Un tema está sobre el tapete: ¿es posible nacionalizar el petróleo y el gas? El Gobierno considera que esta posibilidad es inviable y ha retado a los movimientos sociales a que le digan cómo hacerlo. Para la posición gubernamental, nacionalizar implica revertir los derechos de propiedad a favor del Estado boliviano y otorgar, en compensación, una indemnización a los concesionarios expropiados.
Este es, según el Poder Ejecutivo, el principal escollo para la nacionalización de los hidrocarburos: la compensación a los concesionarios que sin duda exigiría la comunidad internacional. ¿Cuánto se llegaría a pagar? Según cifras de YPFB sujetas a confirmación se sabe que de los 3.500 millones de dólares que las petroleras alegan haber invertido, el monto de los activos no depreciados ronda los $us 2.510 millones. Esta suma debería ser devuelta, pero no sólo ella.
Además, habría que reponer lo que se estima sería la renta que percibirían las petroleras, con lo que la indemnización ascendería por lo menos a $us 4.500 millones.
Pero el problema no termina ahí. Adicionalmente, el país requeriría de $us 3.000 millones para explotar los campos y 500 millones para capital de trabajo. Hablamos entonces de $us 8.000 millones, es decir, de una suma igual al PIB boliviano.
¿Y quién va a querer prestarnos este dinero después de haber violado, con la nacionalización, los contratos y el derecho legal internacional del inversionista privado?, se pregunta el ministro de Minería e Hidrocarburos, Xavier Nogales.
Por eso, según Nogales, lo recomendable para maximizar los beneficios de Bolivia es la introducción de nuevos impuestos legales sin pelearse con todo el planeta.
“Hay que tener cuidado y ver quién se puede beneficiar con una nacionalización, que haría caer el valor de todas las empresas, lo cual nos puede llevar a una situación más difícil que la actual", explica.
Por su lado, el Movimiento al Socialismo y otros sectores sociales ya no quieren hablar de una nacionalización, sin embargo proyectan la recuperación de los hidrocarburos para los bolivianos.

CBH: la idea posterga el desarrollo del país

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos a través de su asesor, Carlos Alberto López, se formula la pregunta: ¿Qué se logró en su tiempo con las nacionalizaciones que se produjeron en el país en 1937 y 1969? Y responde: "El resultado neto de ambas acciones fue la postergación, por décadas, del desarrollo, crecimiento y expansión de la industria petrolera boliviana. Se coartó su proyección, incluso a nivel regional".
López cree que se debe sopesar muy detenidamente el impacto que la nacionalización tendría sobre la imagen internacional y sobre la capacidad de Bolivia para captar ahorro externo, imprescindible en un país que sólo posee un ínfimo 8% de ahorro interno y carece de fuentes de inversión propias, estatales o privadas.
Los hidrocarburos que se pretenden nacionalizar, sostiene López, 55 TCF de gas, aún se encuentran en la forma de yacimientos, a 6.000 metros de profundidad. Por lo tanto continúan siendo de propiedad del Estado. ¿Qué se pretende entonces nacionalizar?, cuestionó.
Por otra parte, esto exige una consideración seria del costo que tendría traer estas reservas a la superficie, pues aún se requeriría una inversión de alrededor de $us 1.800 millones adicionales.
"Desarrollar los 55 TCF de reservas requerirá $us 4.400 millones. Es decir, sin los capitales de riesgo necesarios para traer esas reservas a la superficie y monetizarlas, estaríamos nacionalizando yacimientos sin valor alguno; segundo, estaríamos imponiéndonos una deuda por compensación de las inversiones y las pérdidas de ingresos de las empresas de, por lo menos, $us 2.900 millones y, tercero, imposibilitando, tal como se hizo con las nacionalizaciones anteriores, el desarrollo del sector al someter al país a un embargo financiero internacional", dice.
López explica que la idea de nacionalizar va en contra de la corriente, pues en la región y el mundo se busca captar, no espantar, a los capitales privados. "La agenda de algunos grupos ha desviado el debate económico nacional, en base a desinformación, consignas y discursos sin fondo, hacia el ámbito político-ideológico”, añadió.

Varios sectores prefieren ser cautos

El Movimiento al Socialismo prefiere ser cauto. Igual que la COB, presentó un proyecto de ley de hidrocarburos con cinco puntos: la recuperación de la propiedad hidrocarburífera de Bolivia, la autarquía de YPFB, la adecuación del sistema de regalías, impuestos y participaciones, el control y fiscalización de la cadena de producción de hidrocarburos (a través de la participación de YPFB en sociedades de economía mixta) y la industrialización.
Según el diputado masista Santos Ramírez, encargado del tema, la nacionalización no es una cuestión inmediata, porque todavía no existe una condición fundamental para lograrla: voluntad política.
La Coordinadora para la Recuperación de los Hidrocarburos, una asociación de varias organizaciones sociales como la COB, Codepanal, la Coordinadora del Agua, etc. prefiere evitar la palabra nacionalización, porque implicaría reconocer las violaciones a la Constitución supuestamente cometidas por la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Capitalización.
Por tanto, la palabra "nacionalización" habría sido tramposamente introducida por los intereses de las petroleras y el Gobierno para mostrar a las organizaciones sociales que defienden los hidrocarburos como extremistas capaces de perjudicar al país obligándolo al pago de cuantiosas indemnizaciones, según dice en un comunicado.
La Coordinadora plantea recuperar la propiedad de los hidrocarburos mediante la abrogación de la Ley 1689, el incremento de las regalías hasta el 50 por ciento, el potenciamiento real de YPFB y la industrialización del gas.

Piden tributos hasta el 50% de los ingresos

Los principales propulsores de la recuperación de los hidrocarburos son la Central Obrera Boliviana y el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), que han lanzado, recientemente, un proyecto de ley para aumentar los tributos de la industria hidrocarburífera hasta el 50% de sus ingresos, relanzar YPFB e industrializar el gas boliviano.
Este proyecto de ley no plantea la nacionalización porque, según el asesor de la COB en materia de hidrocarburos y presidente de Codepanal, Enrique Mariaca, esta medida sería prematura, ya que se trata de una tarea de un órgano de poder como la Asamblea Constituyente.
"Hoy todo depende del Congreso. Si no incorpora las directrices de la ley que presentamos, entonces exigiremos la nacionalización, que no es un proceso que se logre de un día para otro. Y para ello tendremos el aval de la resolución de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1962, que establece el respeto a la soberanía de los países subdesarrollados sobre sus recursos naturales", señala Mariaca.
A ello se agrega la Central de Transporte Pesado representada por el secretario general, Félix Aramayo quien señala que de no aceptarse el pago de 50% de tributos debe irse por la nacionalización.