basta ver la estructuración del INRA para darse cuenta de esto. Su organización, cuya cabeza es el presidente de turno, pasando por el ministro de Desarrollo Sostenible, el superintendente agrario, la dirección nacional y las departamentales y un sinnúmero de otras instancias jurídicas, amén de la gran cantidad de funcionarios (típica expresión de un centralismo monárquico), muestra que está por encima del individuo y su derecho a la tierra. El ciudadano no está primero, sino la estructura estatal agraria, convertida en un castigo para aquél que quiere, por ejemplo, sanear sus tierras en Santa Cruz y Beni. Esa estructura político-jurídica está hecha de modo tal que, con la excusa de hacer la reforma agraria dirigida intencionalmente al Oriente boliviano, viene siendo utilizada para dejar sin tierras a cientos de cambas, que tradicionalmente han sido ganaderos y agricultores, para otorgarlas a los collas.
El trabajo de sus funcionarios tampoco es el mejor. Muchos ganaderos benianos vienen quejándose de las mediciones arbitrarias que utilizan sus técnicos en los límites de sus estancias, sin respetar, por ejemplo, límites naturales como un arroyo. No se hace un trabajo coordinado con el interesado. Aquí se nota que este Estado es expresión del ‘garrote’ para el beniano y el cruceño que trabajan o viven de la tierra. ¿Hasta cuándo soportaremos esta flagelación estatal autoritaria siendo que los cambas siempre hemos sido libres?