En estos momentos no se discute que las condiciones políticas y sociales del país son propicias para impulsar las autonomías departamentales en todo el país, lo que está en debate es la forma como se debe aplicar. Mientras algunos especialistas consideran que la aprobación de una ley es suficiente para que los departamentos recauden sus impuestos y administren los recursos, para otros la profundización de la descentralización debe darse en la Asamblea Constituyente, cuya instalación se prevé para 2005.
Los criterios surgieron durante la mesa redonda que organizó EL DEBER, donde participaron seis líderes cruceños estudiosos de las autonomías y el coordinador del Programa de Descentralización del Estado en Paraguay y consultor del PNUD, Luis Antonio Fretes.
En lo que coincidieron Carlos Dabdoub, José Antonio de Chazal, Jorge Asbún, Carlos Hugo Molina, Germán Antelo y Joaquín Monasterio es que la descentralización administrativa y la participación popular sentaron algunas bases para el proceso autonómico que es impulsado desde Santa Cruz, aunque también admitieron que ambos procesos son deficientes en la administración de recursos y en la elección de autoridades departamentales.
A juicio del constitucionalista y ex rector de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, José Antonio de Chazal, para aplicar el proceso autonomista propuesto por el Comité Cívico, sólo basta modificar el régimen económico y financiero de la Constitución para que los departamentos recauden y administren sus fondos. Para él, no es necesario una reforma constitucional ni impulsar un referéndum para incorporar las autonomías en la Asamblea Constituyente, como pretende la dirigencia cívica del país.
La opinión de De Chazal fue compartida por el impulsor de la Participación Popular y actual prefecto de Santa Cruz, Carlos Hugo Molina, pero fue cuestionada por el también constitucionalista Jorge Asbún y el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Germán Antelo.
Según Molina, lo único que falta en Bolivia para conformar los gobiernos departamentales, que desaparecieron en 1996 con la aplicación de la Ley de Descentralización, es que se apruebe el ‘federalismo fiscal’. Es decir, que las prefecturas cuenten con la potestad de captar impuestos regionales, coparticipables después con la nación, para utilizarlo en beneficio de la región, pero sin olvidarse del resto del país.
Sin embargo, para Asbún es necesario la incorporación de las autonomías en la Constitución, porque representa la garantía para que la ley no sea modificada por los gobernantes de turno. Además de eso, en la CPE debe establecerse las competencias y atribuciones de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales.
A su vez, Germán Antelo aseguró que a pesar de que se mencionan avances en la descentralización y en la participación popular, la gente no percibe los beneficios. A su juicio, se debe apuntar hacia una Constituyente que redefina el diseño institucional, donde el Estado deje de actuar como el proveedor y se transforme en el gestor de interdependencia entre las regiones autónomas.
“Hace casi un año que vengo expresando mi preocupación, porque los cruceños no tenemos un proyecto concertado sobre las autonomías y de país. Propongo trabajar en conjunto por un proyecto”, expresó el dirigente de Nación Camba, Carlos Dabdoub.

Punto de vista

Luis Antonio Fretes C.
® Consultor del PNUD Paraguay

El Modelo no funciona sin el control

La descentralización y las autonomías son procesos que están presentes en la mayoría de los países de América del Sur. En estos momentos, en la región también se habla mucho de la democracia electoral, es decir que el sistema se ha restringido a los procesos electorales permanentes y constantes, pero la democracia es un sistema mucho más complejo. Los sufragios han cumplido un papel importante para que las personas se expresen por uno u otro candidato, pero no ha cumplido el verdadero papel porque no ha mejorado la calidad de las autoridades ni la calidad de vida de los ciudadanos. Ese resultado de los representantes no se ve en los indicadores sociales. Paraguay es un país en crisis. Una nación que en los últimos años ha vivido un descenso enorme de sus ingresos, un aumento de la pobreza y los indicadores demuestran que los procesos electorales no funcionan si no están acompañados de un efectivo sistema de control, aún cuando se elija directamente a las autoridades del departamento y los municipios. Una autoridad puede ser legítima por el hecho de ser elegida por el pueblo, pero también tiene que legitimarse con las elecciones que realiza cada día. Un gobernante no sólo tiene la responsabilidad de cumplir la ley, sino de cumplir con las promesas de campaña.

Voces contra el centralismo

Carlos Hugo Molina | Prefecto del Departamento

Sólo faltan detalles para las autonomías

En Bolivia lo único que falta para construir un gobierno departamental autónomo, es el federalismo fiscal. En estos momentos, las prefecturas del país administran más fondos que los gobernadores paraguayos que son electos por el voto popular. La ventaja que tenemos en Bolivia, con relación a otros países como Paraguay y Perú, es que el sustento de la ciudadanía permite que el habitante de una comunidad o municipio pueda ejercer los sistemas de planificación, inversión pública, programación de operaciones y presupuesto que son los mismos que utiliza el presidente de la República o el ministro de Hacienda. Desde el punto de vista técnico, hemos avanzado en este proceso, pero sólo falta ajustar algunos detalles y que deben estar contemplados en la reforma constitucional. Si el concepto de autonomías está asentado desde lo municipal, ¿por qué no lo vamos a estar en lo departamental? Es un falso debate si estamos preparados o no para los cambios propuestos.

Germán Antelo | Vicepresidente del Comité Cívico

NO se puede mantener el estado centralista

El centralismo ha dejado de ser el paradigma del desarrollo, ya no se puede pensar en mantener un Estado centralizado, sino contar con un Gobierno nacional que actúe como gestor de la interdependencia entre las regiones. Muchos apostamos para que en la Asamblea Constituyente se introduzca la figura de las autonomías para que se produzcan los cambios para profundizar la democracia. Queremos que las regiones elijan a sus autoridades, que capten y administren sus propios recursos y que diseñen sus normas, dentro del marco nacional. La nueva Constitución Política del Estado debe contar con un buen diseño institucional para que se conozca con exactitud cuáles son las competencias y atribuciones en los tres niveles de gobiernos (central, departamental y municipal). Es importante que se establezca que no se puede gastar más de lo que se recauda por impuestos y que el dinero presupuestado en inversión, se destine para obras en la región.

José Antonio de Chazal | Constitucionalista

No hay que reformar la Constitución

No necesitamos de una reforma constitucional para incorporar las autonomías departamentales, si es que modificamos el régimen económico y financiero de la Constitución. Se puede analizar la aprobación de una ley para organizar la estructura y faltaría un esquema para la elección de las autoridades, pero no es un tema muy complicado. En el país tenemos dos autonomías reconocidas, la universitaria y la de los gobiernos municipales. Si hacemos un análisis rápido, percibimos que la autonomía más completa desde el punto de vista teórico, conceptual y de aplicación es la universitaria porque tiene libre administración de los recursos, elección de autoridades, diseño de normas y reglamentos. La pregunta en estos momentos es ¿en qué momento podemos recuperar el concepto de régimen económico financiero para impulsar las autonomías? Desde 1994 se eliminó el concepto de los gobiernos departamentales, creo que fue para impulsar el municipalismo.

Se alistan para la Constituyente

Carlos Dabdoub | Dirigente de Nación Camba

Algunos prefieren concentrar el poder

El tema de las autonomías o descentralización no es un proceso legal-jurídico, sino que están centrados en dos elementos: uno está de parte de los que ejercen la capacidad de decisión que deben tener una mentalidad descentralizadora y el otro es crear una cultura ciudadana para que la gente entienda el mensaje. Si bien en el país hay una descentralización y existen instrumentos para avanzar en el proceso de autonomías, todavía encontramos autoridades que tienen mentalidad centralista que es una tendencia para concentrar el poder. A los burócratas y a algunos empresarios privados le interesa más trabajar con un gobierno central que con uno descentralizado porque es más fácil negociar con un viceministro. Desde el punto de vista político y administrativo, necesitamos legitimar a los prefectos y al Consejo Departamental. En la medida que se avance en la descentralización, ganan las regiones.

Jorge Asbún | Constitucionalista

Hay que delimitar las competencias

La discusión sobre las autonomías es un tema básicamente jurídico. No puede plantearse una autonomía si no figura en la Constitución, porque de producirse por ley o decreto supremos, puede cambiar con el gobernante de turno. Este debe ser un aspecto de definición en la Asamblea Constituyente, donde se tiene que fijar plazos para definir las autonomías. Se tiene que tomar en cuenta el modelo español, donde la justicia “desconstitucionalizó” el proceso para que sean los jueces los que delimiten las competencias autonómicas. En la Constitución se debe establecer claramente las competencias entre los gobiernos nacionales, municipales y departamentales, en lo económico, en lo político y en lo administrativo. Para que haya elección de prefectos y consejeros, debe proponerse una ley de reformas constitucionales y que se lleve en consenso a la Constituyente.

Joaquín Monasterio | Senador por Santa Cruz

Temen que Santa Cruz plantee la separación

El planteamiento de introducir las autonomías a través de un proceso gradual me parece correcto y considero que puede funcionar mejor. La capacidad legislativa es la piedra en el zapato de las autonomías porque hay una resistencia a aprobarla porque se piensa que en cualquier momento Santa Cruz podría declarar la separación del resto de Bolivia. El problema de la descentralización, aparte de lo económico y de todo lo que funciona, es la capacidad legislativa. Es allí donde está el fondo del problema. Hacemos leyes nacionales que no se cumplen y tenemos que pensar en otra concepción. Con las autonomías se tienen que elaborar leyes marcos para todo el país y en los departamentos se deben elaborar leyes regionales para que todos tengan la capacidad de cumplir con lo que se establece. Ojalá podamos llegar a esos niveles de coordinación para avanzar como país.