Pablo E. Roca T.

Un gobierno débil que desahucia el Estado de derecho y premia sistemáticamente el incumplimiento de la ley, está generando las bases para la violencia, la liquidación del Estado nacional y el desencuentro entre los ciudadanos. El barbado comentarista e historiador, seguro pasará a la historia y será por haber propiciado este proceso de violencia y desintegración.
Collana, Pailas, etc., muestran la capacidad de destruir la confianza y el mismo Estado nacional, por parte de quien debe construirla. ¡ Muchachos, ocupen tierras donde sea, el Gobierno las expropiará y se las dotará! decía irónicamente una comentarista de televisión al informar sobre las negociaciones del Gobierno con los avasalladores de Pailas.
El orden, la legalidad, no son un producto natural sino algo creado colectivamente y por tanto de carácter eminentemente social. El Estado se crea por un pacto social y por el mismo se entrega al Ejecutivo el monopolio de la violencia. La decisión firme y sistemática del Estado de guiarse por la norma en todos los casos y aplicar sanciones al que las incumple, genera poco a poco la conciencia o el convencimiento en la sociedad de que es mejor y más productivo solucionar los conflictos en el marco de la ley. Por el contrario, si sabemos que el incumplimiento de la norma es premiado, hará que todos presionen por sus propios intereses individuales y liquiden el Estado.
Sabemos que en cualquier conflicto se expresan justamente desacuerdos sobre visiones del mundo e intereses políticos que impactan sobre una porción particular de la sociedad. El tipo de solución y, más precisamente, el camino recorrido para llegar a ella, entonces será muestra de la calidad y la orientación del trabajo de construcción del orden que anima a los sujetos que participan en su tratamiento.
Bolivia cuenta con una buena ley agraria, la Ley INRA. El problema es que no la aplicamos con autoridad, eficacia y en su esencia original; si así lo hiciéramos, tendríamos tierra por demás y adicionalmente podríamos recaudar impuestos agrarios para los municipios.
Por otra parte, sabemos por datos históricos y estadísticas nacionales, que la distribución de la tierra no solucionará el problema de la pobreza. Las estadísticas del INE nos muestran que la pobreza está concentrada en el campo. A personas sin conocimientos técnicos a las que se les entregue la tierra, luego destruir el recurso natural, lo malvenderán y seguirán el ciclo vicioso de la pobreza.
En Bolivia no hemos comprendido que la riqueza no está necesariamente en los recursos naturales, sino en el trabajo y en el conocimiento.
La pregunta es, ¿hacia dónde apunta el Gobierno o más bien, tiene con qué apuntar?