El juez de Partido en lo Civil, Raúl Jordán Araúz, fue sentenciado a dos años de cárcel al haber sido hallado culpable del delito de prevaricato, negación y retardación de justicia en un fallo considerado por el Ministerio Público, como un precedente histórico contra la impunidad.
La sentencia fue emitida pasadas las 18:00 de ayer después de cuatro días de alegatos dentro de uno de los juicios orales más intrincados.
“Hemos ganado porque esta es la primera vez en la historia de que en Santa Cruz un juez recibe una sentencia por prevaricato y no dudamos de que se está sentando un principio contra la impunidad”, exclamó el fiscal Anuncio Piérola, que llevó adelante el proceso.
“Este fallo establece un principio de justicia. Es un mensaje que, de ahora en adelante, ningún juez podrá hacer y deshacer de los bienes de las personas”, dijo el abogado querellante, David Añez Alí. El tribunal que juzgó a Raúl Jordán estuvo integrado por los jueces técnicos, Luis Jaime Cruz, Saúl Ubby Suárez y tres ciudadanos.
El juicio oral se origina de una querella formulada por María Alina Monasterio Gutiérrez de Justiniano, que acusó a Jordán de haber conocido la demanda ordinaria de nulidad por simulación de contrato por la venta de un inmueble de la calle Florida interpuesta por Humberto Monasterio Pinkert contra Teresa Gutiérrez de Monasterio, María Elena Lucía Blanco Quintanilla de Estenssoro, Alina Vaca Díez Vda. de Monasterio y Osvaldo Eduardo Justiniano Montero. En esta demanda también esta incluida María Alina Monasterio.
Según las investigaciones realizadas por la PTJ y la Fiscalía, Jordán admitió la demanda por simulación de contrato contra las seis personas, consideradas por el fiscal Piérola como víctimas. En un auto del 10 de abril, Jordán, ordena las medidas precautorias y la anotación preventiva de todos los bienes e inmuebles de los demandados, la retención de fondos en todo el sistema financiero local y nacional. En la misma resolución prohíbe a las innovaciones en los inmuebles pero la Fiscalía descubrió una falta grave del juzgador, pues todas las medidas dictadas se realizaron sin el conocimiento de los demandados. Esa acción fue considerada como resoluciones manifiestamente contrarias a la ley y adecuó su conducta en el artículo 173 del Código Penal que establece sanción de dos a cuatro años de reclusión.
Raúl Jordán con más de 15 años en la judicatura, a través de sus abogados el ex juez Roberto Capobianco y Denis Rivero, protestó inocencia al fundamentar que se enmarcó en los preceptos legales. Desde el inicio del proceso siempre estuvo convencido de que jamás cometió delito.
La Fiscalía y los juristas David Añez y Freddy Gonzales, consideran que las pruebas acumuladas son fehacientes. Jordán está suspendido por el Consejo de la Judicatura y ya prepara su apelación porque considera que la sentencia en su contra es injusta.

Otra querella contra juez y tres vocales

Cerca del mediodía de ayer fue presentada una querella criminal por delito de prevaricato contra un juez y tres vocales, demanda en la que también se hallan incluidos dos ejecutivos del Banco Santa Cruz.
La querella fue interpuesta por Luis Artemio Lucca Suárez. Los demandados son el juez quinto de Partido en lo Civil, Einar Angelo Lijerón y los vocales Adolfo Gandarilla Suárez, Juana Molina de Paz y Hernán Cortez Castillo. Asimismo la querella fue presentada por delito de falsificación material e ideológica contra los personeros legales del Banco Santa Cruz, Benigno Rodríguez Rodríguez y José Luis Silva.
El demandante argumenta que el juez Angelo dictó una sentencia el 17 de octubre de 2002, la misma que consideró nula de pleno derecho por cuanto fue emitida en forma fraudulenta. Acusa al juez Angelo de dictar el fallo el 17 de octubre de 2002 con papeles sellados del 13 de noviembre de 2002 y 6 de diciembre de 2002. Admite que tenía una deuda con la entidad bancaria por una línea de crédito de $us 531.000 que debía de extinguirse con la muerte de su esposa. Sin embargo asegura que se dictó una sentencia falsa en su contra la misma que fue confirmada por los vocales de la Corte. El Ministerio Público empezó a investigar el caso.

El fallo es una advertencia para todos

Tras la sentencia el Consejo de la Judicatura consideró que el Ministerio Público logró probar por primera que un juez incurrió en prevaricato.
El director distrital del Consejo de la Judicatura Hugo Salces, expresó que este fallo es una advertencia o como una especie de toque de campana para los demás juzgadores. A su entender es la primera vez que por prevaricato se llega a una sentencia y más aún con la presencia de jueces ciudadanos en una nueva etapa de la justicia boliviana. Salces no desestimó el hecho de que el fantasma de las influencias políticas antes eran más notorias pero que con este fallo se está viendo que esa práctica va desapareciendo y que se le está haciendo roncha a la impunidad.
El fiscal de distrito, Francisco Borenstein, aseguró que las pruebas en este caso fueron contundentes.