Muchas las enseñanzas de la realidad respecto a la democracia. Nos demuestra, por ejemplo, que allí donde hay desarrollo económico con buenos índices de educación y cultura en la población, aquella y sus valores son rigurosamente respetados por la gente. Suiza, entre otras naciones europeas, es un ejemplo insigne en tal sentido, a pesar de su carácter multiétnico y pluricultural (en su territorio conviven varias naciones que se expresan en diferentes idiomas), nadie habla allí de dos o tres Suizas, sino de una sola que apunta a un común destino, con gran vocación de paz social , tolerancia y respeto a los unos a los otros. En cambio, el subdesarrollo crónico constituye la causa insigne de que en el África y algunas naciones del Oriente Medio, la fe religiosa, la pertenencia étnica y la cuestión territorial devengan en detonantes de feroces luchas tribales que le cierran las puertas a la democracia, colocándolas a la cabeza de la lista de las naciones que en Estados Unidos algunos ya empiezan a calificar de ‘fallidas’, ‘colapsadas’ e ‘inviables’.
Bolivia no es excepción alguna al respecto. Es cierto que desde 1982 a 1997 proyectamos al exterior una imagen de estabilidad institucional, apenas ensombrecida por sacudones sociales (como el de la COB contra los gobiernos de Siles y Paz Estenssoro), pero que no pasaron a mayores. Siles renunció al resto de su mandato presidencial y convocó a elecciones generales. Paz Estenssoro, a diferencia de lo que actualmente ocurre con el gobierno de Mesa, tuvo el valor de restablecer el principio de autoridad, (hasta dictó un estado de sitio) , concluyó normalmente su mandato, unciendo al país a ese DS 21.060 que hizo que Bolivia diera el golpe de timón hacia la economía libre de mercado.
Sin embargo, los vectores del caos social permanecieron pegados a los pliegues estructurales del Estado. El 30% de la población (indígenas del altiplano, los valles y el trópico), resultó uncido al minifundio y a modalidades comunitarias de organización social regidas por valores y principios absolutamente antípodas a los de la democracia moderna. Regía y sigue rigiendo en aquel segmento del tejido social boliviano la convicción de que la comunidad es todo y el individuo nada. Lo peor es que la crisis, de mano de la corrupción, determina que el autoritarismo derive a comportamientos grupales de un furor delictivo que no se daban en el país desde el retorno a la democracia. La pugna por quien le gana al otro a meterse al bolsillo buen porcentaje de los recursos de los municipios del agro altiplánico y los valles parece explicar el feroz enfrentamiento que estalla o está a punto de estallar entre sectores campesinos de casi dos decenas de municipios de las mencionadas regiones. Lamentablemente, la Ley de Participación Popular no consigna un mecanismo coetáneo a la ejecución presupuestaria en el control social o fiscal de los recursos que el Estado asigna a las diferentes alcaldías del país con fondos provenientes de los impuestos que paga al TGN el reducido porcentaje de los bolivianos que cumple con sus obligaciones impositivas. Ese control es a posteriori, cuando lo robado ya cobró alas sin que el ladrón vaya a la cárcel. La impunidad que sigue a la acción estimula en otros la propensión a delinquir, en lo posible, por un monto mayor. Surge así la gresca que ensangrienta y enluta a la comunidad, como ocurrió en Ayo Ayo y podría ocurrir en otros lugares si el gobierno de Mesa permanece como está. Es decir, impertérrito, sin muchas ganas de restablecer el principio de autoridad a través de la aplicación consecuente de la ley.

Las áreas verdes de la ciudad en manos de loteadores

Marcelo Rivero

Hace tres semanas el periodismo informó que un curichi en las afueras de la ciudad estaba siendo rellenado con el lodo y las porquerías que una empresa de limpieza extraía de los desagües por encargo de la alcaldía, con lo que no se hacía más que mudar de sitio los problemas de contaminación, aseo y ornato. Es decir, tal cual acontece en otros campos, por ejemplo cuando se dispone el traslado de los vendedores ambulantes, de las chicherías y de los curanderos. Pareciera que unos y otros pueden hacer jocha y media -incluso matar gente-, en las afueras del pueblo, no en las zonas más o menos céntricas.
Nada es eso en comparación con esto otro que publicó EL DEBER el martes pasado: Santa Cruz de la Sierra cuenta con 900 hectáreas de áreas verdes pero 500 están ocupadas ilegalmente por loteadores. Los antecedentes -y ahora no debe ser la excepción-, señalan que los asentados son individuos que no tienen donde vivir, que apenas guardan en sus bolsillos unos quintos. Tras estos quintos aparecen los loteadores profesionales -hasta en el Concejo Municipal hay uno al que más de una vez lo “premiaron” poniéndolo de alcalde-, que entregan terrenos a esas personas donde construyen chozas o cuatro paredes, adquiriendo la calidad de propietarios aunque sin documentos legítimos.
Pero este lamentable detalle de pobreza y estafa, para el caso, no importa. Lo que importa es que la ciudad, fuera de que continúa extendiéndose sin orden ni concierto, se queda sin esos espacios verdes tan imprescindibles en cualquier colectividad, más aún si ya es tan grande como la nuestra. Peor todavía, se convierten en basureros, en depósito de inmundicias -cavan un pozo de un metro de profundidad y ya está el “baño”-, donde tiran hasta animales muertos, con todo lo que ello supone: desaseo, contaminación al máximo y por consiguiente peligro inminente contra la vida humana, destrucción de la vegetación...
Por consiguiente el ayuntamiento debe tener entre sus prioridades la recuperación total de esos terrenos, pero no para dejarlos otra vez en el olvido sino para limpiarlos, repoblarlos de árboles que le darán a Santa Cruz el aire puro que tanto está requiriendo, colocándoles, a la vez, ornamentos y juegos infantiles para convertirlos en verdaderas atracciones.
Finalmente hay que vigilar esas áreas verdes, de nada valdrá rescatarlas si de aquí a un tiempo los loteadores de nuevo les brincan y torna la repartija, los muladares y el chiverío actual. En este punto es imprescindible el apoyo de la policía, porque la alcaldía está en la obligación de velar por los intereses de la capital cruceña y realizar obras en ella, pero la institución del orden está para eso, para imponer orden.