El ex juez Alberto Costa Obregón y el diputado Dante Pino (NFR) denunciaron anoche que el Decreto Reglamentario 27957, promulgado por el presidente Carlos Mesa el pasado 24 de diciembre, permitiría a las empresas petroleras registrar en Derechos Reales los yacimientos hidrocarburíferos.
En sentido contrario, Gustavo Torrico, diputado del MAS, rechazó la ‘interpretación antojadiza’ de ambos, y dijo que los pozos y “lo que está en el suelo son concesiones y no se pueden registrar en Derechos Reales”. Afirmó que a Pino “le interesa crear más problemas en el país”.
Para poner en contexto el artículo 27 del mencionado decreto, referido a la excepción al antecedente dominial, Costa Obregón explicó que “según la Constitución Política, el Estado boliviano es propietario del suelo nacional, de las parcelas de concesión y no registra en Derechos Reales su propiedad porque son de su propiedad, según el artículo 139 de la CPE”.
“Pero este nuevo artículo afirma que no existe necesidad de que haya un asiento anterior de registro y eso no impediría que el titular lo haga por su cuenta”, agregó.
El artículo 27 reza: “El requisito señalado en el artículo anterior (26) no será necesario cuando el documento sea constitutivo del derecho de propiedad agraria, minera o petrolera; no obstante, en estos casos figurará como primer asiento de titularidad, el Estado boliviano”.
El texto denunciado incluye a las petroleras y exime de la obligatoriedad de presentar sus derechos de dominio como debe hacer cualquier persona, criticó a su vez Pino.
Según su interpretación, el artículo dice que “simplemente con los contratos pueden registrar sus derechos. Se abre las puertas para que las petroleras sienten propiedad sobre los pozos”, dijo.
Pino comentó que habló con representantes del MNR, MAS y MIR para pedir que la próxima semana se analice el texto y se evite que las oficinas de Derechos Reales del país den curso a cualquier trámite sobre propiedad.
Costa Obregón habló ayer de la necesidad de investigar el tema y proceder a un juicio de responsabilidades contra el Gobierno del presidente Mesa por supuestamente contravenir el artículo 137 de la CPE sobre el deber de todo boliviano de proteger los bienes nacionales.
El 27957 es un decreto reglamentario a una ley de 1887, del Gobierno de Gregorio Pacheco, que establecía la obligatoriedad del registro de las propiedades en Derechos Reales, recordó Pino.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, William Paniagua (MNR) dijo anoche sobre el decreto: “No lo conocemos, lo hemos pedido para analizarlo mañana como comisión. Fue emitido cuando el Gobierno hablaba de seguridad jurídica”.
Aclaró que constitucionalmente es “imposible hacer esas anotaciones, porque el suelo podría ser registrado, pero el subsuelo y los hidrocarburos son del Estado”.
Si el decreto tuviera “este alcance, le corresponde al Legislativo hacer las enmiendas que correspondan”, finalizó.

Las petroleras dicen que no

Las petroleras indicaron que el Decreto Reglamentario 27957 sólo las autoriza a inscribir las superficies de sus campos, los derechos de vía, y las servidumbres para la instalación de facilidades como propiedad temporal de las empresas, mientras dure el contrato de riesgo compartido. "Esto no implica que las empresas puedan obtener el derecho de propiedad de las reservas o hidrocarburos en subsuelo. Ningún decreto -y sería bueno que un congresista lo sepa- está sobre la CPE", dijo una fuente del sector.