Procesados. Son 3.656 los reos por narcotráfico en el país, 54% del total

La Prensa. La Paz

El 54% de la población de las 89 cárceles y carceletas que existen en Bolivia se encuentra ingresada por violación a la Ley de Sustancias Controladas 1.008 y muchos no tienen sentencia, lo que, según las autoridades, es una deuda pendiente del sistema judicial con esos ciudadanos.
Según el primer censo efectuado por la Dirección de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, la cantidad de personas recluidas, entre varones y mujeres, es de 6.768. De esa cantidad, 3.656 reos están por delitos vinculados al narcotráfico, es decir, el 54% de la población penitenciaria nacional.
Pero el problema central reside en que de todos los presos en Bolivia, 5.217, que equivalen al 77,1%, no tienen sentencia y sólo 1.551, un 22,9%, están con sentencia condenatoria.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, la retardación de justicia es "altamente preocupante" si se considera la transformación del sistema procesal penal en los últimos años.
Mientras el índice de reclusos sin sentencia es considerable, la administración de justicia redujo desde el año 1991 un 15% de la retardación de justicia, es decir apenas un 1,25%, cada año.
Las autoridades judiciales prefirieron no proyectar cifras para los siguientes años si la retardación continúa en el mismo nivel señalado.
Para la Pastoral Penitenciaria, dependiente de la Iglesia Católica, entre los 3.656 presos por narcotráfico no se encuentran "peces gordos", ya que la mayoría de ellos están detenidos por haber participado en el transporte de precursores químicos, pisacocas, vendedores de coca o por consumidores.
La Pastoral tomó contacto con diversas organizaciones sociales, de gobierno y de derechos humanos para agilizar los procesos y lograr que los reclusos tengan una sentencia y no estén divagando en la incertidumbre, ya que en su mayoría son personas humildes que habrían entrado a esa actividad ilegal "motivados por su extrema pobreza".
Un equipo jurídico de la Pastoral Penitenciaria trabaja en aspectos concretos para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Sustancias Controladas y de Régimen de la Coca, conocida como Ley 1008, cuyos detalles se harán público próximamente. Entre tanto, se pide al Estado cumpla con sus obligaciones con los reclusos evitando el hacinamiento, mediante la entrega y dotación de servicios básicos y atención médica, y agilizando los procesos penales que se tramitan en los tribunales.