Entre las voces importantes para decidir sobre la nacionalización está la de los prefectos, dirigentes cívicos y directivas regionales de los parlamentarios de los nueve departamentos. Ellos, luego de una reunión con el ministro Xavier Nogales, el último día de mayo, descartaron la nacionalización del petróleo y el gas.
Plantearon sin embargo, la recuperación de los hidrocarburos, el aumento de las regalías, ajustes en el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos, el fortalecimiento de YPFB y la industrialización del gas natural. Los departamentos del oriente y el sur insistieron también en la necesidad de exportar el gas.
La inviabilidad de la nacionalización, según el cívico tarijeño Roberto Ruiz Bass Werner, se debe al hecho de que la industria petrolera es cada vez más competitiva y no sólo requiere de capitales en una escala a la que no puede acceder en el corto plazo un país quebrado como Bolivia, sino tambien de tecnología, know-how y relaciones mercantiles. A diferencia del petróleo, el negocio del gas natural requiere grandes inversiones en el desarrollo de campos, la construcción de ductos e infraestructura de transporte y, por ello, requiere contratos de largo plazo que aseguren la posibilidad de que los inversionistas recuperen sus recursos y obtengan utilidades.
“En el contexto de una nacionalización, los mercados se volverían de difícil acceso debido a las limitaciones intrínsecas de las empresas estatales como YPFB, de escasa credibilidad y músculo financiero, a pesar de lo que puedan opinar los nostálgicos que sueñan con resucitarlas”, dice Ruiz.
Para este dirigente, en el hipotético caso de nacionalizar los hidrocarburos, Bolivia tendría que encontrar $us 6.000 millones para indemnizar a las empresas petroleras y desarrollar los campos. Por tanto, los sectores radicales deberían establecer la viabilidad de su propuesta.
“Deberían explicar cómo conseguir los recursos para ello. Presentar un esquema convincente de desarrollo de la industria petrolera nacional estatizada, basado en los recursos actuales del TGN, en los niveles actuales y futuros del riesgo país y que tomen en cuenta la situación de aislamiento geográfico y político en que nos colocaría una acción de este tipo”, sostiene.
Agrega que deberían explicar a los tarijeños por qué se resisten a aplicar la misma lógica con que se piensa el gas a la minería del occidente boliviano, por qué no se exige la industrializacion previa del estaño o de la plata, por qué no se prohíbe su exportación como materia prima, por qué no se exige la recuperación de los minerales para los bolivianos, por qué no se sube la regalía minera del cuatro al 50% y, en general, por qué la lógica de mercado y la técnica económica sólo deben usarse para la minería paceña, orureña o potosina y en cambio para los otros no.

El Chaco tiene otra visión petrolera

La ‘media luna’ también tiene sus divisiones. Los dirigentes del Chaco, donde está el 80% de las reservas hidrocarburíferas del país, critican constantemente la visión de los departamentos del sur.
Hace poco se conformó el Comité de Defensa de los Hidrocarburos del Gran Chaco. Su propuesta apunta a la industrialización a gran escala, algo que sólo sería posible con la recuperación de la propiedad del gas.
Para lograrlo, sugieren que Bolivia, en apego al artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos, revierta las parcelas declaradas comerciales en las que las empresas petroleras no hayan perforado un pozo de explotación o inyección cada cinco años.
Con esta medida, que consideran plenamente legal, se recuperaría el 60% de los hidrocarburos. Para recobrar el resto, el Gobierno debe ver la manera legal de anular los contratos de riesgo compartido y de capitalización, por vicios e incumplimiento de contrato.
Si aun así, quedaran hidrocarburos en manos privadas, éstos deberían ser nacionalizados. Posteriormente habría que suscribir un nuevo tipo de contrato con las empresas que estuviesen dispuestas a industrializar el gas boliviano.
Como se recordará, la dirigencia del Chaco ya amenazó con la creación de un nuevo departamento y mantienen la idea de ser autónomos, sin embargo la decisión no es fácil y es un problema que involucra a todo el territorio nacional.

NFR plantea la reversión al Estado de las concesiones

El ex ministro de Hacienda y diputado de NFR, Dante Pino, entregó un proyecto de ley de nacionalización de las empresas petroleras, que en siete artículos plantea, principalmente, la reversión al Estado de todas las concesiones dadas a las empresas Chaco, Andina y Transredes (pero no la participación de Petrobras), la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todos sus bienes, sin excepción alguna.
Establece el control por parte de las Fuerzas Armadas de los campos, instalaciones y demás pertenencias de las empresas señaladas y la creación de un Consejo Nacional del Petróleo para determinar montos, condiciones y términos de las indemnizaciones a las empresas petroleras.“Bolivia está siendo obligada a asumir esta decisión”, dice.

Carlos Villegas / Economista

Es un tema netamente político

Las normas jurídicas nacionales e internacionales (acuerdos de protección recíproca a las inversiones) posibilitan una nacionalización por causa de utilidad pública, dando lugar a indemnizaciones a las empresas afectadas por la expropiación.
La privatización y capitalización prácticamente cercenaron la soberanía boliviana y la captación del excedente. Con suficientes respaldos legales es posible una nacionalización en Bolivia, que tendría que estar orientada no sólo a la recuperación del derecho de propiedad, sino fundamentalmente a un objetivo expreso, que también es de utilidad pública: promover la industrialización del gas natural.
La nacionalización es una decisión estrictamente política que requiere de un componente fundamental: un apoyo social genuino, consciente de la necesidad, las implicaciones y las repercusiones de esta medida.
Antes de nacionalizar hay que dar pasos previos: Primero, recuperar las parcelas que no han sido perforadas o inyectadas por las empresas petroleras, al tenor de la Ley 1689, lo que implicaría quedarse con el 40% de los 55 TCF de reservas existentes. Segundo, establecer si las empresas petroleras no cumplieron con sus compromisos de inversión. Para las empresas capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes), en las que los bolivianos tienen un 49% de acciones habría que hacer lo siguiente: Siendo insuficiente la propuesta gubernamental de pedir que el referéndum determine la transferencia de estas acciones a YPFB, habría que lograr un cambio cualitativo en el contrato de administración. También se tendrían que fusionar las acciones de los bolivianos (49%) y de los ex trabajadores de YPFB (1 ó 2%) para lograr una presencia eficaz del 50% en los niveles de decisión.
Para las otras empresas, se pueden dar dos salidas. La primera es la nacionalización del 51% de las acciones, de modo que el Estado participe en las decisiones, negocios y ganancias en todas sus fases.