Tres ministros del Gobierno de Perú fueron convocados ayer para que comparezcan ante el Congreso la próxima semana para dar explicaciones respecto a la rebelión de un grupo de ex militares ultranacionalistas, que exigieron la renuncia del presidente Alejandro Toledo antes de rendirse el martes.
La convocatoria a los ministros obedece a la necesidad de respuestas ‘urgentes’ ante la rebelión que protagonizó el mayor (r) del Ejército, Antauro Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, quien asaltó la comisaría de Andahuaylas, al sudeste de Perú, dijo el legislador opositor César Zumaeta.
La convocatoria al primer ministro Carlos Ferrero, y los ministros de Defensa, Roberto Chiabra, y del Interior, Javier Reátegui, fue hecha tras un acuerdo adoptado por los voceros de los partidos representados en el Congreso.
La comparecencia de este lunes tiene el carácter de ‘invitación’, pero esto no impide que la oposición pueda presentar una moción de censura.
La revuelta en Andahuaylas concluyó el martes con un saldo de seis muertos y 14 heridos y la liberación de 17 policías que estuvieron como rehenes desde el 1 de enero.
"La ciudadanía juzgará si merecemos un cuestionamiento o respaldo", dijo el premier Ferrero al subrayar que el Gobierno actuó ‘con prudencia pero con firmeza’.
Según información conocida ayer, Humala no habría sido detenido, sino que se rindió en la noche del lunes, cuando negociaba la entrega de armas y el martes al mediodía sus hombres se entregaron de manera pacífica.
Las muertes se produjeron en enfrentamientos en lugares cerca de Andahuaylas durante el tiempo que duró la toma de la comisaría.
El cuestionamiento al gobierno es la falta de previsión y la presunta incapacidad de los servicios de inteligencia, o a las oficinas del Ministerio del Interior, que no advirtieron la inminencia de una acción armada.
El socialdemócrata Partido Aprista, primera fuerza de oposición, presentará una moción de censura contra Ferrero por la supuesta imprevisión del Gobierno.
Lourdes Flores, que lidera a la conservadora Unidad Nacional, segunda fuerza de oposición, reconoció que fue satisfactoria la solución a la crisis pero consideró que hay responsabilidades políticas que el Ejecutivo debe afrontar.
En la presentación de los ministros también se debatirá la acusación del presidente Alejandro Toledo, contra el Movimiento Etnocacerista al que calificó de ‘terrorista’.
El presidente del Congreso, Antero Flores Araoz, de Unidad Nacional, dijo que los delitos de Humala son múltiples, pero que no deben ser tipificados como rebelión. El constitucionalista Javier Valle Riestra coincidió que la acción de Humala debe sancionarse como un delito político.
A su vez, el ex procurador anticorrupción Luis Vargas opinó que los hechos no tipifican como terrorismo porque no se trata de actos constantes en el tiempo para mantener en zozobra a la población.
En respaldo a la posición de Toledo, el premier Ferrero dijo que el asalto a la comisaría fue una acción terrorista porque los etnocaceristas "crearon pánico en la población, desafiando al estado de derecho con su prédica racista y su posición de fusilar a los que se opongan a ellos".
Según fuentes jurídicas, el líder del movimiento ultranacionalista puede ser acusado de una gama de delitos como rebelión, homicidio, secuestro y terrorismo.
El mayor (r) también puede se acusado por lesiones graves, atentado contra locales públicos, robo, tenencia y uso ilegal de armas de guerra y de uniformes militares, según diversos abogados penalistas.

Avisos anticipados

* El diario limeño El Comercio afirmó el lunes, que 48 horas antes de lo sucedido en Andahuaylas, la Dirección General de Inteligencia alertó al ministro Javier Reátegui, sobre la inminencia del ataque.
* No obstante, Reátegui, “poco hizo para prever la emboscada de los etnocaceristas”.
* El informe del 29 de diciembre de la Digimin al Ministerio del Interior da cuenta de que Humala y sus hombres estaban en Andahuaylas.
* La fachada, según el reporte, era un taller del 'etnocacerismo' en esa ciudad del departamento de Apurímac.
* La recomendación al ministro era reforzar la seguridad policial y estar atento a las actividades del grupo.
* Según El Comercio, la toma de la sede policial confirmó “la falta de previsión del Gobierno, si se considera que la Digimin informó 188 veces sobre actos etnocaceristas”.