Pausa. Habrá multa de $us 1.000 por cada hora de cierre

Hilton Heredia G.

El Gobierno y la Asociación de Surtidores (Asosur) lograron ponerse de acuerdo ayer en La Paz dando lugar a la suspensión del estado de emergencia de las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.
Luego de una reunión de dos horas y media entre el ministro de la Presidencia, José Galindo, el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y directivos de Asosur, se determinó ingresar en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.
Sin dar explicaciones sobre el acuerdo, los directivos de Asosur a la cabeza de Luis García y el representante de La Paz, Germán Loza, expresaron su satisfacción por las negociaciones e indicaron que hay voluntad del Gobierno para atender sus demandas referidas a ser parte del programa transitorio, voluntario y excepcional denominado ‘perdonazo’.
Los afiliados a Asosur, 480 surtidores del país, adoptaron medidas de presión, exigiendo al Poder Ejecutivo que el ‘perdonazo’ impositivo sea sobre la base de los ingresos brutos, descontando el valor de la compra.
El ‘perdonazo’ es un plan al cual cualquier persona puede acogerse voluntariamente para pagar un monto determinado y lograr el "borrón y cuenta nueva" con Impuestos
En Asosur aseguran que una estación de servicio factura 12 millones de bolivianos al año, pero sus ingresos brutos sólo suman 672.000 bolivianos sobre los cuales paga sus impuestos, IVA e IT, y precisamente el cálculo del impuesto a las transacciones es pagado sobre esos ingresos brutos, descontando el valor de la compra.
La Superintendencia de Hidrocarburos había ordenado ayer a los surtidores del país a seguir vendiendo carburantes a los consumidores finales, caso contrario aplicaría sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas de $us 1.000 por hora de cierre de atención al público.
A través de la Resolución Administrativa No.0392/04, el Superrintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Torres, advirtió que cualquier paro de actividades ya sea por falta de personal o cualquier otro motivo no autorizado previamente por la institución, viola las garantías de continuidad e ininterrupción del servicio.
La determinación de la Superintendencia de Hidrocarburos fue en respuesta a la amenaza de los surtidores de paralizar actividades en todo el país.