- ¿Qué ha sacado en limpio de los tres primeros meses de su gestión como delegado?
- La primera tarea fue dirigida a resolver los conflictos agrarios en la toma de tierra, principalmente en el Chaco y Santa Cruz, pero teníamos un marco político muy influenciado sobre la tierra. Durante 45 días nos dedicamos a solucionar los problemas. Realizamos 27 reuniones con todos los campesinos del Movimiento Sin Tierra y, sin dañar la integridad de los indígenas, o lanzar gases, logramos incorporarlos al proceso de concertación, de manera que todas las acciones de ellos estén enmarcadas en la Ley INRA.
-Pero el proceso agrario no soluciona los problemas de la tierra.
- Se avanza en los procesos de saneamiento de distribución de tierras fiscales que han sido identificadas. Si bien el proceso no trae soluciones inmediatas, hay logros en otros campos. Por ejemplo, se corrigieron muchas irregularidades e ilegalidades identificadas.
- Se han hecho muchas denuncias de irregularidades ante el Tribunal Agrario ¿cuáles son esos casos que aún no han sido publicados?
- Se han identificado varios casos. Tenemos buenos resultados porque muchos ciudadanos empezaron a acudir al INRA a preguntar sobre las irregularidades. Se ha rescatado la credibilidad y confianza de la gente, que acude en procura de corregir la ilegalidad de los procesos agrarios. El objetivo es restablecer la legalidad del proceso agrario y recuperar la confianza de la ciudadanía. Empezamos el proceso de inclusión de tierras fiscales y la reforma institucional del INRA.
- ¿Cuántos casos ilegales se han identificado?
- Todos han sido resueltos: la Posada del Inka, otros en la zona de Los Yungas, la toma de algunas haciendas. En Santa Cruz hay algunos pendientes, pero tanto los actores del proceso agrario como los del gobierno nos convencimos de que el diálogo es lo más importante.
-¿Cómo restablecer la legalidad agraria?
- Con la protección del Estado, brindando seguridad jurídica para que el aparato productivo no se vea afectado por actividades perniciosas.
- ¿Las dificultades con las que tropieza son insalvables?
- Son más de orden formal que de fondo, que no deben impactar un proceso de corta estación.
-¿El avasallamiento se origina por lograr una distribución equitativa de la tierra, o porque los campesinos desconocen las leyes?
- Existe ante la necesidad que sienten los campesinos de posesión de la tierra, como cualquiera la tiene.
- ¿En la época de dictadura se incrementó el latifundio, por la facilidad en el tráfico de influencia para la obtención de títulos?
- Es cierto que se dieron irregularidades notables en el tiempo de la dictadura, y tenemos que reconocerlo como una realidad histórica. El proceso de saneamiento es para corregir esas irregularidades donde se distribuyeron tierras sin planificación. La relación política ha servido para traficar con la tierra. Hay una percepción injusta en algunos lugares del país con relación a las tierras bajas de Bolivia. Se cree que todos los propietarios o productores agropecuarios son latifundistas; eso no es cierto. La ley no reconoce un latifundio improductivo, pero la gran mayoría de los productores cruceños son pequeños y medianos. En el Oriente boliviano los productores son propietarios de extensiones normales de tierra. Es falso el concepto que se tiene del productor cruceño como latifundista, pero hay ciudadanos que han aprovechado su capacidad política, su relación política y su influencia económica para hacer un tráfico o acaparamiento de tierras.
-Entonces ¿la mayoría de los políticos tienen más tierras que los productores?
- Bueno pues, es parte de nuestro nivel de desarrollo. El hecho de que recién estemos ordenando la tenencia de la tierra es una demostración, es una prueba del grado de desarrollo de nuestra sociedad porque no tenemos ordenado el derecho de la tierra, que es el instrumento milenario y central para la producción.
-¿El subdesarrollo del país tiene mucho que ver?
-Pues... esta debilidad conduce al tráfico de influencia que en algún tiempo fue objeto de prebendalismo, de corrupción y moneda corriente en el proceso agrario que la sociedad tuvo que soportar. Ahora nos corresponde revertir esta situación.
-¿Se podrá gestar un cambio?
- Estamos convencidos de que el Presidente tiene toda la intención de restablecer la legalidad. Estoy para otorgar seguridad jurídica, corregir las irregularidades y aplicar las leyes.
-¿Los ganaderos cruceños son latifundistas?
- Un ganadero con 10.000 hectáreas que no tenga una vaca o cuatro vacas será un latifundista. Pero si un ganadero o arrocero hace producir sus tierras es un empresario. La carga animal establece cinco hectáreas por cabeza bovina. No sería justo cuestionar en el campo político y económico a quienes tienen 15.000 hectáreas que producen.
- ¿El Estado los protege?
- Merecen tener seguridad jurídica.
- ¿En Santa Cruz hay latifundistas?
- No he dicho eso. Quien posee grandes extensiones que no cumplen con una función económica, ese es latifundista.
- Pero en Santa Cruz ¿hay o no hay latifundistas?
- Sí hay. El proceso de saneamiento identificará quiénes son.
-¿Por qué el saneamiento ha originado la reversión de 4 millones de hectáreas?
- Trabajamos en ello. Se han intervenido las áreas de las demandas denominadas comunitarias de origen, pero también se ha hecho en Ichilo, Sara y Ñuflo de Chávez. En Santa Cruz el proceso es lento con relación a Beni y Pando. Hubo muchos retrasos ocasionados por debilidad institucional.
- ¿El proceso fue dilatado por falta de financiamiento o mal manejo de estos recursos que estaban garantizados por organismos multilaterales?
- El proceso fue dilatado por un conjunto de factores: primero porque el anterior gobierno no le dio la importancia necesaria, segundo porque los partidos políticos se involucraron en las reparticiones y coartaron y deslegitimaron a la institución. Los actores sociales desconfiaron del INRA y ocasionó la paralización del saneamiento.
- ¿Cómo frenar la burocracia y el centralismo en los trámites de titulación?
- Fortaleciendo las reparticiones, evitando que los expedientes viajen a La Paz.
-¿Cuántos millones de hectáreas tituladas hay?
- Existe una superficie de siete millones en el país.
- ¿Adónde se destinó el financiamiento externo?
- Ese dinero se ejecutó en el saneamiento en todo el país.
- La conclusión del proceso estaba prevista en diez años y ya van siete ¿Cuánto se avanzó y cómo se justifica?
- Los resultados son muy pobres. Hablamos de un avance de un 20%.
- ¿Y dónde fueron a parar los $us 50 millones de financiamiento?¿Se ejecutó todo el presupuesto?¿Qué falló?
- Falló la institucionalidad, el nivel de conflictividad del sector social. Hay que ser categórico al afirmar que partiendo de las autoridades del Estado no se hicieron los esfuerzos necesarios para agilizar el trabajo.
- ¿La mayoría de los funcionarios involucrados en este proceso fueron gente del MIR?
- No puedo certificar a qué partido pertenecían estos políticos.
- ¿Hubo corrupción en la administración de estos recursos?
- El INRA no fue la única institución politizada. Pasó a ser parte de un modelo de gestión del Estado, como la Aduana, la Renta y Servicio de Caminos, donde los cupos se distribuyeron en porcentajes.
-¿En qué se invirtieron los $us 50 millones?
- Yo no creo que se hayan llevado la plata. El proceso demandó gastos.
- Pero el saneamiento también le costó inversión a los productores y ganaderos ¿No es cierto que ellos pagaban?
- Todos pagan. Ahora se busca disminuir los costos y agilizar el proceso y para ello hay que encarar una reestructuración en la institución.
- ¿Contar con un director interino del INRA frena las actividades?
- Se establece el modelo de gestión por resultados. Cada funcionario deberá asumir una función efectiva.
- ¿Cuáles son los casos de corrupción que más afectan?
- Son muchos los casos. No recuerdo los nombres de las personas que son procesadas.
- ¿No recuerda?
- Bueno, están las haciendas la Asunta, Caribe y otros que no recuerdo. Los predios están ubicados en la provincia Ñuflo de Chávez.
- ¿Se investigan otros casos?
- Las irregularidades en Cochabamba, en el Chaco.
-¿Cuáles son las irregularidades descubiertas?
- Tienen que ver con la división forzosa, disimulada o copiada, la sobreposición o falsedad del proceso agrario. También se ha descubierto la presentación de certificados falsos de vacunación de ganado que proporciona una instancia del Estado.
- ¿Es una forma de justificar la función de la tierra?
- Son muchas las formas que se inventan para justificar la función de la tierra. También se verifica el traslado de ganado de una propiedad a otra.
-¿El sector ganadero es el más aludido en esta práctica mal intencionada?
- No queremos estigmatizar a ningún sector, así como a ningún tipo de región.
- ¿Por qué entonces se da este tipo de irregularidades?
- Se verifican con mayor intensidad donde mayor actuación ha tenido el INRA. Trabajamos para corregir esta intencionalidad, así como lograr un mayor financiamiento.
- ¿Por qué los productores creen que siempre se les apunta cuando se habla del saneamiento?
- Hay mucha susceptibilidad en este sector. Por alguna mención o una frase mal dicha se piensa lo peor.
- Los productores sienten que existe la intención de enfrentarlos con el gobierno.
- Hay mucha susceptibilidad por la complejidad del tema, el actual contexto político, y la ausencia de canales directos de comunicación. Pero no cometemos ningún delito.
- ¿Qué está pasando?
- Sólo acusamos a algunos individuos, más allá del nivel o capacidad económica que tengan. Aplicamos la ley.
- Presentar certificados de vacunación falsos es ilegal.
- La actitud de cualquier individuo para falsear la verdad en el proceso de saneamiento es irregular.
-¿Cuáles son las sanciones?
- El proceso se vicia de nulidad y el ciudadano puede ser juzgado penalmente porque está afectando a la economía del Estado al no pagar lo que le corresponde.
- ¿En estos casos la tierra se revierte?
- Se revierte. Pero el proceso busca evitar esta situación, que acarrea conflictos.
- ¿Cuántos casos están en manos del Ministerio Público?
- Los casos denunciados son dos. Hay otros que acumulan pruebas. La investigación continúa y se procura descubrir las irregularidades.
- ¿Cuántas jurisdicciones municipales están saneadas?
- A la fecha ninguna, aunque existen con pericia de campo en Santa Rosa y Yapacaní, así como en Pando.
- A lo largo de la historia, la tierra ha sido motivo de muchos conflictos ¿En Bolivia seguirá siendo una amenaza?
- No estamos ni siquiera a la mitad del río, recién nos mojamos los pies y falta mucho por enfrentar.
-¿En Bolivia la tierra es de quien la trabaja, de quien la pelea o de quien la trafica?
- Está claro que es de quien la trabaja. Hasta diciembre del año pasado se emitieron 8.000 títulos y en 2004 vamos a superar el número cinco veces.

Perfil

La tierra es el principal conflicto

Gustavo Pedraza afirma que su trabajo se basa en restablecer la legalidad del proceso de saneamiento. El tema de la tierra se considera como el que ocasiona mayor conflicto en el país, pero el Delegado de Tierra señala que es importante que la sociedad pueda construir la confianza en la institución. Enfrentó serios problemas con grupos sociales protagonistas de los conflictos, y otros que pretendían pasar inadvertidos por las irregularidades, pero que tenían mucho que ver con la función de la tierra. Considera que las agresiones que sufrió no fueron de tipo personal sino institucional. Asume el hecho de que tiene la obligación de denunciar los actos de corrupción así como también las irregularidades. El rol que dice cumplir no tiene nombre ni apellido pues se trata de una función ciudadana. Pedraza Mérida tiene 39 años, se graduó como abogado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en 1989, y realizó una especialidad en Derecho Agrario; también es master en Cooperación Internacional, en Administración Pública y en Concentración en Manejo de Conflictos por la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusets, USA (1999).
Realizó varios seminarios en Resolución de Conflictos en Law School of Harvard University, Cambridge, Massachussets entre 1996 y1999. Fue consultor para la elaboración del primer borrador de la ley INRA en1994 y Delegado de la Intervención Nacional del Consejo Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización en Santa Cruz.