El comerciante Ricardo Andreani Charette, que fue señalado por tres propietarios de grúas como la persona que organizaba las batidas, junto con la Alcaldía y Tránsito, para remolcar a los vehículos mal estacionados en el centro de la ciudad, contaba con más de 39 procesos en la justicia, según un documento emitido por el Consejo de la Judicatura, con fecha del 13 de agosto de 2003, y que estaba firmado por la jefe de archivos, Marioly de Justiniano.
De acuerdo con el documento, Andreani, de 39 años, acumula procesos judiciales desde el 20 de septiembre de 1996, cuando Franklin Salazar le inició un juicio ordinario en el juzgado cuarto de Partido en lo Civil.
Uno de los afectados, Isidro Sánchez, aseguró que demandó por estafa al organizador de las batidas. Indicó que alrededor de 10 personas le entregaron documentos de terrenos bajo la promesa de que aumentaría el valor de las propiedades para urbanizar la zona. Después no lo volvieron a ver. “Ese tipo es un estafador profesional y tiene denuncias en su contra en casi todos los juzgados civiles y penales”, expresó Sánchez.
Otro de los afectados fue Johnny Videra. En su caso, el problema también estuvo ligado a terrenos que debía aumentarles de valor.
La versión de Andreani no fue conocida hasta ayer. El hombre no fue encontrado en su supuesto domicilio ni en el edificio que tenía alquilado a la Alcaldía, donde funcionaba la Secretaría Municipal de Industria y Comercio.
En la comuna insisten en que no conocen a Andreani. El oficial mayor de Coordinación, Hugo Siles, dijo que no está protegiendo a ninguna persona que trabaje dentro o fuera de la Alcaldía y que esté actuando fuera de la ley.
Reiteró que no conoce a esa persona, aunque admitió que una empresa Andreani trabajó para la Alcaldía.
A su vez, el fiscal Hugo Iquise aseguró que el denunciado está imputado y que la próxima semana lo acusará formalmente.

La Alcaldía investiga a sus funcionarios

La inspectoría municipal, que se encarga de fiscalizar a los funcionarios de la Alcaldía, es la que investiga el caso de las grúas.
El oficial mayor de Coordinación, Hugo Siles, dijo que esa repartición se encargará de interpelar a los funcionarios de Tráfico y Transporte y a los dueños de grúas que trabajaron con Tránsito y el Municipio, para determinar el destino de Bs 88.000 que se cobraron por multas y que están desaparecidos.
Según Siles, tienen un plazo de 10 días para entregarles el informe al Alcalde.