Javier de J. Mansilla Peña

El déficit crónico de diésel en el país data de principios de los años 90, y hasta la fecha no ha habido ninguna propuesta gubernamental para dar solución definitiva a este problema.
Se vendieron las refinerías de YPFB a Petrobras sin ninguna condición para que sean ampliadas inmediatamente previendo el crecimiento de la demanda interna. De que se han hecho mejoras es cierto, pero son más de modernización y optimización tecnológica. Hoy, dichas refinerías trabajan al ciento por ciento de su capacidad, es decir, se ha incrementado sustancialmente la producción de petróleo en el país, pero no tenemos donde refinarlo. En los hechos sobra petróleo y éste se exporta a Argentina de donde se importa diésel como producto acabado.
Transredes por su parte se ha dedicado más al maquillaje de los oleoductos y gasoductos; sus tarifas de transporte son más altas que el transporte de petróleo en camiones cisternas, pese a las malas carreteras en el país. Este absurdo funciona sólo en Bolivia. Recientemente han aparecido con una alternativa para manejar los diferentes petróleos que se producen en el país según su calidad y así mejorar la extracción de diésel en las refinerías. Esto es otro maquillaje como paliativo a mediano plazo.
A todo esto se suma el contrabando de diésel hacia los países limítrofes con excepción de Argentina. Como parte de la solución a este despropósito, el déficit crónico de diésel, el Gobierno nos sorprendió el último día de 2004 con un incremento del 23 por ciento en el precio. En el largo plazo no hay soluciones, o ya no se quieren tomar decisiones mientras no se apruebe la nueva Ley de Hidrocarburos.
La respuesta política ha sido la misma con Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga y ahora Mesa: dejar todo en las manos invisibles del mercado, esto es importar diésel. Así, dichas importaciones para atender el mercado interno cautivo y hasta manipulado por las autoridades pertinentes, han movido al menos 700 millones de dólares y le han costado al TGN varios cientos de millones en subvenciones al IEHD para viabilizarlas. Viendo las pingües utilidades del negocio a vista y placer de los gobernantes de turno, ¿para qué dictar políticas que cambien las cosas? Un tercio de la renta petrolera nacional (regalías e impuestos) se ha gastado en dichas importaciones. Como si el dólar fuese la mercancía más barata y abundante en el país.
La solución de largo plazo es hacer petroquímica en base al gas natural, esto es producir carburantes como la gasolina y el diésel a partir del gas, y así tener precios al consumidor afectados en mínimo por el alza del petróleo. Esto es factible a través de los proyectos GTL (gas a líquidos) que cada uno de los mencionados gobiernos ha recibido a su turno como propuestas de inversión. Sin embargo, la toma de decisiones a todas luces y desde todo punto de vista lúcidas, razonables y deseables en interés del país tendrán que seguir esperando. Parecen estar primero otros intereses invisibles antes que aquellos visibles del bien común. A nadie parece importarle que el país entero esté por reventar de la bronca.
Puestas así las cosas, estamos refundidos y, de yapa, en manos de la novedosa iniciativa de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, de someter la nueva Ley de Hidrocarburos a consulta por sectores sociales. Como si el referéndum no hubiese sido suficiente consulta, aunque amañada por las preguntas torcidas del Poder Ejecutivo, pero consulta al fin de cuentas.