La administración de justicia en nuestro país está muy mal pagada. Eso lo sabemos todos. Eso es cosa que no se discute para nada. En realidad, toda la administración pública en Bolivia está mal pagada. Consecuencia de la pobreza en que lamentablemente nos debatimos.
Pero la administración de justicia es una de las más importantes ramas del Estado. En manos de la administración de justicia están depositados los bienes, la vida y la seguridad de las personas públicas y privadas. Y no constituye una exageración, desde luego, asignarle a la administración de justicia tantas responsabilidades.
Los bienes de las personas son su responsabilidad incuestionablemente. De lo que la justicia prohíba o mande, en medida plena depende que podamos disfrutar de nuestros bienes materiales. La justicia garantiza que no seremos perturbados en el disfrute de nuestros bienes legítimamente adquiridos. Y a la vez, es la justicia la valla que impide que con el empleo de nuestros bienes materiales causemos daños, molestias o perjuicios a terceras personas.
De igual manera la vida, el disfrute de ella dentro de los marcos de nuestras leyes, están garantizados por la administración de justicia. Desde luego, no precisamente porque la administración de justicia tenga potestad para arrebatarnos la vida, pues en Bolivia no está vigente la pena de muerte, pero sí, a ella, a la administración de justicia, le está asignada la atribución de normar nuestros actos, de sancionar lo que no debemos hacer y de dar vía libre a lo que sí debemos hacer. En otras palabras, la administración de justicia encauza nuestras vidas con vistas al bien común. De ahí que nuestra vida pública tenga tanta relación de dependencia con la tantas veces mencionada administración de la justicia.
El papel que ésta tiene asignado por el lado de la seguridad de las personas es, del mismo modo, sobresaliente. A la administración de justicia corresponde prever la seguridad general de las comunidades. Por sí solos los individuos no podemos definir qué es lo que material y moralmente pone en riesgo nuestra seguridad y la seguridad de los que dependen de nosotros. Si estuviese en nuestras manos definir qué es lo que nos lastima, qué es lo que nos coarta en determinadas circunstancias y lugares, pues generaríamos una situación de caos absoluto inconcebible en los tiempos en que estamos viviendo. A la administración de justicia, entonces, le está reservada, la definición del concepto de seguridad individual y de su aplicación racional, sin lastimar la del prójimo.
De enorme trascendencia, sin duda, las responsabilidades de la administración de justicia y al margen de otros argumentos igualmente válidos, sólo este género de responsabilidades justifican un mejor trato en materia de remuneraciones para los funcionarios del sector. A mucho nunca podremos aspirar mientras no tengamos gente pagada según la naturaleza de sus responsabilidades.