El paro indefinido decretado por el transporte cruceño por falta de garantías no afectó al transporte interprovincial e interdepartamental, pues para ellos fue un día de trabajo normal. Sin embargo, aprovecharon para subir el precio de los pasajes.
En la terminal Bimodal los buses salieron a Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí y Oruro. Pese a que hubo poca demanda de pasajeros, los precios de los boletos en algunas empresas se incrementaron entre Bs 10 y 30. Los destinos en donde se notó el alza fue a Cochabamba y La Paz, pues suelen costar Bs 60 y ahora están cobrando Bs 70 y Bs 80 y en bus cama subieron de Bs 100 a 150.
Los trufis con destino a Montero y Yapacaní también salieron con normalidad, aunque subieron sus pasajes Bs 1 y 2 respectivamente. En las paradas de la ex terminal Bimodal y de la avenida Banzer, los choferes esperaban pasajeros pues aseguraron que el movimiento bajó en relación con otros días.
En tanto que en la ciudad los micreros de diferentes líneas del transporte público se apostaron en las avenidas más transitadas para agredir a taxistas y choferes que trasladaban a pasajeros en sus vehículos.
La decisión surgió luego de que grupos vandálicos destrozaran y tomaran el miércoles pasado por algunos minutos la sede de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, ubicada en la avenida Irala, después de hacer lo mismo con el edificio de la Prefectura. Con palos en mano y en grupo, los interceptaban para que paren sus motorizados y así pincharles las llantas. A los conductores de vagonetas y camionetas no les quedó de otra que obedecer a los micreros para evitar mayores daños, tanto físicos como materiales.
En su defensa, los micreros aseguraron que fueron presionados por los dueños de los micros para salir a las calles y cortar el tráfico de los taxis y camionetas, sólo así podrían continuar en su trabajo.
Pero la represión no duró más de un par de un horas porque los efectivos policiales se desplazaron a los diferentes puntos a impedir más atropellos contra la gente que lo único que hacía era prestar un servicio para que las personas puedan llegar a su fuente de trabajo. La Prefectura facilitó una decena de camiones para el patrullaje policial.

Reparación de la Prefectura costará $us 4 mil

La reposición de más de 45 vidrios de blindex del edificio de la Prefectura de Santa Cruz, que fueron quebrados por un grupo de personas enardecidas que participaron de la marcha convocada por la Central Obrera Departamental (COD) el martes pasado, costará alrededor de $us 4.000. La cuantificación de los daños fue dada a conocer oficialmente ayer por la Unidad de Comunicación de la institución pública, que casi fue tomada por los marchistas en señal de protesta por el incremento de las tarifas de transporte público y de los carburantes.
El informe señala que cuatro oficinas fueron dañadas producto del lanzamiento de cohetes, piedras y palos por parte de los manifestantes.
En tanto que el prefecto del departamento, Carlos Hugo Molina, indicó que presentará una demanda al Ministerio Público para que éste inicie una investigación para identificar a las personas que provocaron los hechos vandálicos que dañaron el predio público y que intentaron tomarlo a la fuerza. La autoridad sostuvo que tiene como pruebas las imágenes emitidas por los medios de comunicación televisivos y escritos para que los culpables sean sancionados de acuerdo a ley.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, anunció que seguirá acciones legales contra los dirigentes que lideraron estos hechos y que violaron el estado de derecho. Entre ellos están Gabriel Helbing, José Céspedes, Antonio Franco y Roberto Fernández.

Iglesia insta a buscar paz

Mediante un comunicado oficial emitido por el Arzobispado de Santa Cruz, la Iglesia Católica rechaza la violencia que se desató el martes pasado en la marcha convocada por la Central Obrera Departamental (COD). “Se ha desatado una forma de protesta irracional y violenta, que nadie puede aprobar. Se han producido actos atentatorios contra la integridad de las personas y destructores de bienes públicos y privados. Hechos que una vez más ponen en riesgo la convivencia pacífica y democrática”, dice uno de los párrafos del documento.
La misiva reconoce que los sectores afectados por el alza de los carburantes tienen el derecho a protestar, pero que no deben acudir a la violencia para perder el sentido cívico. Por ello es que cita palabras del papa Juan Pablo II: “Para conseguir el bien de la paz es preciso afirmar con lúcida convicción que la violencia es un mal inaceptable y que nunca soluciona problemas... La violencia destruye la dignidad, la vida y la libertad”.