El Alto Mando Militar entregó el viernes un documento al presidente de la República, Carlos Mesa, en que desconoce la vigencia del Tribunal Constitucional como el órgano que garantice la constitucionalidad en el país porque, en criterio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, violentó la independencia de administración de justicia y está sometida a la injerencia de la clase política.
El pronunciamiento de los militares es en protesta por la sentencia constitucional 0663 y 0664 del 6 de mayo, que ordena el procesamiento por la vía ordinaria de los oficiales que participaron en los hechos luctuosos de febrero y octubre, que fueron absueltos por los tribunales castrenses.
“El fallo constitucional no se ajusta a las prescripciones constitucionales, por cuanto ese tribunal desconoce el sometimiento que tiene a nuestra Constitución Política, aceptando por el contrario injerencia de la clase política, por lo que desconocemos su vigencia como órgano que garantice la constitucionalidad, también ha violentado la independencia de administración de justicia y en forma particular, al tribunal de garantías constitucionales”, señala el documento de seis puntos y que está firmado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda.
La posición fijada por los militares fue justificada por el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez. En su criterio, el fallo constitucional generó un debate jurídico “muy complejo” que debería resolverse lo antes posible entre los diferentes poderes del Estado.
Sin embargo, según él, en el fondo los miembros de las Fuerzas Armadas están en una disyuntiva producto de una realidad nacional porque entre el 11 y 13 de febrero salieron a las calles para resguardar el orden interno y a mantener el sistema constitucional por instrucciones del Presidente de la República y Capitán en Jefe de las FF.AA, pero ahora no hay nadie que los defienda para enfrentar a la justicia por las muertes que ocurrieron en esos hechos.
El criterio de Vaca Díez fue compartido por el presidente de la comisión de Defensa y Fuerzas Armadas de Diputados, Edwin Shriqui. A su juicio, el fallo constitucional no es correcto porque había una decisión en el Tribunal Militar que se basa en la ejecución de una revolución que tenía como fin derrocar al presidente de turno, Sánchez de Lozada.
No obstante, para el diputado socialista Jerjes Justiniano, el documento que los militares entregaron al Presidente y que ayer se divulgó parcialmente por la Agencia Boliviana de Información, se constituye en una acción sediciosa.
En criterio del parlamentario, por más sesgado y contradictorio que resulte la sentencia constitucional, como lo denunciaron los militares, se tiene que acatar porque es de carácter obligatorio.
“Si las autoridades castrenses desconocen el fallo, incurren en sedición porque el Tribunal es el órgano encargado de hacer cumplir la Constitución”, argumentó Justiniano.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que las FF.AA no tienen potestad para desconocer a los órganos jurisdiccionales de Bolivia porque no existen ciudadanos de primera ni de segunda.
Albarracín recordó que el artículo 119 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución.
El Defensor del Pueblo señaló que las FFAA son órganos de obediciencia y no son deliberantes, como ocurre actualmente con el pronunciamiento y con la instrucción de acuartelar las tropas en protesta por el fallo que, según Albarracín, no cuestiona la jurisdicción militar, sino que instruye que el proceso se haga de forma correcta.
El Alto Mando Militar entregó la carta el viernes en la noche, oportunidad en la que sostuvieron una tensa reunión con Mesa, éste les pidió no dar a conocer el documento.

Advierten riesgos en la democracia

En el comunicado oficial público que hizo conocer ayer las Fuerzas Armadas, expresó su preocupación porque el fallo del Tribunal Constitucional que ordena el juicio por la vía ordinaria de los oficiales involucrados en las muertes ocurridas en febrero de 2003, puede estar relacionado con intereses políticos que pretenden la desestabilización del órden democrático y que pretenden usar a las FF.AA para esos fines.
Amparados en ese argumento, las autoridades castrenses solicitaron a los miembros del Tribunal que reflexionen y consideren “las graves consecuencias” que podrían producirse en Bolivia por la sentencia constitucional.
El martes, el Alto Mando Militar se reunió por espacio de tres horas con el presidente de la República, Carlos Mesa, para exponer su preocupación por la decisión judicial.
A pesar de la advertencia realizada por los militares, que ingresaron al palacio de Gobierno con uniforme de campaña, el Movimiento al Socialismo le pidió al jefe de Estado que respete la independencia de poderes y no influir sobre el fallo del Tribunal Constitucional.
El líder del MAS, Evo Morales, dijo ayer desde Francia que ante los posibles intentos de desestabilizar el sistema democrático, pidió a los militares no sumarse a los planes de algunos miembros de la institución castrense.

Carta enviada a Mesa

1 Las Fuerzas Armadas (FF.AA) ratifican su vocación de respeto a la Constitución, al margen de las injerencias políticas y partidarias.
2 Las FF.AA por más de 20 años asumieron la responsabilidad de sostener a la democracia y el poder legalmente constituido. Nuestro ejemplo no ha sido seguido por sectores políticos que resguardando sus propios intereses personales y de grupo vulnerando el ordenamiento jurídico.
3 Estamos seguros de que el accionar de las FF.AA en febrero y octubre de 2003, estuvo dentro del marco constitucional y permitió la supervivencia del Estado y la democracia.
4 Las FF.AA desconocen el sesgado,contradictorio, arbitrario e inconstitucional fallo de ese poder omnímodo, que es detentado por personajes que no son los más calificados juristas del país.
5 El fallo constitucional no se ajusta a las prescripciones constitucionales. Desconocemos la vigencia del Tribunal como órgano que garantice la constitucionalidad.
6 Denunciamos obscuros intereses y aprestos de desestabilización política, jurídica y social de grupos descalificados y rechazados por la sociedad.