Nada será igual en la vida de los investigadores y administradores de justicia, después del atentado que mató a la fiscal Mónica Von Borries el mes pasado. Sus colegas lamentan su partida, han cambiado sus rutinas y se quejan de que el ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, les prometió chalecos antibalas, armas, un guardia personal y vehículos y hasta el momento no cumplió sus palabras.
Desde el Ministerio de Gobierno señalaron, ante la ausencia de Ferrufino que se encuentra en Pando, que han cumplido lo prometido. “Él habló de otorgar licencia para que porten armas, 10 chalecos antibalas y la capacitación”.
Los titulares del Ministerio Público, Corte Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura sienten cierta frustración porque en casos que están ligados al accionar delictivo de grupos organizados, los resultados no son los esperados y queda en la ciudadanía una sensación de impunidad que afecta la credibilidad en la justicia.
Sucedió con la explosión en el edificio de la Policía hace tres años y ahora a un mes del atentado que costó la vida de la fiscal antidrogas la investigación está “casi paralizada”, según palabras de Francisco Borenstein. “Estamos todos deseosos de que a los responsables del asesinato de Mónica (Von Borries) se los aprehenda y se les imponga una sanción. No se lo ha logrado, pero algo se ha avanzado en la investigación porque se ha identificado a los autores y se tiene a uno de ellos detenido”, sostuvo el fiscal de distrito.
Agregó que el hecho fue “un campanazo de que en Santa Cruz no estamos con la seguridad de otros tiempos por la delincuencia organizada con conexiones internacionales”.
El padre de la malograda fiscal, Jorge Von Borries, coincide con Borenstein en señalar que el principal sospechoso del atentado es el prófugo de la justicia Marco Marino Diodato que está “camuflado en las calles, lo que significa un riesgo para mucha gente”.
Ante el temor de sufrir un atentado que han expresado algunos fiscales y jueces el vocal pidió tranquilidad y entereza en la adversidad.
Ramiro Claros, presidente de la Corte Superior de Distrito, dijo que el crimen contra Von Borries es un hecho nefasto y doloroso que ha dejado en el mundo judicial una reflexión: “Darnos cuenta de la indefensión física en que nos encontramos”.
Claros sostuvo que los administradores de justicia adoptaron medidas estrictas para protegerse. “Se notó alguna sensibilidad del Estado, pero los medios que ofreció han sido insuficientes”.
El vocal se refiere a los cursos teórico-prácticos de manejos de armas. “Tal vez esa capacitación pudo darse antes sin la necesidad del crimen, pero tuvo que pasar esto para que recién nos preocupemos”, concluyó.
El director del Consejo de la Judicatura, Hugo Salces, expresó que tanto en el Poder Judicial y su institución se tomaron medidas de seguridad. Se asistió a los jueces y vocales, que lo solicitaron a través del comando departamental de Policía.
En el edificio del Palacio de Justicia se reforzó el control. Las personas que ingresan deben pasar por el detector de metales y los bolsones y maletines son requisados para ver su contenido.
Otra de las medidas que se han tomado es la restricción del ingreso de vehículos a la playa de estacionamiento. Los ascensores del personal autorizado no pueden ser utilizados por particulares ni los pasantes.
Asimismo, se reflotó el proyecto de construcción de una verja en el perímetro del edificio. Salces informó que están en consultas con los técnicos del Municipio para lograr la aprobación.
“Sabemos que todos los resguardos que se tomen no son suficientes porque hemos visto como se viola hasta los sistemas más sofisticados de seguridad”, argumentó Salces.

Casos que llevaba Von Borries avanzan

La fiscal Mónica Von Borries llevaba casi 1.000 casos en la Aduana por contrabando desde el 2001. Tuvo a su cargo investigaciones muy delicadas cuando estuvo adscrita a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y jugó un papel clave en la detención de Marco Marino Diodato. Viajó a Italia con una comisión especial de la Felcn y con los datos reveladores que trajo logró la condena del italiano.
Ahora los casos que llevaba Von Borries en la Aduana han pasado a manos del fiscal Oscar Vaca, que al mismo tiempo es uno de los principales actores de la investigación para esclarecer el hecho.
Respecto a los casos de tierras, ocho en total, que le fueron asignados semanas antes de su muerte, también serán llevados adelante por Vaca con el apoyo de José Luis Molina.
Ninguno de los casos está parado y los nuevos representantes del Ministerio Público trabajan con el apoyo de las dos secretarias que tenía la fallecida fiscal.
Vaca explicó que en el tema tierras ya se están alistando los requerimientos para citar a los implicados en las irregularidades cometidas en el fraccionamiento de propiedades en Santa Cruz. El fiscal no envió las citaciones por expreso pedido del delegado presidencial de Tierras, Gustavo Pedraza. El funcionario se presentó en la Fiscalía para solicitar que todavía no se convoque a los involucrados porque tenía más pruebas para ampliar las pesquisas.
En los casos que corresponden a la Aduana, estaba por reabrir la investigación del contrabando descubierto en San Matías. Allí se detuvo a siete implicados que fueron liberados.