La delegada departamental anticorrupción, Vania Sandóval, emitió ayer un informe en el que denuncia la supuesta venta ilegal de la terminal Bimodal Cástulo Chávez Égüez y de otras 67 hectáreas, por un monto de Bs 8,7 millones, equivalente a poco más de un millón de dólares.
La responsable de la oficina realizó una investigación, luego de la denuncia presentada por el representante regional a.i. de la empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), Juan Ernesto Bordón Machúa.
Según los documentos presentados por la Delegación Anticorrupción, la transacción la realizó el gerente de la constructora Consalbo, Percy Boland Parada, y el ex gerente interino de Enfe, Johny Davy Ruiz Delgadillo, el 10 de junio de 2004.
En criterio de Sandóval, la venta es ilegal porque se trata de un bien del Estado que no fue consultado por los organismos correspondientes como el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría. Asimismo, cuestionó que el contrato fue suscrito en la ciudad de La Paz, cuando el inmueble vendido se encuentra en Santa Cruz de la Sierra.
La Alcaldía adjudicó a Consalbo la construcción, el usufructo y la administración de la terminal Bimodal por 30 años, mediante la Ordenanza Municipal No. 87/95.
“Estamos frente a uno de los hechos de corrupción más grandes, pues la terminal pertenece al Estado y su venta se debió hacer mediante una ley expresa que la autorice”, añadió Sandóval.
Por su parte, el gerente de Consalbo, Percy Boland, confirmó la compra de la terminal. Aseguró que la transacción se hizo dentro de los márgenes de la ley. “Ellos quisieron vender y nosotros compramos. No hay nada de malo en eso, porque es una simple transacción. Ahora la terminal es nuestra”, argumentó.
Boland no quiso especificar a nombre de quién se hizo la transacción, aduciendo que no lo recordaba.
Según Sandóval, la actual administración de Enfe no recibió ni un centavo de los Bs 8,7 millones en que fueron vendidos los predios.
A su vez, la delegada nacional Anticorrupción, Guadalupe Cajías, indicó que ante la magnitud del caso se estudia la posibilidad de que la institución que preside realice una investigación especial. “Este acto de corrupción es de gran impacto porque no sólo afecta a Santa Cruz o a la Prefectura, sino al Gobierno central debido a que son bienes del Estado”.
Cajías cuestionó que por la venta de un terreno del Estado no se hizo un informe técnico sobre el valor real de los predios ni se respetó la Constitución Política del Estado. Otra observación de la delegada fue que la documentación de la transacción no se encuentra en las oficinas de Enfe sino en el domicilio de Ruiz Delgadillo.
Entre las medidas que solicitó la Delegación Anticorrupción Departamental, están que el Ministerio de Servicios de Obras Públicas solicite a la Contraloría General de la República esclarecer el hecho. El informe de la Delegación Anticorrupción establece que el ex gerente interino de Enfe, Johnny Davy Ruiz Delgadillo, y otros funcionarios de la ferroviaria incurrieron en acciones que los hacen pasibles de responsabilidades descritas en la la Ley Safco.
Por su parte, el alcalde Rómulo Calvo aseguró no tener conocimiento de la venta de la terminal Bimodal. No obstante, anunció que enviará un informe al departamento legal del municipio para que investiguen el caso. “Me toma de sorpresa esa denuncia, pero averiguaremos de qué se trata”, agregó.
A su vez, Boland aseguró que la venta de la terminal no implicará ningún cambio en su funcionamiento. “Todo seguirá igual porque la terminal está dirigida por los propietarios de buses, y son ellos quienes deciden cómo trabajará mejor”, señaló el administrador de la empresa que adquirió el predio.

Aducen falta de recursos y líos legales

Según el informe que presentó la delegada departamental anticorrupción, Vania Sandóval, la venta de la terminal Bimodal fue justificada en el contrato de compraventa bajo el argumento de que Enfe no contaba con una partida presupuestaria del TGN desde el proceso de capitalización, que debían subsistir con los recursos propios provenientes de los ingresos con los que cuentan por arrendamientos, concesiones, licencias y el usufructo de la misma terminal.
En la documentación también se justificó la venta porque tenían que pagar beneficios sociales, sueldos devengados y primas a ex trabajadores, y que el máximo ejecutivo de Enfe se encuentra con varios mandamientos de apremio por juicios laborales con sentencias ejecutoriadas.
En la minuta de transferencia señala que el contrato buscó respaldarse en el Decrero Supremo No 24177, del 8 de diciembre de 1995, que clasifica cuáles son los bienes del Estado afectados al servicio público ferroviario, que constituyen una propiedad pública e inviolable.

Los pedidos de la delegación

Intervención. Que el Ministero de Servicios y Obras Públicas ordene la intervención inmediata de Enfe por la supuesta comisión del acto de corrupción y por otros casos que se denuncian de Enfe, como la venta irregular de rieles, chatarras.
Enfe. Iniciar acciones legales penales contra el ex gerente interino, Johny Davy Delgadillo, ex servidores públicos, autores y cómplices.
Bimodal. Empezar acciones legales civiles para recuperar la propiedad y la posesión de la terminal, sus bienes y terrenos adyacentes.
Auditoría. Levantar un inventario nacional de todo los bienes inmuebles, activos y pasivos con los que se cuenta desde el proceso de capitalización.
Trabajo. Que la Delegación Anticorrupción trabaje de manera conjunta y coordinada con Enfe para implementar planes anticorrupción de manera inmediata.
Prefectura. Que esta institución continúe con la auditoría jurídica a la Notaría de Gobierno iniciada el 17 de diciembre.
Alcaldía. Que el municipio coadyuve activamente en el esclarecimiento de la denuncia, y paralelamente tome acciones legales.