 Campesinos de San Julián exigen al Gobierno respetar convenio
Cita. Voceros de Gobierno y colonizadores volvieron a sentarse en una misma mesa después del 23 de diciembre
Gustavo Ondarza
Campesinos de San Julián a través de sus representantes, le exigieron al
Gobierno que respete el convenio que firmaron el pasado 23 de diciembre para
evitar conflictos.
La declaración fue realizada por el secretario ejecutivo de la Federación
Departamental de Colonizadores, Primitivo Montaño, luego de la reunión que
sostuvieron ambos sectores ayer en la Pastoral Social (Pasoc) de esta ciudad, a
instancia de la Iglesia que actúa como mediadora en la situación.
Hasta donde se informó, en dicha fecha el Ejecutivo se comprometió a no
desalojar a los colonos que tomaron parte de la hacienda Pailas, y además les
permiten realizar trabajos agrícolas en los sembradíos que realizaron.
El área, distante a unos 180 km al este de Santa Cruz, fue escenario de un
enfrentamiento dos días antes de suscribirse el acuerdo, cuando campesinos y
policías destinados al lugar para precautelar el orden y evitar más
avasallamientos, chocaron, con el saldo de un campesino muerto.
Para Evaristo Huallpa, secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de
San Julián, el ambiente en el lugar, por ahora, está en paz, pero se podría
romper si ven que el Gobierno “continúa con el afán de buscar pretextos para no
dar curso a la exigencias de su sector”, como el de frenar el saneamiento de
tierras en la zona.
En la cita de ayer por parte del Gobierno estuvieron entre otros, el director
nacional de Instituto Nacional de Reforma Agraria, Alcides Vadillo; el
viceministro de Tierras, Carlos Balderrama; y el viceministro de Gobierno,
Felipe Caballero.
Los campesinos quieren que se les dote de terrenos en el área, pese a que no se
tienen definidos los predios fiscales. La reunión ingresó a un cuarto intermedio
que se cumplirá mañana.
Niegan que haya sido vendido el predio Pailas
La denuncia de los colonizadores en sentido de que el predio Paila fue
vendido en el año 2003 fue desmentida por Lenny de Landívar, una de las
propietarias del lugar.
Sin embargo, reconoció que en esa fecha fue realizada una transacción de
compraventa a favor de dos brasileños, con quienes acordaron comerciar el
terreno en $us 310.000.
Pero, en mayo de 2004, el acuerdo fue cancelado por consenso entre las partes
según consta en el documento de resolución de contrato.
Landívar indicó que eso demuestra que la propiedad sigue siendo de su familia.
En cambio, los campesinos que tomaron una parte de la misma aduciendo que no
cumple una función económica y social, dicen lo contrario y agregan que su
saneamiento fue ilegal.
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