Sergio Justiniano Velasco

La importancia del sector agropecuario en nuestra economía y en las del resto de Sudamérica debe analizarse con mayor detalle. Si bien todos los gobiernos aspiran a una liberalización comercial, cada uno de ellos busca obtener ciertas ventajas en el proceso, y en ningún caso están dispuestos a ensayar una estrategia de desarrollo alternativa.
Esta diversidad de posiciones en realidad se explica por las diferentes situaciones productivas. Por un lado, las potencias hemisféricas, Canadá y Estados Unidos son grandes productores y exportadores globales de productos agropecuarios. Por otro lado, países como Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia son exportadores natos tanto de productos agropecuarios como de productos agroalimentarios elaborados a partir de éstos.
Los subsidios y créditos a las importaciones no pueden modificarse sin cambiar las políticas de ayuda interna, o lo que es lo mismo, de nada vale eliminar esos subsidios si no se modifican, además, los esquemas de asistencia interna que explican excedentes de producción desvinculados del precio internacional. No obstante, y en contra de su propio discurso de libre comercio, Estados Unidos ha aprobado recientemente una ley agrícola (Farm Hill) que significa un aumento del proteccionismo, tanto de los subsidios como de los niveles de ayuda interna. La norma prevé una asistencia de 175.000 millones de dólares para los próximos 10 años apuntando a asegurar precios a su productor (especialmente en trigo, maíz, soja, arroz y algodón). En los hechos, esas medidas contribuirán inevitablemente a una mayor baja internacional de los productos agrícolas, por cuanto seguirá existiendo un estímulo a la producción dentro de Estados Unidos.
Al respecto, la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, en la conferencia de prensa que diera en Ginebra el pasado 26 de noviembre, sostenía que los países en desarrollo no pueden cumplir con el compromiso de desarrollar los derechos económicos, sociales, y culturales porque, entre otras cosas, los subsidios a la agricultura y las barreras comerciales de los países industrializados impiden comerciar equitativamente para vencer esta desigualdad. Todo esto se corrobora con el hecho de que el presupuesto mundial de ayuda a los países en desarrollo es de 57.000 millones de dólares al año, mientras que las barreras comerciales de Estados Unidos, Europa y Japón nos cuestan a los países pobres alrededor de 320.000 millones de dólares anuales por concepto de ventas perdidas, por no poder atravesar esas barreras comerciales, siendo ésta una de las mayores causas del mantenimiento de la pobreza en las naciones en vías de desarrollo como la nuestra.